Auge y caída de La Pampa: la ciudad sin ley que controla el oro del Amazonas

Entre los kilómetros 98 y 117 de la carretera Interoceánica de Perú apareció hace diez años una ciudad hecha de chapa, sangre y oro. Sus habitantes eran mineros, comerciantes, prostitutas y delincuentes que llegaban desde muy lejos con la esperanza de encontrar riqueza entre el barro del río. Sin embargo, ya no queda nada de todo eso. Policía Nacional y Ejército peruano, acompañados de personal de la Fiscalía de la FEMA (especializada en temas ambientales), arrasaron el pasado agosto con este campamento de minería ilegal en el cercano río de Inambari (en la Amazonía peruana), un área fuera del control del Gobierno que ha vivido una década sin ley ni justicia.

El Confidencial estuvo presente en la operación. El bullicio habitual de los puestos de comida había desaparecido, los locales de compraventa de metal bajaron las rejas de hierro y a lo lejos se divisaba la columna de humo de una retroexcavadora que ardía en mitad de un cenagal. Los agentes destruyeron esa mañana 780 galones de combustible (casi 3.000 litros), 21 motores, cinco generadores eléctricos, dos embarcaciones tipo "peque-peque" (canoas motorizadas) y equipo de minería, cuyo coste total ascendería a 2,5 millones de soles (unos 675.000 euros).

Desde hace más de seis meses, y de manera ininterrumpida, el Gobierno peruano organiza estas "interdicciones" o "acciones de represión contra actividades ilícitas" contra los diferentes asentamientos de minería ilegal de oro. Se trata de la fase inicial de un macro operativo bautizado como Operación Mercurio, que pretende recuperar la autoridad de este territorio minero sin ley conocido como La Pampa peruana.

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Agencias

Perú es el sexto productor de oro del mundo y el primero de Latinoamérica. Las asociaciones mineras calculan que en 2018 se extrajeron 143 toneladas de este mineral y se exportaron cargamentos por valor de 8.239 millones de dólares. El 30% de la producción nacional proviene de actividades ilícitas, concentradas en la región de Madre de Dios, corazón de la Amazonía peruana, según las estimaciones gubernamentales.

Deforestación visible desde el espacio

El general Luis Vera Llerena, jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, explica a este periódico que La Pampa acogió a más de 6.000 mineros ilegales en un área de casi 16.000 hectáreas (calculan que por cada uno de los 2.000 motores que había trabajan hasta cuatro personas). La deforestación acometida a ambos lados de la carretera Interoceánica, necesaria para las actividades mineras, es visible desde el espacio: la espesa y rica selva tropical ha sido sustituida por arenales yermos, lagunas de fango, nidos de chatarra y barriadas caóticas donde impera la trata de personas, la explotación sexual y el sicariato.

La primera intervención del gobierno, promovida por el presidente Martín Vizcarra, tuvo lugar el 19 de febrero de este año y provocó un estado de emergencia en la región. Un despliegue de más 1.200 policías, 5 helicópteros, 30 vehículos, 300 efectivos del Ejército tomaron la Pampa, detuvieron a 70 personas, rescataron 50 víctimas de trata e intervinieron 100 locales de venta de oro, mercurio y motores. Los "sospechosos habituales" ya habían huido, por lo que no hubo un enfrentamiento armado. Desde entonces tres fiscales, 300 policías, 200 soldados y numerosos agentes de la Marina de Guerra han permanecido repartidos en ocho bases locales.

Aunque la mayoría de los mineros abandonaron la zona, la Pampa sigue siendo un entorno peligroso. Cuando el sol desaparece por el horizonte, las patrullas de la Policía se retiran y la delincuencia se adueña de las trochas (senderos de la selva que comunican con las minas de oro). Si uno aguza el oído a altas horas de la madrugada escuchará los motores de los últimos furtivos, que buscan lugares de difícil acceso para seguir depredando la selva.

Más rentable que la cocaína

De acuerdo con el general Vera, la minería ilegal en Perú ha movido anualmente hasta 2.000 millones de dólares en oro, llegando a ser más rentable incluso que el mercado de la cocaína. La Operación Mercurio habría frenado un flujo de hasta 900 millones en lo que va de año, sin contar las pérdidas por el material incautado y destruido.

