AMLO, Galán y una procesión: así se gestó el 'cambiazo' de Iberdrola

"Cállate y callemos, que sendas nos tenemos" (Covarrubias). El refranero español recoge bien el espíritu de la millonaria resolución firmada entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la sazón presidente de México, e Ignacio Sánchez Galán, sempiterno presidente de Iberdrola. Poco han importado las embestidas dialécticas y judiciales del mandatario mexicano contra la multinacional española durante años, porque llegado el momento oportuno y el precio necesario, ambos han dejado de soportarse cordialmente.

Aunque el tira y afloja ha durado cerca de un año, el grupo energético no ha soltado la liana de México, su segundo mercado (menguante) más importante (13%) según las cuentas de 2022, hasta tener la nueva liana de PNM Resources (Nuevo México y Texas) a su alcance. Galán deja un negocio maduro (plantas con 5-20 años de antigüedad), convencional (13 centrales de ciclo combinado) y conflictivo (acumula contingencias judiciales por casi 1.000 millones) para doblar su peso en EEUU, hasta ahora su cuarto mercado (11%).

Iberdrola se ha dado tres meses (hasta junio) para rubricar su gran operación en EEUU

El paralelismo en el calendario deja a las claras cómo el ejecutivo salmantino, que regresó directo del DF a su tierra natal para apurar la Semana Santa, ha ofrecido a López Obrador el trofeo necesario para que se sustanciara su reforma del sector energético, aprobada hace dos años bajo la premisa de la soberanía nacional, cuando la operación de la filial estadounidense Avangrid tiene nuevas opciones de resolverse a su favor, tras cambios en el regulador federal que abortó la operación de PNM Resources a finales de 2021.

Iberdrola se ha dado tres meses (hasta junio) para rubricar su gran operación en EEUU, un esfuerzo financiero (hasta 9.000 millones) que estará soportado en buena parte por los 6.000 millones de dólares comprometidos por AMLO para nacionalizar el negocio mexicano de la española. Con el precio del dinero al alza, endeudarse por encima del 6% haría inviable la transacción de Avangrid tal y como se pergeñó hace años, por lo que la salida de México resulta determinante para consumar el cambiazo y cumplir con la hoja de ruta.

Mientras tanto, los últimos nueve meses han servido para ir negociando en secreto la forma de vestir al santo sin desmontar las trincheras existentes: Iberdrola llevaba suspendidas nuevas inversiones en el país desde 2021, mientras que López Obrador mantenía firme su pulso, tras convertir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comprador final del 90% de su producción energética (y en ocasiones a su vez proveedor del gas), en el perro de presa judicial con tres procesos millonarios abiertos.

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Aunque en términos políticos AMLO se haya permitido la licencia de referirse a la operación como una "nacionalización", a efectos jurídicos no ha sido así. El comprador es el fondo de inversión MIP (Mexico Infraestructure Partners), un operador privado creado en 2012 que tiene como principal inversor al Gobierno federal a través del Fondo Nacional de Infraestructuras (Fonadin), que a su vez cofinancia esta adquisición junto a otros bancos de desarrollo públicos como Nacional Financiera (Nafin), dependiente de Hacienda.

La escenografía puesta en escena hizo que MIP diera el primer paso en el deshielo de relaciones y presentara una carta de intenciones con 4.000 millones de dólares para empezar a hablar a la vuelta del verano de 2022. Sin embargo, el baile no comenzó en serio hasta quedar claro que se trataba de una operación de Estado (CFE), tanto por los activos en liza (8.500 MW) como por el importe final a pagar (6.000 millones de dólares), el doble del valor de los activos gestionados por el fondo en México, Colombia y Perú (3.300 millones).

AMLO enfila sus últimos 12 meses sin saber quién le sucederá como candidato de Morena a las presidenciales

El anuncio llegó por sorpresa a comienzos de abril. El día 4 fue la comunicación oficial a los mercados y una jornada después, la difusión del vídeo producido por AMLO donde se representaba la teatralización de la firma. En esa cita, la presencia del ministro de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O) y de su número dos (Gabriel Yorio), además del controvertido Manuel Bartlett, máximo responsable de CFE, encargado de asumir la gestión operativa de los activos, dejaba bien a las claras quién paga el rescate.

Mientras tanto, por parte de la eléctrica, como es tradición en asuntos mollares, los implicados en la operación caben casi alrededor de una mesa camilla. Mientras la resolución del frente en EEUU es faena para el propio Galán (de gira próxima por el país) y su cancerbero Pedro Azagra, destinado al frente de Avangrid hace un año, la tarea de México ha corrido a cargo de David Mesonero, director general de Desarrollo (y además yerno del presidente), y de Enrique Alba, consejero delegado de la filial mexicana desde hace una década.

Entre medias, el salmantino está a las puertas de renovar mandato en Iberdrola otros cuatro años, con resultados récord de 2022 y la desimputación en el caso Villarejo (por prescripción) bajo el brazo. No es el caso de AMLO, que enfila sus últimos 12 meses sin saber quién le sucederá como candidato de Morena a las presidenciales: Claudia Sheinbaum (jefa de Gobierno de Ciudad de México) o el actual canciller, Marcelo Ebrard (ministro de Asuntos Exteriores). Galán, que regresó a tiempo para procesionar, todavía no ha llegado a ese río.