Los yihadistas europeos pueden ganar a sus gobiernos en los tribunales

Shamima Begum se unió al Estado Islámico cuando era una adolescente. Ella y dos amigas del instituto Bethnal Green planearon en secreto su viaje a Turquía para eventualmente cruzar las fronteras del Califato. La joven británica ha permanecido en el reducto yihadista en Siria hasta el final, ahora ha sido trasladada a los campamentos de detención. Es ahí, en este remoto lugar del norte de Siria, donde los periodistas le han comunicado que ha perdido la nacionalidad. También es ahí desde donde Shamima ha pedido clemencia al Gobierno británico.

La familia Begum tampoco ha tardado en pedir perdón al Ministro de Interior -Home Office- de Reino Unido. En una misiva escrita por su hermana, dirigida a Sajid Javid, suplica la repatriación del bebé que Shamima ha alumbrado en los días posteriores al arresto. “Él es el verdadero inocente y no debería perder el privilegio de crecer en la seguridad de este país”, puede leerse en la carta. Aunque la cancelación del pasaporte el pasado 19 de febrero es posterior al nacimiento, todavía no está claro si el recién nacido ha heredado la nacionalidad británica.

Esta es la medida preventiva que Londres ha aplicado para evitar el retorno de los yihadistas ingleses. Y precisamente la cuestión de los retornados fue la que motivó la reciente ley británica que retira la nacionalidad “a aquellos ciudadanos perjudiciales para los intereses vitales del Reino Unido”. Un estatuto que dejó sin pasaporte a 14 personas en 2016 y más de 100 en 2017 y que ha sido duramente criticado por la sociedad civil del país. “Es una vuelta a los castigos medievales como la deportación y el exilio”, dijo el abogado de inmigración y activista Fahad Asari.

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La familia demandará al Gobierno de UK

De esta manera, Shamima hoy no es una ciudadana británica. Pero el artículo 40 de la ley de nacionalidad (1981) determina que solo es posible cancelar la ciudadanía a aquellos que porten un segundo pasaporte o sean aptos para solicitarlo. Sin embargo, el Gobierno de Bangladesh, país de origen de los padres, ya ha renunciado a proporcionarle asistencia. Es por ello que la medida convierte a la joven de 19 años en apátrida. Y este es el hecho que la familia quiere llevar a los tribunales. Puesto que, por la Convención del Estatuto de Apátridas de 1954, los países firmantes no pueden despojar a una persona de su nacionalidad.

Podría lograr que un juez determine que su proceso de radicalización se produjo en su país, por lo que debería ser este el que asuma su reinserción

El caso de Shamima puede sentar precedente en los tribunales europeos. Y, probablemente en los próximos años, sean sentencias legales las que obliguen a repatriar a los yihadistas europeos. Ahora la joven permanecerá en los campamentos del norte de Siria con la incertidumbre sobre su paradero y sin la protección de ningún servicio consular. “Quizá pida la nacionalidad en Holanda, de donde es mi marido”, ha manifestado ante las cámaras. Pero parece poco probable que el país vaya a naturalizar a la presa del Estado Islámico en un momento de dudas y desacuerdos sobre la extradición.

Otra línea de defensa que la estudiante de Benthal Green podría utilizar para regresar a Reino Unido podría ser el estado de la salud del bebé. En las últimas semanas, al menos 36 niños han muerto en los campamentos del norte de Siria por el frío, la falta de alimentación, los incendios y las infecciones. Y es esa la causa por la que un juez belga dictaminó en diciembre la repatriación de seis menores. Si el hijo de Shamima muere en un accidente como consecuencia del estado de detención “la madre podría demandar al Gobierno por no haberle prestado protección”, recuerda uno de los abogados.

Otra de de las estrategias procesales de los Begum podría ser que Shamima se unió al grupo terrorista y viajó hasta el Califato cuando era menor de edad. Es por ello que “nuestra sociedad entiende que tenemos una responsabilidad colectiva por los menores”, apunta el periodista de 'The Guardian' Gary Younge. En un supuesto litigio por recuperar su pasaporte, ella podría lograr que un juez determine que su proceso de radicalización se produjo en una escuela de Gran Bretaña por lo que debería ser este país el que asuma su reinserción.

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Ante el debate de qué hacer con los más de 3.000 extranjeros presos en Siria -entre hombres, mujeres y niños- la UE se resiste a una repatriación general. La falta de pruebas o no haber cometido los crímenes en el territorio darían lugar a una crisis procesal. En Francia, por ejemplo, varias decenas de retornados ya han sido puestos en libertad. Como estiman las fuerzas de seguridad, en 5 años los simpatizantes del Estado Islámico podrían salir de prisión.

El asunto de los adeptos europeos del ISIS ha sido un tema de desacuerdo entre las fuerzas kurdas y los países de Europa. Por ello, se propuso la instauración de un tribunal internacional temporal que permitiera juzgar en Siria a la cuota de presos extranjeros y que las sentencias fueran reconocidas por la comunidad internacional. “Con la supervisión de Naciones Unidas o del Tribunal de la Haya, por ejemplo”, dice Omar Abdelkarim, el encargado kurdo de las relaciones diplomáticas. Un proyecto que finalmente no ha prosperado.

“Pero evitar la repatriación de estos terroristas puede dar pie a problemas de seguridad en el futuro”, mantiene un asesor de seguridad del Gobierno iraquí, “impide al país tenerlos bajo control y también perderles la pista”. Además, el “Guantánamo del Este”, como lo han apodado los letrados de los yihadistas europeos, podría consagrarse como un nuevo foco de radicalización, en el que residen más de 1.500 niños extranjeros, donde podría gestarse la nueva generación de simpatizantes yihadistas.

* Esta información forma parte de “La Vuelta a Casa de los Yihadistas Europeos”, una investigación de Pilar Cebrián financiada por la Fundación BBVA.