Los geólogos aseguran que la Pampa se erige sobre el antiguo cauce de un río que arrastraba grandes cantidades de oro. Sus aguas formaron un lago que acabó por convertirse en bosque y sepultó el tesoro durante siglos. Un grupo de mineros lo descubrió hace más de una década, invadió la zona y montó campamentos con apelativos como Mega 11, Mega 15, Pancayllo, Jayabe, Zorro Valencia o Pancho Pérez. La mayoría se situaba en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, un cordón natural que sirve para proteger una de las selvas con mayor diversidad del mundo. La Pampa alcanza ahora 20 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho.

Asesinatos en la ciudad sin ley

Aquellos que han conocido los entresijos de esta ciudad sin ley susurran un nombre con una mezcla de respeto y terror: el 'Venao'. La leyenda urbana cuenta la historia de un pobre minero al que "unos delincuentes mataron a la mujer y a la hija y robaron el oro que guardaba en su casa". El hombre invirtió el poco dinero que le quedaba en pagar a un grupo de exmilitares con los que vengó la muerte de su familia y expulsó a los maleantes del corredor. Pero la historia real es menos literaria y más fiel a la miseria humana.

Según fuentes policiales, 'Venao' es en realidad el pseudónimo de un conocido extorsionador que contrató a un grupo de paramilitares del Vraem (las montañas andinas donde reina el narcotráfico) para dominar La Pampa. Los mercenarios permanecían apostados en ‘tranqueras’ construidas en la entrada de los campamentos mineros y cobraban cupos de hasta diez soles a los trabajadores. El ‘Venao’ también recibía dinero por escoltar la maquinaria, los químicos y el oro de las minas. A cambio, aseguraba "paz y seguridad" en sus dominios. La prensa y las autoridades los denominaron "los guardianes de la trocha", aunque los locales no usaban ningún apelativo concreto. Todos sabían quiénes eran.

Durante una guerra interna por el control de las trochas, otro grupo mafioso secuestró a la pareja del ‘Venao’, a una amiga y la hija de esta última, que no había cumplido ni dos años. Las mujeres se negaron a colaborar, así que los secuestradores las violaron y ejecutaron en el bosque. La amiga y su bebé murieron en el acto, pero la pareja del ‘Venao’ sobrevivió al disparo, que le atravesó la boca. Consiguió arrastrarse hasta un hospital e identificar a un tal Álex, que sería detenido meses más tarde.

La "vigilancia privada" y las riñas de poder han dejado un reguero de cadáveres y una pila de casos sin resolver. La policía no dispone aún de las cifras reales de las desapariciones, asesinatos y fosas comunes que puede haber entre los kilómetros 98 y 117 de la autopista Interoceánica. En palabras de un agente que trabaja en el operativo, "lo que sucede ahí, se queda ahí, porque en un mundo de ilegalidad nada puede ser legal". En la Pampa no hay registros ni censos.

En 2017 se encontró una fosa conocida como el Quemadero, donde los Guardianes de la Trocha supuestamente robaban, asesinaban y quemaban a sus víctimas. La Policía Nacional identificó los restos óseos carbonizados de al menos veinte personas.

El sicariato y las luchas de poder han dejado un reguero de cadáveres y una pila de casos sin resolver

El periódico nacional El Comercio identificó al ‘Venao’ como un hombre de 31 años que lucía bigote, vestía la camiseta de la selección nacional y tenía el cabello crecido y alborotado. De esta guisa debió de fotografiarlo la policía en julio de 2018, poco antes de ser liberado por no existir imputaciones firmes. No volvieron a dar con él y ahora se encuentra en busca y captura.

"En este lugar imperaba la ley del más fuerte. Era un territorio del mal. Desde que llegué aquí he visto con tristeza la devastación de la selva y tengo el compromiso firme de defenderla. No vamos a parar hasta recuperar la Pampa", defiende el general Vera.

