DGT y examinadores del carné de conducir, una historia interminable sin solucionar

Según un análisis matemático elaborado en base a los datos oficiales obtenidos de la DGT, en España hay más de dos millones de personas a la espera de examen para obtener el permiso de conducir en alguna de las categorías posibles. Eso unido a la reducción de la plantilla de examinadores y a la rebaja de la productividad hasta 12 exámenes cada día por examinador, deja un panorama desolador: la actual plantilla de examinadores, 704 personas, dedicadas a tiempo completo necesitarían 33 meses para solucionar los casos pendientes. Y todo ello sin que hubiera nuevos aspirantes inscritos.

Una de las principales labores de la Dirección General de Tráfico (DGT) es el control y vigilancia de la conducta de los usuarios de las infraestructuras viarias, particularmente las interurbanas, para garantizar la seguridad vial de todos ellos. Y en especial de los usuarios vulnerables.La DGT es la responsable única de los exámenes del permiso de conducir a nivel nacional, pero en lo que va de siglo XXI ha reducido en un tercio el número de examinadores hasta reducirlo a solo 704 operativos en la actualidad para realizar los exámenes.

Este ahorro contrasta con que a la DGT le sobra cada año tesorería para poder transferir al Estado al menos 150 millones de euros, que en 2019 llegaron a ser de 622,3 millones de euros. Un dinero que proviene de las tasas que cobra la DGT a los usuarios, entre ellas las de obtención del permiso de conducir, y las multas.

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De este tema nos ocupamos en el artículo publicado en fecha 21 de enero de este año, y en él ya expusimos, que según la Auditoria del ejercicio 2019 realizada a la DGT por la Intervención General del Estado, el actual Director General de Tráfico había transferido 622,3 millones de euros al Estado, procedentes de lo recaudado por tasas y multas, en especial de esta última. Por ello, presuntamente el control y vigilancia de la Seguridad Vial se está transformando en otra vía recaudatoria con la complicidad del actual Director de la DGT.

Pero si garantizar, mediante el control y vigilancia, una buena conducta viaria de los usuarios de la vía pública es importante, lo es aún más el garantizar, por parte de la DGT, el acceso de los ciudadanos a la autorización de conducción en todas sus modalidades. El pasado noviembre ya denunciamos que había, a junio de ese año, un mínimo de 750.000 alumnos pendientes de examen. Situación producida fundamentalmente por la disminución de la plantilla de examinadores, más del 20% en la última década y las huelgas de dicha plantilla en los años 2015 y 2017. En ellas consiguieron un aumento de su remuneración económica y la reducción de su productividad, lo que redujo el número de pruebas celebradas cada día.

704 examinadores

Mientras tanto,la DGT en vez de dedicar dinero a aumentar el número de examinadores, ha pasado de 1.000 efectivos a la entrada en vigor del permiso por puntos, a los 791, en el año 2020. De ellos, 70 efectúan labores de Coordinación y otros 17 están adscritos a la Subdirección General de Formación y Educación Vial, por lo que la cifra se reduce a 704 examinadores realmente operativos.

Esa información se elaboró en base a los datos de los que disponíamos en ese momento, correspondientes al periodo 2013-2018, y realizando hipótesis conservadoras llegamos a calcular la cifra de 750.000 ciudadanos pendientes de examen. Ahora, con datos oficiales de la DGT, correspondientes al periodo 2008-2020 ambos inclusive y extrapolando de los extraídos de su Anuario Estadístico General, para el periodo 2000-2007, esta cifra aumenta hasta superar los dos millones de personas pendientes de examen para obtención del carnet de conducir de la clase B, donde se produce el cuello de botella de la acumulación de alumnos pendientes de examen.

El cálculo se ha realizado suponiendo que en el año 2000, primero del que se disponía de información, los alumnos pendientes de examen eran los calificados como no aptos en dicho año en la prueba de circulación. A dicha cifra se la ha adicionado, en años sucesivos, los calificados como aptos en la prueba teórica y se le ha minorado con la cantidad de los calificados como aptos en la citada prueba de circulación,

Con ello se puede obtener la bolsa de alumnos pendientes de examen según los criterios del sistema CAPA de la DGT, al que nos referiremos más adelante. Con todo ello, hemos calculado la cifra de 2.055.296 alumnos pendientes de realización de la prueba a fecha 1 de enero de 2021. Estos mismos cálculos realizados solamente en el periodo 2008-2020, del que se dispone de datos oficiales nos da la cifra de 914.814 alumnos pendientes de examen solo en dicho periodo.

