Colombia investiga a 3.000 imputados por desfalcar 1.400M de euros

La Fiscalía de Colombia investiga a 3.000 imputados por su presunta vinculación con casos de corrupción que comprometieron recursos públicos por más de 4,7 billones de pesos (unos 1.432 millones de dólares), una operación sin precedentes en el país sudamericano.

La operación "Bolsillos de cristal" comenzó en agosto de 2016 y hasta la fecha han sido vinculadas a las investigaciones 3.000 personas, entre ellos 1.036 funcionarios, 754 exfuncionarios y 1.210 particulares, como representantes legales de empresas o contratistas, dijo la Fiscalía colombiana en un comunicado el martes.

Uno de los sectores más afectados por esta operación es la administración de justicia, con 209 funcionarios y 46 exfuncionarios imputados, 122 de los cuales incurrieron en el delito de corrupción mientras trabajaban para la propia Fiscalía General de la Nación.

Entre los cargos públicos señalados se encuentran 208 alcaldes, 95 concejales, 66 magistrados y jueces, 26 congresistas, 26 gobernadores y un exviceministro. En cuanto a los particulares acusados, 130 están involucrados en irregularidades por el cobro indebido de pensiones.

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Agencias

De estas investigaciones la más relevante está relacionada con la constructora brasileña Odebrecht, en el que están imputadas 96 personas por casos de corrupción.

Según datos divulgados en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de la millonaria red de corrupción montada en América Latina y África.

Sin embargo, la Fiscalía colombiana calcula en 84.000 millones de pesos (unos 27,1 millones de dólares) el monto de los sobornos de la constructora en el país.

"Al hacer un análisis por porcentajes se evidenció que la corrupción afecta en mayor medida a los sectores más sensibles de la sociedad colombiana", señaló la Fiscalía.

Por porcentajes, las imputaciones referentes a la justicia representan el 12 % del total; seguidas de las del área de infraestructura (9,8 %), salud (8,33 %) y fuerza pública (7,93 %), entre otras.