Coche eléctrico sí, coche eléctrico no... ¿Puedo votar el domingo pensando en movilidad?

La actualidad es tan frenética que unos asuntos tapan a otros, y podemos acabar olvidando lo verdaderamente importante. Y, en este caso, hablaremos de lo verdaderamente importante para los automovilistas, que suponen un alto porcentaje de los ciudadanos; y prácticamente el 100% de la población si pensamos en los que dependen, de una manera o de otra, de los automóviles, aunque nunca los conduzcan. De ahí que convenga recordar que la Unión Europea decidió en su día prohibir la venta de vehículos nuevos con motor de combustión a partir del 1 de enero de 2035, y eso incluye no solo a los que tengan motor de gasolina o diésel, sino también a los que funcionan con cualquier tipo de gas (GLP o GNC) o a los parcialmente electrificados, sean híbridos suaves (MHEV), híbridos autorrecargables (HEV) o híbridos enchufables (PHEV). Dicho de otro modo, en poco más de 10 años solo se permitirá en el territorio de la UE la comercialización de vehículos nuevos sin ningún tipo de emisión contaminante a su paso, lo que reduce la lista a los electricos de batería y los eléctricos de pila de hidrógeno; aunque Europa ha dejado la puerta abierta a los vehículos con combustible sintético que solo puedan funcionar con ese tipo de carburante, por más que no haya todavía normativa al respecto y no conozcamos al detalle esa posibilidad.

Es decir, no es que se vaya a obligar a tener un coche eléctrico a partir del 2035, y tampoco se prohibirá desde esa fecha el uso de vehículos con motor de combustión, que incluso podrán seguir vendiéndose en el mercado de ocasión; pero cuando un usuario acuda a un concesionario en busca de un automóvil a estrenar, solo encontrará vehículos eléctricos. Podrán ser de hidrógeno, si para entonces esa tecnología se ha extendido más, pero la mayoría serán de batería, recargables mediante un cable de unos pocos metros, que debemos enchufar en una toma doméstica durante horas, o en cargadores de uso público durante menos tiempo si son de alta potencia. Quienes ya tengan un coche eléctrico, todavía un porcentaje mínimo de la población, verán innecesario recordar este tipo de cosas tan básicas, pero para muchos usuarios en nuestro país, el vehículo de batería parece algo tan lejano aún como las naves de Star Trek. Cuando, en realidad, están a la vuelta de la esquina como única opción de compra.

La edad media del parque automovilístico en nuestro país supera ya los 14 años, y no deja de crecer. Eso no quiere decir que cuando alguien compra un coche nuevo en España lo use, de media, durante 14 años, pues muchos van pasando de mano en mano hasta alcanzar esa antigüedad o más; pero la estadística sí dice que, de media, mantenemos ese coche que compramos nuevo unos ocho o nueve años, de manera que quienes estén valorando actualmente la compra de un vehículo a estrenar deberían saber que el siguiente podría ser ya eléctrico, obligatoriamente. O eso, o a partir de 2035 buscan alternativas en el mercado de ocasión. ¿Mucho tiempo todavía? Quizás no tanto.

Quienes defienden a ultranza el coche eléctrico suelen hacerlo, normalmente, porque les va bien con esa opción de movilidad, o porque ganan algo con ello. Lógico y lícito. Suele ser porque su modo de vida, su renta, su profesión, el uso que hace del coche o el tipo de vivienda se adaptan mejor a ese tipo de vehículo. Pero España, en general, y comparando con otros lugares más propicios, no parece buen país para el coche eléctrico por su gran extensión geográfica, la irregular distribución de población en su territorio, una renta inferior a la media en Europa que convierte el alto precio de los vehículos de batería en un problema o un modelo de vivienda en el que la mayoría reside en edificios, no en casas unifamiliares, y donde muchos no disponen de un garaje donde poder instalar un cargador. Más del 60% de los coches duermen en la calle o en descampados, y en muchos pueblos y ciudades de España, la gente sigue residiendo en calles de acceso peatonal y sus vehículos deben estacionarse a gran distancia. De hecho, los eléctricos de batería, pese a las enormes ayudas del plan Moves III, siguen suponiendo poco más del 5% de las ventas, y esa proporción parece estancada. Si estuviésemos hablando de otro producto, sería fácil afirmar que la gente no los quiere o que no se adaptan a sus necesidades y posibilidades, pero al tratarse de un bien de consumo promovido por las autoridades y que los fabricantes deben vender en cierto modo por obligación, esa frase parece prohibida. Negacionista, que dirían algunos.

Pero, además, aunque la fecha del 2035 se retrasara cinco o 10 años, el problema finalmente seguiría siendo parecido, porque el tamaño del país, la gran superficie que ocupa la llamada España Vaciada, la renta media, el urbanismo nacional o el modelo de vivienda no parecen poder transformarse en una o dos décadas. Si los que critican esta hipótesis, que suena catastrofista, son directivos de marcas de coches con plaza de garaje y cargador, políticos alejados de la realidad de los barrios y los pueblos, o usuarios de vehículos eléctricos a los que les va bien realmente, buscar soluciones para los que lo pasarán mal con el coche eléctrico de batería será más complicado. Sería como escuchar la protesta de gente sin agua corriente en casa y responderles que de nuestros grifos sí sale un buen chorro.