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Todo esto está motivado por la desamortización de la plantilla de examinadores (reducción 1/3 de los efectivos en este siglo XXI), disminución de la productividad (solo 12 exámenes/día en la actualidad). Todo ello unido a diferencias importantes en el porcentaje de aprobados entre distintas provincias, diferencias considerables entre las horas de trabajo anuales entre provincias, etc., está provocando un clima social inestable con movilizaciones de las autoescuelas, notas en prensa escrita recriminatorias a la DGT por la situación existente, etc.

La inacción de la DGT puede provocar que finalmente no sean solo las autoescuelas las que se manifiesten, sino que lo hagan los mayores perjudicados de la situación, es decir los ciudadanos. Aquellos que, necesitando un carnet de conducir, no lo pueden conseguir porque no les dejan demostrar su capacidad para obtenerlo. No vale el argumento de la DGT de que se presentan a examen sin estar suficientemente preparados, ya que en la prueba de circulación para la obtención del carnet clase B que está generando el colapso del sistema, el 60% de los alumnos que son calificados como aptos lo hacen en primera o segunda convocatoria. Y en el resto de las pruebas este porcentaje supera ampliamente el 70%.

Sistema CAPA

¿Qué ha hecho mientras tanto la DGT? pues aplicar una diabólica solución: adaptar la inmensa demanda de exámenes a la escasa oferta de examinadores mediante la implementación del sistema CAPA, una denominación que no sabemos si hace referencia a "capar" la demanda de exámenes o a tapar dicha demanda, como si de capa de tela se tratase. A lo largo del año 2020 se inició su implantación, que estará operativo en todas las Jefaturas Provinciales de Tráfico en el primer trimestre de este año según las previsiones de la DGT.

El sistema CAPA, según declaraciones efectuadas el 14 de enero de 2021 por la Subdirectora de Formación de la DGT, María José Aparicio, y recogidas en la revista de la DGT “Es un algoritmo que permite ajustar y repartir la capacidad de examen de cada Jefatura Provincial de Tráfico”. Mediante este algoritmo se asigna a cada Autoescuela el cupo de alumnos que puede presentar a examen en el periodo correspondiente.

Una cifra adaptada a la capacidad que tiene para examinar cada Jefatura, donde se asigna un porcentaje de los exámenes, que cada Jefatura es capaz de realizar en el espacio temporal correspondiente, a cada autoescuela. El cálculo se hace en función de su bolsa total de alumnos pendientes de examen de circulación para obtención del permiso de conducir de clase B que hayan superado la prueba teórica, y de la tasa de éxito de la propia autoescuela en relación con la media.

Esta Subdirectora puso un ejemplo muy clarificador al respecto. En él, una autoescuela que tiene la mayor bolsa de alumnos pendientes de la prueba de circulación, en el ejemplo 505 alumnos (51% de los mil totales) y una tasa de éxito 4 puntos por encima de la media, solo podría presentar a examen 101 + 4 =105 alumnos, casi una quinta parte de los mismos por que la capacidad de exámenes de la Jefatura es de solo 200. Lo dicho, una idea maquiavélica indigna de un régimen de libre mercado donde debe existir elasticidad entre la oferta y la demanda.

Lo que está haciendo la DGT no es correcto, desde nuestro punto de vista, y lo que debería hacer de forma inmediata es adaptar su insuficiente oferta de exámenes a la creciente demanda de los mismos por parte de la Sociedad. Y visto que esto es imposible de conseguir desde la parte pública, debería recurrir inmediatamente a la ayuda privada, instaurando un sistema mixto de exámenes público-privado como tienen en funcionamiento en buena parte de los países de la Unión Europea, sin ir más lejos nuestro vecino Portugal.