La única cosa en la que Bitcoin es bueno será su perdición: facilitar el crimen organizado

El argumento más sólido contra las criptomonedas solía ser que todavía tenían que demostrar que eran buenas para algo. Ahora, puede que el argumento de mayor peso en su contra sea que se han vuelto demasiado buenas en una cosa: facilitar el crimen.

Poco después de que la primera de las monedas digitales privadas, el bitcoin, fuese lanzada en 2009, los delincuentes detectaron su atractivo. Si bien la aplicación de la ley está demostrando ser cada vez más hábil a la hora de rastrear transacciones en bitcoins y a veces incautar dinero obtenido de forma ilegal, la capacidad de realizar pagos digitales sin intermediarios financieros ha favorecido actividades como la venta de bienes y servicios ilegales 'online' y el blanqueo de dinero. En un artículo de 2019, los analistas Sean Foley, Jonathan Karlsen y Tālis Putniņš calcularon que el 46% de las transacciones en bitcoin realizadas entre enero de 2009 y abril de 2017 correspondieron a actividades ilegales.

Desde entonces, el comercio especulativo ha absorbido un porcentaje de las transacciones en constante aumento, pero una avalancha reciente de ataques de 'ransomware', donde los cibercriminales secuestran los archivos de red de la víctima y exigen un pago por su liberación, la mayoría de veces en bitcoins, ha incrementado el grado de amenaza del problema de criminalidad de las divisas digitales. Un ataque el mes pasado a Colonial Pipeline detuvo un oleoducto de gasolina crucial de la Costa Este; otro contra JBS paralizó las operaciones en una de las mayores fábricas de carne de EEUU a principios de mes.

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Hay más cosas en juego que el dinero. Cuando los ataques van dirigidos a organizaciones como hospitales, puede haber vidas en riesgo. En una entrevista reciente con 'The Wall Street Journal', el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), Christopher Wray, comparó las dificultades planteadas por la reciente avalancha de 'secuestros de datos' con los desafíos planteados por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Uno de los problemas para la aplicación de la ley es que, incluso cuando se puede identificar a los cibercriminales detrás de los ataques, robos que antes habrían requerido un intercambio de mochilas con dinero o maletines con oro para llevarse a cabo ahora pueden desarrollarse íntegramente en países donde EEUU no cuenta con un tratado de extradición. El FBI pudo incautar una parte de las criptomonedas que entregó Colonial Pipeline a la banda de 'ransomware' DarkSide, pero, como se cree que esta opera en Rusia, puede que sus miembros estén fuera de alcance. Otro problema es que no hay una forma fácil de reforzar la seguridad digital hasta el punto de que los 'hackers' puedan mantenerse fuera de espacios de datos. Los sistemas de protección de datos en los que nos apoyamos son demasiado complejos y tienen demasiados puntos débiles para eso.

La Administración Biden propone aplicar a las criptomonedas los mismos requisitos que tienen todos los negocios

Dificultar que los cibercriminales reciban pagos en criptomonedas y, por ende, reducir los incentivos financieros para ataques de secuestro de datos puede ayudar. Aquí, la comparación de Wray con el 11-S es reveladora. Después de los ataques, la ley USA PATRIOT introdujo un conjunto de disposiciones más estrictas en la Ley de Secreto Bancario de 1970, dirigida a acabar con la financiación de las redes terroristas. Una forma directa de cortar el problema de raíz sería prohibir ampliamente el pago o las negociaciones en criptomonedas, como las autoridades chinas han intentado hacer. Pero dada la actual y considerable repercusión financiera de las mismas —las criptomonedas tienen un valor combinado de 1,6 billones de dólares, según coinmarketcap.com—, es difícil imaginar que exista la voluntad política para hacerlo en EEUU. Al menos no como un primer paso.

Pero hay otras medidas que las autoridades estadounidenses podrían implementar, y puede que estas también reduzcan la viabilidad del uso de las criptomonedas en el comercio, o al menos elevar el coste de utilizarlas. Una estrategia podría ser dificultar el uso o la transferencia de criptomonedas una vez robadas, al igual que es difícil gastarse un millón de dólares en efectivo de un maletín sin llamar la atención. La Administración Biden propone aplicar a las criptomonedas los mismos requisitos que tienen todos los negocios cuando reciben más de 10.000 dólares en efectivo —informar a Hacienda—.

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Los gobiernos también podrían aumentar las tareas de supervisión. Ya se están examinando una serie de medidas. Aduciendo en parte "exigencias de seguridad nacional", el Departamento del Tesoro de EEUU propuso el año pasado un control adicional de las transferencias en criptomonedas a las denominadas "carteras no alojadas" que no están asociadas con un banco ni otro intermediario financiero regulado. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en inglés), organismo normativo internacional para combatir el blanqueo de dinero, ha presentado hace poco nuevas directrices para ampliar los requisitos de seguridad a un espectro mucho mayor de entidades de criptomonedas.

Tales medidas podrían convertir un segmento de las transacciones en criptomonedas, incluso más allá de bitcoin, un poco menos anónimo y descentralizado —una posibilidad que sería difícil de ver para muchos defensores—. Una mayor regulación también podría volver las transacciones legítimas más onerosas, reduciendo el atractivo de las criptomonedas.

Pero puede que el mayor riesgo para las criptomonedas sea que tales esfuerzos regulatorios no sean efectivos a la hora de reducir los actos delictivos que las criptomonedas han permitido. En ese caso, puede que simplemente los delitos se vuelvan más atroces y las duras restricciones sobre el uso de las criptomonedas más aceptables políticamente.

*Contenido con licencia de 'The Wall Street Journal'.