Y en ese escenario, llegan las elecciones europeas de este domingo, de donde saldrá el nuevo Parlamento de Estrasburgo, un estamento con capacidad para mantener el rumbo como hasta ahora en materia de movilidad, electromovilidad y lucha contra las emisiones, para introducir cambios en las normativas o para posponer la aplicación de lo ya aprobado, como sucedió recientemente en el Reino Unido, que retrasó la fecha del fin de los motores de combustión. Y aunque el coche eléctrico, curiosamente, está pasando de puntillas por la campaña electoral, El Confidencial ha rebuscado en el programa de las principales formaciones que concurren a las elecciones del día 9 en busca de propuestas al respecto.

PSOE, PP, Vox, Podemos y Sumar

Integrado en el Parlamento Europeo en el Grupo Progresista de Socialistas y Demócratas, que en la votación definitiva sobre el fin de los motores de combustión en 2035 emitió 123 votos a favor y dos en contra, el PSOE insiste en que la siguiente legislatura (2024-2029) debe seguir avanzando en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de cara al 2040. Además, los socialistas españoles recogen en su programa que se debe revisar la legislación europea sobre calidad del aire para que las Zonas de Bajas Emisiones incluyan de modo explícito la obligación de los Estados miembros de fijar sanciones por incumplimiento. Asimismo, el PSOE defiende la creación del concepto de pobreza ligada a la movilidad, tanto en los planes nacionales como en los planes de movilidad urbana, de cara a priorizar la accesibilidad y asequibilidad para todas las personas usuarias y promover una movilidad eficiente de cero y bajas emisiones.

En el caso del PP, integrado en el Grupo del Partido Popular Europeo (26 votos a favor del fin del motor de combustión en 2035 y 128 votos en contra), su programa no incluye tampoco referencias explícitas al coche eléctrico, pero indica que Europa debe competir en el nuevo mapa geopolítico, además de proteger la inversión productiva, fomentar la creación de empresas y hacer políticas industriales en condiciones de igualdad con reglas justas y claras para todos los Estados, lo que parece una referencia clara a la creciente competencia de los fabricantes chinos. No obstante, el Partido Popular Europeo sí promete defender un enfoque tecnológicamente neutro para el desarrollo de combustibles alternativos, el hidrógeno y tecnologías y nuevos sistemas de propulsión para vehículos, aviones y barcos. Y el PPE explica que apoyará los nuevos combustibles líquidos sostenibles, que podrán utilizarse aprovechando las infraestructuras de repostaje actuales, e impulsar también a la industria europea durante la transición para crear un modelo descarbonizado, lo que incluye la producción de acero o la fabricación de baterías. En todo caso, la cabeza de lista del PP para las elecciones, Dolors Montserrat, ha declarado que su partido propondrá posponer, más allá de 2035, la prohibición europea de vender coches diésel y de gasolina, exigiendo un aplazamiento hasta que el vehículo eléctrico sea asequible para las familias.

Vox, que forma parte en el Parlamento de la UE del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (cinco votos a favor del fin del motor de combustión en 2035 y 52 en contra), no cuenta en su programa con referencias específicas al coche eléctrico en concreto o a la electromovilidad en general, pero anuncia su intención de derogar el Pacto Verde Europeo y combatir la Agenda 2030, e insiste en que el acuerdo entre socialistas y populares para profundizar en "una agenda ecologista radical ha resultado nefasto para nuestra industria, el empleo y la soberanía energética".

Por su parte, Podemos, integrado a nivel europeo en La Izquierda (26 votos a favor del fin del motor de combustión en 2035 y ninguno en contra), sí se refiere al coche eléctrico en su programa, pues su objetivo para 2025 es un aumento de hasta el 25% de ese tipo de vehículos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles en Europa, y hasta el 70% para 2030, de manera que en 2040 se alcanzase el 100%. Además, proponen la creación de un impuesto verde para los coches de lujo de alta cilindrada, y otro impuesto que soportaría el 10% de la población que más huella de carbono genere, lo que repercutiría de nuevo, previsiblemente, sobre los vehículos con motor de combustión. Podemos va más allá incluso, al proponer que se calcule la huella de carbono de cada persona a partir del vehículo o vehículos que utilice, y en su programa afirma que trabajarán por garantizar que la limitación de acceso a los vehículos más contaminantes al centro de las ciudades no supone una discriminación por razones socioeconómicas, apostando, entre otras medidas, por la gratuidad del transporte público urbano.

Y Sumar, que forma parte de Los Verdes / Alianza Libre Europea (67 votos a favor del fin del motor de combustión en 2035 y ninguno en contra en la votación del pasado año), recoge en su programa que gravará los bienes y servicios de lujo, tanto de particulares como de empresas, que generan un gran volumen de emisiones, como por ejemplo los vehículos de lujo. También prevén inversiones específicas en los sistemas de almacenamiento de energía, los vehículos eléctricos y los semiconductores. Se comprometen, asimismo, a promover el despliegue de infraestructuras digitales y eléctricas en espacios públicos y privados para permitir y democratizar el uso de vehículos eléctricos y autónomos, y fomentarán en todas las ciudades europeas una densa red de carriles bici y para vehículos de movilidad personal, infraestructuras de transporte público accesibles y sin barreras, y una mayor red de estaciones públicas de recarga eléctrica, acompañada de soluciones de movilidad innovadoras.