¿Qué está pasando en Colombia? Las muertes que no cesan, la paz que no llega

De Colombia llegan ecos de guerrilla, de narcotráfico, de selvas húmedas y de poblaciones olvidadas donde respiran aún los fantasmas de un conflicto que se quedó enquistado en la sociedad durante 52 años y ahora lucha por superar su propia historia.

Sin embargo, hay ecos de gritos que no se extinguen, como el del hijo de Maria del Pilar Hurtado al ver el cuerpo sin vida de su madre, una mujer de 32 años asesinada (por ahora, impunemente) en Tierralta, en la región del Bajo Cauca, bajo la acusación de ser una líder social de su comunidad. Tras denunciar el asesinato, otro líder social del municipio ha debido huir por las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), nombre con el que se hace llamar el Clan del Golfo, principal banda heredera de los grupos paramilitares.

María del Pilar se suma a una larga lista de homicidios que, en un nuevo ciclo de violencia, enfrenta a la sociedad colombiana a las amenazas de diferentes grupos armados ilegales herederos de los grupos paramilitares en una eterna pugna por ocupar y controlar la tierra antes en manos de los guerrilleros, según la ONG Indepaz.

Son momentos delicados. La paz se construyó a base de reconocimientos: de intentar ponerle nombre a las víctimas, de ofrecer una vida integrada en las instituciones a los guerrilleros que durante tanto tiempo vivieron aislados (y enfrentados) al Estado. Pero bucear en el posconflicto colombiano es inundarse de cifras y promesas incumplidas que oscilan entre la dejación política y los intereses ilegales del narcotráfico.

Las víctimas del conflicto armado -homicidos, secuestros, desplazados o víctimas de violencia sexual-, que antes se contaban por centenares miles, se han reducido a cifras nunca vistas, al menos desde que hay registros en 1985, según la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización). Sin embargo, hay varios asuntos que impiden que el recorrido hacia la paz sea ese camino diáfano y despejado que se quería pensar en un principio. Entre ellos, destaca la reintegración económica y social de los exguerrilleros y la violencia sistemática que parece que se está produciendo contra los líderes sociales estos últimos dos años.

Aunque las víctimas que deja a su paso el conflicto armado hayan descendido, actualmente la cifra de homicidios ha roto su tendencia a la baja desde que empezaron las conversaciones de paz y ha aumentado de nuevo. Y de forma más preocupante, la de los asesinatos de líderes sociales en zonas rurales.

Bajo el Gobierno del actual presidente Iván Duque, el recrudecimiento de la violencia contra los líderes sociales y defensoras de los derechos humanos y excombatientes de las FARC es algo que constatan asociaciones como el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica. Según las cifras que maneja esta ONG, desde 2016 han sido asesinados 702 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos y 135 exguerrilleros de las FARC–EP en proceso de reincorporación.

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En opinión de la organización, pese a que el Estado colombiano acordó una serie de medidas para garantizar la implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AFP), el ejercicio de la política y la labor de defensa de los Derechos Humanos, aún faltan desarrollos normativos y acciones efectivas para enfrentar la violencia sistemática en contra de comunidades, organizaciones y liderazgos. Las estimaciones más contenidas, como las del Cinep 2019, creen que la violencia "camuflada" se ha cobrado la vida de 648 personas por distintos motivos.

Desde 2016 han sido asesinados 702 defensores de derechos humanos y 135 exguerrilleros de las FARC–EP en proceso de reincorporación

Sin embargo, el Gobierno colombiano niega esa "sistematicidad" en los asesinatos y amenazas hacia los líderes sociales y excombatientes, que se presentan en sectores donde hay una disputa territorial por las economías ilegales producto del tráfico de drogas.

La cifra más alta de homicidios de los últimos 5 años

Otro dato llama la atención: las víctimas relacionadas con el conflicto han bajado, pero los asesinatos en 2018 han aumentado un 6,7 %: se ha pasado de 11.373 a 12.130 víctimas, 757 homicidios más que el año anterior, según el Informe Forensis.Esta es la cifra más alta de los últimos cinco años y es equiparable a estadísticas de 2014 (cuando fueron 12.626). De igual manera, es la primera vez desde que se iniciaron las negociaciones con las FARC que se rompe la tendencia a la baja en el apartado de muertes violentas, lo que equivale a 33 casos diarios.

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Tres de cada cuatro asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, además, quedan impunes, según el último informe de la ONG Somos Defensores.

Según su reporte, 2018 fue uno de los años más sangrientos para los defensores de derechos humanos en el país latinoamericano porque fueron asesinados 155 de ellos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 documentados en 2017.