Los capataces pagaban a cada minero el equivalente a dos gramos de oro, unos 280 soles (75 euros), por un extenuante día de trabajo que duraba desde el amanecer hasta el anochecer. Provenían de las áreas rurales de Cusco, Puno, Iquitos, Pucallpa y Arequipa, donde esos salarios suponían una auténtica fortuna y permitían sacar a sus familias de la pobreza. Cuando llegó el Ejército, muchos volvieron a sus lugares de origen, pero otros se han trasladado al corredor minero para trabajar en concesiones privadas o crear nuevos campamentos ilegales en los rincones de Laberinto, Delta, Colorado y Huepetuhe. Esa migración ha provocado que la ciudad colindante de Puerto Maldonado, punto turístico por excelencia, sufriera un claro repunte de la delincuencia.

Las fiscales corruptas

Fernando D., un taxista que conduce desde hace más de una década de un lado a otro de la carretera interoceánica, cuestiona el éxito de la Operación Mercurio y asegura que nadie vencerá la corrupción del país. Fernando transporta clandestinamente piezas de minería y conoce bien el sistema de "coímas" (sobornos). "Sabes qué, chatito, que no quiero perder tiempo. ¿Quieres pasar? Pues deja algo para la gaseosa", le interpelan cada vez que lo paran en la carretera. El taxista paga los 20 soles y continúa su trayecto. "¿Qué voy a hacer yo como ciudadano si la policía no cumple su función? Aquí todos necesitamos dinero. Hay mucha pobreza", justifica.

El general Vera reconoce la corrupción endémica del cuerpo. "Antes de comenzar la operación infiltramos a varios agentes de inteligencia que señalaron a los Policías y fiscales implicados. Estas personas ya han sido procesadas o expulsadas de su cargo. Para que esto funcionase tuvimos que hacer limpieza y actuar con gente de fuera", explica.

La situación, sin embargo, podría ser más grave de lo que sugiere. Una fuente solvente describe casos flagrantes en los que varios fiscales falsifican "de su puño y letra" las actas de la intervención policial de mineros y delincuentes, "a fin de imputarles hechos en grado de tentativa y favorecerlos en la graduación de la pena por debajo del mínimo legal". Señala a Zoila Rodolfo Castillo y Nelly Ruth Colque, fiscal titular y adjunta provincial de la FEMA respectivamente. Ambas mujeres siguen en sus cargos.

Al parecer, otros representantes del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial Corporativa Especialziada en Delitos de Materia Ambiental también estarían involucrados, poniendo en grave riesgo la aplicación del Plan Integral de Lucha y Erradicación de la Minería Ilegal 2019–2021. Las constantes solicitudes de incrementar "los esfuerzos de búsqueda" e "identificar y neutralizar" a las personas implicadas han sido desoidas.

Imposible denunciar

Una fuente solvente, que ha solicitado mantenerse en el anonimato por miedo a perder su trabajo, relata el calvario que supone enfrentarse a estos individuos. "Favorecen a los mineros con extorsiones y operativos arreglados, pero también frustran investigaciones sobre madereras ilegales y contaminación ambiental".

Los fiscales que han tenido el valor de investigar estos casos han recibido denuncias falsas de acoso sexual, agresiones y amenazas, según la misma fuente. Que este periódico sepa, a día de hoy hay al menos cuatro investigaciones abiertas contra la corrupción.

"Ya era hora de recuperar la autoridad en la Pampa. El problema es que hasta los presidentes estaban comprometidos. Ellos recibían oro de los que trabajaban aquí. Alan García, Alejandro Toledo, Nadine Heredia... Los generales venían a llevar su dinero en bolsas. Y luego estaban los comunicadores regionales, los políticos locales, la Policía...", lamenta el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura. El 70% de la actividad económica de su región está relacionada con la minería, por lo que erradicarla sería un suicidio regional. Por eso el político apuesta por desarrollar otros sectores como la agricultura, la ganadería y el turismo. Y, antes de nada, regularizar la situación de los mineros. "Son gente humilde que no tenía trabajo y vinieron por desesperación. Pero aquí no tenían derecho a Seguridad Social, sufrían trata de personas, desapariciones, asesinatos, robos... Y además no pagaban impuestos".

