México se cuestiona si dejó morir bajo tierra a 65 mineros tras el rescate de Chile

Honor para Chile y vergüenza para México. Gloria para los chilenos por el exitoso (y mediático) rescate de los 33 mineros atrapados a casi 700 metros de profundidad en la mina de cobre de San José e infamia para los mexicanos por no volcarse con el mismo ímpetu en el rescate de los 65 trabajadores que quedaron encerrados a unos 150 metros bajo tierra en la carbonera Pasta de Conchos, en el Estado de Coahuila, el 19 de febrero de 2006. Ni siquiera se han recuperado los cadáveres -salvo dos- que permanecen aún sepultados bajo las instalaciones que explotaba la mayor empresa minera del país, Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea. Los "milagros", como se ha dicho del rescate chileno, ocurren con alguna ayuda terrenal y en México no la hubo.

Las felicitaciones al Gobierno de Sebastián Piñera y la indignación por la actuación del ex presidente Vicente Fox y su sucesor, Felipe Calderón, -ambos del conservador Partido de Acción Nacional (PAN)- corren a la par; desde editoriales y artículos de opinión a Twitter, donde se ha creado el hashtag “silosminerosfueranmexicanos” en el que sale a relucir el humor negro del país, pero también la realidad: “Los mineros fueron mexicanos y no los rescataron”.

No hubo ni ingenieros de la Nasa ni cápsulas con forma de cohete. En las labores de rescate en México, mientras las autoridades y la compañía instaban a las familias a tener fe para encontrar a los supervivientes tras la explosión de grisú, se emplearon tres cuadrillas de 22 personas que excavaron con herramientas de mano y mulas para transportar el material. El trabajo se suspendió por tres días desde el 24 de febrero al considerar la empresa que las “grandes concentraciones” de metano imposibilitaban la misión; un día después, Grupo México aseguró que no había “posibilidad alguna” de supervivencia. La búsqueda se detuvo basándose en informes de inseguridad de acceso a la mina y hasta junio de 2006 y enero de 2007 no se extrajeron los dos únicos cadáveres recuperados; en octubre de ese año se canceló la operación.

 

Los mineros habían protagonizado previamente varias huelgas por la inseguridad en la que trabajaban y Grupo México se benefició tras la explosión al cambiarse la ley de explotación de metano, que impedía a las mineras el usufructo del gas producido naturalmente en las minas de carbón. Desde entonces ha seguido percibiendo concesiones mineras por parte del Gobierno. Un juez de Coahuila sobreseyó en 2007 la causa penal contra cinco ejecutivos de la compañía minera. Sólo cuatro funcionarios de la Delegación Federal de Trabajo en ese Estado fueron destituidos en 2008 por negligencia previa al siniestro.

Los deudos, agrupados en la organización Familia Pasta de Conchos, han enviado una conmovedora carta a los familiares de los mineros chilenos, con felicitaciones y una denuncia: “Grupo México y los gobiernos federal y estatal nos mintieron, nos dijeron que había habido una gran explosión y que los mineros habían fallecido y que hasta se habían desintegrado. La verdad se ha ido imponiendo: los dos cuerpos rescatados estaban completos, ni siquiera quemados (…) Reconocemos el empeño y la voluntad para traer con vida a sus familiares, con maquinaria y perforadoras que acá nunca vimos”. Fox no acudió a la mina ni en los momentos más críticos; Calderón jamás la ha visitado en los homenajes a los fallecidos; Piñera supervisó las tareas de rescate y renunció al sueño para abrazar uno por uno a los mineros y, de paso, rentabilizar mundialmente el éxito de la operación.

El obispo de Saltillo (Coahuila), Raúl Vera, ha sido de los más contundentes. Ha pedido a la Fiscalía del Estado que reanude la investigación por homicidio que archivó pocos meses después de la tragedia, y que considere la culpabilidad de Fox y del anterior y el actual ministro de Trabajo por ser presuntamente cómplices de la empresa en el encubrimiento de la inseguridad en la que trabajaban los mineros. “Los deudos sienten rabia e indignación al ver que en Chile el Gobierno y los empresarios se unieron para rescatar con vida a los trabajadores, mientras que en México lo hicieron para dejarlos morir y enterrarlos para siempre”. El Gobierno mexicano, asegura, queda en “total ridículo” ante la actuación del chileno.

Las operaciones de búsqueda de supervivientes, recuerda el prelado, se suspendieron días después de la explosión, pese a que los brigadistas de rescate y el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –la más prestigiosa del país- apuntaban a su viabilidad. “Con la complicidad del Gobierno, la empresa suspendió el rescate para que no salieran a la luz las condiciones en que los mineros eran obligados a trabajar”, como excesivas concentraciones de gas, falta de mallas de acero para evitar derrumbes o vigas de madera que se reutilizaban en los nuevos espacios de explotación dejando sin soporte otras áreas. También ha negado que la excavación se derrumbara por completo -uno de los motivos que alegó la empresa para suspender el rescate-  apoyándose en una cámara que se introdujo por un tiro de ventilación y que demostró que el fondo del yacimiento estaba intacto.

Las diferencias de los sucesos como escudo

La Organización Internacional del Trabajo, a instancias de los familiares de los mineros muertos, reconoció en 2009 que el Gobierno mexicano no hizo “todo lo que razonablemente podía esperarse” para evitar o minimizar los efectos “devastadores” del accidente; la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sostiene ahora que las autoridades no atendieron sus recomendaciones para recuperar los cadáveres y el Senado ha instado a que se haga de inmediato.

Desde el partido gobernante y las empresas mineras mexicanas se subrayan las diferencias entre las minas de San José y Pasta de Conchos: en la primera hubo un derrumbe y en la segunda una explosión; la chilena es de un material inerte (cobre) y la mexicana de otro explosivo como el carbón. Sólo las asemejan el trabajo sin plenas condiciones de seguridad, el que no sea obligatorio la habilitación de dos salidas y los sueldos ínfimos de los mineros.

Las familias de los 33 de Atacama están, afortunadamente, de celebración; las de los 63 que aún permanecen sepultados en Pasta de Conchos luchan, años después, por recuperar sus cuerpos y conocer si fallecieron en la explosión o “se les dejó morir”, como apuntan desde la oposición y diversos sectores sociales.