Ante todos estos problemas, Duque anunció la semana pasada 26 nuevas medidas para proteger a los excombatientes de las FARC, entre ellas la creación de un cuerpo élite para investigar amenazas contra ellos y un centro de información liderado por el Ministerio de Defensa para prevenir crímenes.

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Desmovilizados

Según la ARN, 74.222 personas salieron de grupos armados al margen de la ley entre 2001 y 2019 (66.003 hombres y 8.219 mujeres). De estos, los exmiembros pertenecientes a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han sido la mayoría (36.426), aunque los militantes de las FARC se desmovilizaron primero individualmente (19.604) en los años anteriores y después otros 13.190 al final del conflicto y tras los Acuerdos de paz.

Muchos de ellos (51.075) ingresaron de manera voluntaria al proceso de integración regular y casi la mitad de ellos (24.414) ya cumplieron con "todos los requisitos establecidos por la ARN para terminar satisfactoriamente su reintegración". Las cifras de los voluntarios ha ido creciendo de forma progresiva a lo largo de los años desde 2014.

Víctimas

Según datos de la Unidad gubernamental para la atención y reparación integración a las víctimas, el número de víctimas registradas por el conflicto colombiano ha caído significativamente. En 2018, dos años después de que se firmaran los acuerdos de paz de La Habana, se registraron un total de 141.225 víctimas. En lo que llevamos de año, la cifra ha descendido a 11.719, al nivel más bajo desde 1985.

Las víctimas del conflicto en su conjunto reúnen a más de siete millones y medio de desplazados por la violencia (7.508.384) y más de un millón (1.008.371) de homicidios. En 2019 han sido asesinados (por causas relacionadas con el conflicto armado) 159 personas y dos han sufrido una desaparición forzada, pero la gran mayoría de las víctimas siguen siendo los desplazados (11.192), según datos del Gobierno.

La historia de los Acuerdos de Paz firmados el 24 de noviembre de 2016, como cualquier otra iniciativa burocrática, tiene un recorrido paralelo en las instituciones y otra la vida real. El valor de esas cifras sobre el papel reside, en consecuencia, en la capacidad de aplicarse a las víctimas reales, y la ley, en ese sentido, ha tenido que superar muchos vericuetos y obstáculos para salir adelante.

El presidente Duque intentó en marzo objetar seis de los 159 artículos de la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP), la columna vertebral del 'Acuerdo de paz' firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. Fue un intento en vano, pero provocó que varios sectores de la sociedad y los organismos internacionales reaccionaran, pidiéndole que completara cuanto antes un marco jurídico para proteger a las víctimas del conflicto y advirtiéndole de la incertidumbre que generaría reabrir puntos clave del Acuerdo.

La JEP es la justicia especializada para investigar y juzgar crímenes cometidos no solo por la exguerrilla sino por otros actores del conflicto en el país y, pese a la falta de esa Ley, ya está trabajando en siete grandes casos que afectan a 820.000 víctimas.

Entre los artículos objetados por Duque estaba el 150, referente a la extradición por conductas posteriores a la firma del acuerdo final. Este apartado incluye al exjefe de las FARC Jesús Santrich, que estaba detenido en Bogotá desde el pasado 9 de abril y pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico, un delito que según la Fiscalía cometió después de la firma de la paz. Su desaparición el lunes por la noche, por supuesto, no ayuda a que la situación se calme.

Por si fuera poco, un artículo publicado en el New York Times reavivó en Colombia el fantasma de los “falsos positivos” al desvelar que existe una directriz que apremia a duplicar el resultado en las operaciones militares.

Los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares de jóvenes a los que se les hacía pasar por guerrilleros para obtener méritos frente a los superiores, es otro tema sensible del que la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014. De estos, 2.200 ya han sido remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

La vida sigue en los espacios de reincoporación

Mientras, los excombatientes desmovilizados ocupan las áreas de ubicación temporal hasta la culminación del proceso de dejación de las armas -llamados espacios territoriales de reincorporación (ETCR)- , que servirán para capacitarles y reincorporarles a la vida civil, "preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica". Sin embargo, esta figura jurídica desaparecerá el próximo 15 de agosto y el Gobierno colombiano ya está intentando calmar los ánimos y prometer que se garantizarán las condiciones básicas y asegurando que los espacios no desaparecerán.

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El plan de traslados se implementará durante aproximadamente un año, tiempo en el que la ARN seguirá con la administración de los espacios y la coordinación de los proyectos productivos. Algunos de estos ETCS están en zonas donde hay presencia de disidencias de las FARC o están en parques naturales y resguardos indígenas, lo que complica la situación.

Colombia, además, sigue bajo la vigilancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que visitará el país entre el 11 y el 14 de julio como apoyo explícito al proceso de paz en el país, un viaje durante el cual los representantes se reunirán tanto con el Gobierno como con excombatientes de las FARC.