Trincheras y balas en Siloé: 74 muertos y unas protestas que no cesan en Colombia

Siloé es una favela erigida sobre una de las montañas que rodean Cali (Colombia). Sobre sus intrincadas callejuelas, cruzando las fronteras invisibles, establecidas por las pandillas de la zona, pesa el estigma de la violencia, de la marginalidad y de la miseria. "Si vos llegás a los 18 años aquí, agradécele al padre Dios, porque es el que te ha tenido vivo. Es difícil conocer la cédula en este barrio. Donde tú vayas, dices que eres de Siloé y, de una, te dan los respetos", dice uno de los jóvenes que se manifiestan estos días en una de las rotondas del barrio.

En el humilde barrio caleño también hay 'primera línea'. Decenas de muchachos se han pertrechado con rudimentarios escudos, construidos con antenas parabólicas o señales de tráfico, para protestar, aseguran, por mejores oportunidades laborales y educativas. Cali es el epicentro de las protestas que estallaron en Colombia el 28 de abril, que más de un mes después siguen activas y que han dejado ya más de 70 muertos.

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"Aquí hay mucha desigualdad. No hay opciones de nada. Los jóvenes no tenemos la oportunidad para educarnos. No encontramos trabajo. Hay organismos gubernamentales que nos ayudan, pero nos someten, a la larga, a vivir media vida para remunerarles lo que ellos nos han prestado para estudiar", dice otro de los jóvenes que está en la protesta de Siloé.

"Esa falta de oportunidades genera violencia. Desborda en crímenes. En que los jóvenes se vayan agrupando y asociando con organizaciones que no son las más indicadas", expone, mientras muestra una herida de bala muy reciente en uno de sus pies, disparada, asegura, por la Policía. Tras más de siete semanas de protestas, la afluencia empieza a desinflarse en otras zonas del país, no así en Cali, donde se han enquistado. Según los datos de la ONG Temblores y el Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz), han muerto 74 personas desde el comienzo de las protestas, entre ellas 45 de las que responsabilizan directamente a la Policía. La Fiscalía colombiana reconoce al menos 20 muertos.

13 muertos en un solo día

Buena parte de esos fallecimientos tuvieron lugar en la capital del Valle del Cauca. Las noches más violentas fueron el tres de mayo, cuando la comunidad de Siloé denunció que cuatro jóvenes fueron presuntamente víctimas de las balas de la Policía, y el pasado día 28, cuando fueron asesinadas 13 personas en la ciudad.

Ese último día se produjo uno de los hechos más cruentos registrados en las protestas. Un exmilitar, trabajador de la Fiscalía, disparó a bocajarro contra los jóvenes que hacían un bloqueo en el sector de La Luna, otro punto caliente de las protestas en Cali, matando a dos de ellos. Acto seguido, una multitud linchó, a golpes, hasta la muerte, al tirador. Los hechos fueron registrados en vídeo y difundidos por las redes sociales. Ese mismo día el cuestionado presidente, Iván Duque, decidió militarizar la capital vallecaucana.

De la ciudad continúan llegando noticias preocupantes. Los manifestantes denuncian que la policía les dispara a matar, y agentes y autoridades dicen que los jóvenes han generado destrozo de mobiliario urbano, han quemado estaciones de la fuerza pública, y aseguran que también están armados.

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Un policía fue encontrado muerto, esta semana, en el río Cauca. Las autoridades denuncian que fue asesinado en el bloqueo del Paso del Comercio, otro de los puntos calientes de Cali.

Tormenta perfecta

¿Por qué es la capital vallecaucana el epicentro de las protestas en Colombia? En Cali se ha desatado una tormenta perfecta que llevaba décadas gestándose, ante la impasibilidad de las autoridades gubernamentales y locales.

La ciudad se encuentra situada entre varias regiones que son un foco crítico del narcotráfico en Colombia, y que han sido un escenario importante del conflicto armado colombiano desde los años 60. Chocó, Nariño y Cauca han vivido décadas sumergidas en los combates y disputas entre el Ejército y grupos como las guerrillas de las FARC, el ELN, los paramilitares o grupos de narcotraficantes.

El conflicto desplazó a decenas de miles de personas de sus hogares, y muchos encontraron refugio en Cali, una ciudad que basa una parte importante de su economía en los ingenios azucareros. Los refugiados del conflicto crearon barrios de invasión, favelas, como Siloé, donde la miseria es rampante —al menos el 23% de la población vive en pobreza extrema— y las oportunidades son escasas.

Pero ni siquiera en la ciudad se escapaba de la violencia. En los barrios de Cali no solo han operado células de los principales actores del conflicto colombiano, sino que el crecimiento, a mediados de los 80, del Cartel de Cali, y su posterior enfrentamiento con el Cartel de Medellín, de Pablo Escobar, dejó también centenares de muertos en la urbe.

La violencia, que se ha apaciguado en otras ciudades colombianas, ha continuado siendo elevada en los últimos años en Cali y en localidades cercanas, como Palmira, debido a su cercanía con las rutas del narcotráfico.

Luchas guerrilleras

Los problemas se han incrementado en los últimos años. El vacío de poder dejado por las FARC tras el pacto de paz de 2016 ha provocado una lucha por el territorio entre distintas facciones guerrilleras, incluidos disidentes del proceso de paz y organizaciones narcoparamilitares, que han dejado más desplazados y decenas de atentados en regiones como el Cauca, que han provocado más tensiones y más desplazamientos forzados de familias a los asentamientos pobres de Cali.

La situación ha terminado de estallar con la pandemia, que ha dejado a miles de personas sin empleo —el paro se dobló en Colombia en 2020— y ha reducido a mínimos las posibilidades de salir adelante para los jóvenes de los barrios que hoy protestan en las calles. El estallido social ha sido espontáneo, pero lleva meses germinando.

A Cali también han acudido a protestar cientos de indígenas del Cauca, un grupo muy combativo, que piden mejores condiciones de vida, y que dejen de asesinarlos en sus territorios.

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También se ha notado en la capital vallecaucana el conflicto que se ha generado en el cercano puerto de Buenaventura, la salida de Colombia al Pacífico, donde actúan grupos armados de todo tipo, ante el estupor de sus habitantes, que denuncian la violencia que se vive en las calles y el abandono estatal, hasta el punto de haber realizado huelgas previas a estas protestas en reclamo de mejores condiciones de vida.

La retirada de un programa de empleo y estudio juvenil, hace unos meses, contribuyó también al aumento del descontento. Ese cóctel, unido a las denuncias de fuertes arremetidas de la fuerza pública, han hecho estallar una ciudad donde han llegado a verse imágenes de civiles armados disparando sus armas mientras eran escoltados por la policía, algo que la misma Fiscalía, muy criticada por la oposición, ha llegado a calificar como paramilitarismo. Las autoridades ya están investigando a diez agentes y cinco civiles.

Muchos de los jóvenes que se manifiestan en Cali desconocen la legitimidad del comité de huelguistas, formado por sindicalistas de larga trayectoria, que negocia estos días un paquete de medidas con el Gobierno de Iván Duque, y dicen que no dejarán las calles hasta lograr cambios en materia laboral y educativa. En la capital vallecaucana ya no se protesta por una reforma tributaria que el presidente retiró hace un mes, cinco días después del inicio de las protestas.