Dos ministros inician una ‘revolución’ en Francia al oponerse a las expulsiones

Primero fue un grupo de diputados de la mayoría conservadora francesa de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), luego la Iglesia católica, evidentemente los partidos de la izquierda y ahora son un grupo de altos cargos del Gobierno los que ponen en duda el método del presidente francés de expulsar a gitanos rumanos y búlgaros ilegales para luchar contra la delincuencia. Los dirigentes, que no quieren dejarse llevar por la impopularidad social de las expulsiones de los romaníes de Francia a sus países de origen –un total de 916 personas expulsadas desde principios de agosto- mostraban ayer caras largas al concluir en París el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano.

Bernard Kouchner, ministro de Asuntos Exteriores y ex dirigente socialista; Hervé Morin, titular de Defensa y la secretaria de Estado de las Políticas de las Ciudades e hija de inmigrante, Fadela Amara, han iniciado una pequeña revolución contra el presidente Nicolas Sarkozy y su política represiva contra estas comunidades de familias nómadas sin residencia legal en Francia. “Las posiciones en contra de la política de expulsión de Sarkozy de estos tres altos cargos está causando cierta incomodidad y transmitiendo al resto de ministros la idea de que quizás el presidente se equivoca con las expulsiones o, al menos, debería fijar otras condiciones a la hora de ejecutarlas”, asegura a El Confidencial un dirigente de la mayoría conservadora UMP que sustenta al Gobierno conservador francés del primer ministro François Fillon.

Kouchner, Morin y Amara se oponen no sólo a las “expulsiones masivas de familias de romaníes que muchos de ellos han nacido en Francia” –como explica Kouchner- sino a otras medidas represivas, como la retirada de la nacionalidad para los jóvenes delincuentes o que los padres de los menores que delincan cumplan dos años de cárcel. “Sarkozy ha ordenado al Gobierno que prepare sendas leyes de retirada de la nacionalidad y de encarcelación de los padres de jóvenes delincuentes menores de origen extranjero. No estoy de acuerdo en que en mi país se estigmatice a los hijos de inmigrantes y se distingan entre franceses de primera y segunda clase estos no son los valores de la República Francesa que defiendo”, ha asegurado Amara a la cadena de radio francesa RTL. La rentrée del nuevo curso político francés ha comenzado. Y ante los grandes asuntos de Estado, como la reforma de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación de los 60 a los 62 años, el incremento de las medidas represivas de Sarkozy pueden costarle rédito político y social. Con la oposición demostrada de los dos ministros y la secretaria de Estado queda claro que no todo el Ejecutivo está de acuerdo con las expulsiones de romaníes. “Sarkozy prepara para antes de octubre cambios en el Gobierno y habrá sustituciones de ministros al frente de carteras importantes, con lo que es muy probable que los altos cargos que han mostrado públicamente su disconformidad a las expulsiones estén preparando su salida”, afirman las mismas fuentes.

Tímidamente también van apareciendo algunas voces de diputados de la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), en el Gobierno, en contra de cómo se efectúan los desalojos de gitanos, en su mayoría franceses, de campamentos ilegales, impuestos por el presidente Sarkozy. Si bien los altos cargos de la UMP defendieron las medidas de expulsión por vía aérea de 900 familias gitanas, con niños nacidos en Francia, hacia Rumanía y Bulgaria, y el desmantelamiento de 300 campamentos ilegales -en dos semanas se han desalojado 40-, dos diputados han provocado las primeras fisuras en el partido. Jean-Pierre Grand y François Goulard han expresado sin tapujos a El Confidencial su opinión contraria. "La policía ha intervenido contra personas indefensas que no podemos dejar a su suerte con la mera expulsión, porque algunas son francesas", declara Grand. Por su parte, François Goulard señala que “al margen de si Francia cumple o no con la legislación europea sobre inmigración ilegal, la imagen exterior que se proyecta no hace honor al respeto que se le supone a nuestra República”, añade.

Primera decisión judicial contra las expulsiones

A pesar de que el 62% de los franceses apoya la política represiva de Sarkozy contra los sin papeles romaníes, la Justicia ya ha empezado a anular órdenes de expulsión. Es el caso de un tribunal de Lille, en el norte del país, que ha decidido anular la expulsión de siete gitanos desalojados el pasado jueves de un terreno que habían ocupado de forma ilegal en las afueras de la ciudad. La decisión representa el primer revés legal para la controvertida política impulsada por el presidente francés. En su dictamen, la corte rechazó la justificación de las expulsiones presentada por la prefectura regional, según la cual la ocupación de un terreno representa una amenaza al orden público.

"Considerando siete peticiones diferentes que solicitaban la anulación de las órdenes de la prefectura de enviar a la frontera pronunciadas en contra de rumanos residentes (...) el magistrado ha decidido anular las decisiones apeladas", ha señalado el tribunal en un comunicado enviado al diario Le Monde. "La prefectura invocó de nuevo la amenaza del orden público como motivo, añadiendo esta vez razones de salubridad, pero el tribunal administrativo de Lille ha confirmado una vez más la jurisprudencia del vierrnes", declaró al diario galo Norbert Clément, abogada de los romaníes.