Este último detalle no pasaba desapercibido entre las altas instancias de Lima. Solamente en los últimos diez años las empresas mineras legales han dejado 85.000 millones de soles en impuestos (unos 22.700 millones de euros). Formalizar la minería no solo terminaría con un desastre social y ambiental, también devolvería gran parte del oro robado.

Actualmente hay 4.572 personas inscritas en el REINFO, el servicio que concede los derechos de minería, aunque solamente 118 han logrado cerrar los trámites. “Pretendemos tener 1.500 para cuando acabe el año”, aclaran desde la Dirección de Energía y Minas. Uno de sus empleados explica que se trata de un proceso extremadamente complicado. “Llevamos años y por fin hemos empezado a tener resultados. En el sector había muy poca confianza en las autoridades. Nuestro anterior director sobornaba a los mineros y les amenazaba con quitarles las tierras. Ahora tenemos que hacer las cosas bien y recuperar su confianza”.

El oro acaba en Suiza

Mientras las exportaciones auríferas legales del país se reparten entre la India, Canadá y Suiza, el oro ilegal acaba principalmente en el país helvético. El criminólogo suizo Mark Pieth, adalid de la anticorrupción europea, asegura en su nuevo libro que Suiza se ha convertido en "el gran lavador de oro del planeta".

Antes de llegar a las refinerías, los traficantes peruanos blanquean el mineral a través de concesiones reales o lo pasan de contrabando por la frontera de Brasil y Bolivia. Las grandes empresas occidentales solo tienen que hacer la vista gorda. Precisamente, la refinería suiza Metalor anunciaba este verano que dejaría de trabajar "con mineros artesanales y acopiadores de menor escala" a fin de evitar procedencias ilícitas. El comunicado aparecía poco después de que varios medios destapasen su relación con la minería ilegal peruana.

Lo que no saben aquellos que compran sus joyas es que ese mineral había provocado uno de los mayores desastres naturales de la Amazonía peruana. "En los últimos 32 años han deforestado 115.000 hectáreas en Madre de Dios. Antes, la minería avanzaba por décadas, ahora contabilizamos las hectáreas por semanas", denuncia César Ascorra, director del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA).

Para plantar árboles en las áreas arrasadas los expertos deben utilizar productos especializados, como el abono de biocarbón y los hidrogeles de agua. “Ya hemos reforestado 800 hectáreas. En cada una logramos sembrar hasta 60 especies diferentes de árboles. Algunos han alcanzado 12 metros en tres años, algo que no se había logrado hasta ahora. Es un éxito".

Malformaciones en los fetos

Los mineros formales incluyen la reforestación como parte de su actividad. Excavan hasta la capa aurífera (donde está el oro), extraen el mineral y vuelven a tapar el agujero con la tierra fértil. Los ilegales arrasan la tierra, la dejan desperdigada y vierten el combustible, la basura y hasta el aceite usado de las máquinas. Ascorra asegura que la solución no consiste en prohibir la minería, sino adaptarla a métodos sostenibles "que ya existen". "Debemos ayudar a la naturaleza a regenerarse", sostiene.

El otro gran problema es el uso del mercurio como técnica para separar el oro de la arena. Se trata de un producto que puede conseguirse fácilmente en el mercado negro y que no requiere ningún entrenamiento específico, pero que cuando adopta la forma de metilmercurio —algo que ocurre de manera frecuente en los peces que pescan las comunidades indígenas— se vuelve altamente tóxico y provoca daños cognitivos, atrofias y hasta malformaciones en los fetos.

Investigadores internacionales se han acercado a este paraje para medir los niveles alarmantemente elevados en metilmercurio que presentan el agua, la flora y la fauna. El convenio de Minamata estableció que Perú dejaría de usar mercurio para el 2022, una medida que algunos ecologistas ponen en duda, pues también existe una ley que prohíbe la extracción aurífera en los cursos de agua y los ríos están repletos de dragas (maquinaria que extrae los minerales subterráneos bajo el lecho de los ríos).

Tantos años después, los peruanos parecen haber encontrado el Dorado que perseguían los viejos exploradores del Amazonas. Y como ya sucedió con la fiebre del oro estadounidense, la leyenda se ha convertido en maldición.