Sánchez se libra de las visas doradas... pero han sido un dolor de cabeza en toda Europa

España tumba los bautizados como visados de oro, aprobados en 2013 bajo el mandato del Partido Popular, que permitían a ciudadanos extracomunitarios obtener ipso facto la residencia si invertían al menos medio millón de euros en bienes inmobiliarios en el país. El Gobierno de Pedro Sánchez busca así poner fin a la especulación que ha disparado los precios de la vivienda en todo el territorio nacional, especialmente en las grandes ciudades. La compra de nacionalidad o residencia, aunque ha sido popular en buena parte de la UE, está en extinción.

"Este tipo de inversiones tensionan el mercado, incrementan el precio de la vivienda y eliminándolas, vamos a amortiguar y paralizar este tipo de especulación", ha justificado este martes Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que ha cuantificado en más de 14.000 las residencias obtenidas en la última década por esta vía. El de las visas y los pasaportes dorados es un problema que genera grandes quebraderos y dilemas en la UE desde hace tiempo. Según los cálculos que maneja Bruselas, en una investigación fechada en 2019, Bulgaria exigía un mínimo de inversión de un millón de euros a cambio de la ciudadanía; Chipre lo fijaba en dos millones más alguna propiedad en el país; y Malta en 650.000 euros además de vínculos inmobiliarios, ya sea por compra o alquiler.

En la Unión Europea hay tres categorías: los países que no cuentan con ningún esquema de este tipo, como es el caso de los nórdicos o Alemania. Los que, como España, sí dan la posibilidad de pagar por el permiso de residencia, como los vecinos Francia, Italia o Grecia. O los que van más allá como Malta y ofertan pasaportes dorados, que dan acceso directo a la nacionalidad. En los últimos meses, muchos países han comenzado a recular, en línea con la estrategia española. El año pasado, Irlanda ya derogó el permiso de residencia por inversión y esta también fue una promesa del primer ministro portugués, Antonio Costa, antes de presentar su dimisión. Bulgaria lo enterró hace dos años. Y Países Bajos también ha hecho lo propio.

Los principales ojos de Bruselas se han depositado sobre Malta y Chipre, países a los que abrió un procedimiento de infracción en 2020 alegando que obtener la ciudadanía de un Estado miembro a través de pagos premeditados y sin necesidad de contar con un vínculo real con el territorio "socavan la esencia de la ciudadanía europea". Poco después, Nicosia lo abolió como medida para "restaurar la reputación del país" y tras varios escándalos y más de dos décadas en vigor, que habían dejado en las arcas nacionales más de 9.000 millones de euros. En 2022, el Ejecutivo comunitario fue un paso más allá denunciando a La Valeta ante la Justicia europea.

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E. Sanz

Un informe del Parlamento Europeo, fechado en 2018, pone de relieve que la de los visados y pasaportes de oro es una medida discriminatoria, injusta, peligrosa y poco transparente. "Los críticos alegan que abre el camino para la corrupción y los delitos porque los segundos y terceros pasaportes son con frecuencia utilizados por delincuentes para cometer delitos, evadir impuestos y lavar dinero", recoge. El texto añade que los beneficiarios se aprovechan a su vez de la libertad de movimiento en suelo comunitario. En el otro lado, sus defensores aluden a la ventana de oportunidad que abre para atraer inversiones extranjeras.

La Eurocámara aprobó en marzo de 2022 por una abrumadora mayoría una iniciativa legislativa instando a la Comisión Europea a proponer medidas comunes en todo el bloque que atajasen "el blanqueo de capitales y la corrupción" que genera una práctica a la que los eurodiputados se refieren como un método "objetable desde el punto de vista ético, jurídico y económico". "Estos sistemas solo sirven para que personajes oscuros que no podrían entrar por la puerta principal entren por la de atrás. Es hora de cerrar esa puerta, para que los oligarcas rusos y otras personas que se sirven del dinero negro se queden fuera. Los Gobiernos de los Estados miembros se han negado a abordar el problema, alegando que no era un asunto de la Unión Europea. Ya no pueden seguir eludiendo la cuestión", apuntó por entonces la ponente Sophie In’t Veld, eurodiputada neerlandesa de Renovar Europa.

Rusia, en el centro de la diana

En 2009, por ejemplo, un político de Austria propuso a un inversor ruso invertir 5 millones de euros en el país —una parte iría destinada a financiar su partido— a cambio de obtener la nacionalidad. Desde la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, el debate sobre los visados dorados ha cobrado especial relevancia en los pasillos de la capital europea. Apenas un mes después de que Vladímir Putin desplegase sus tanques a ocho kilómetros de Kiev, la Comisión Europea emitió una recomendación exhortando a los Estados miembros a derogar "todos los regímenes de ciudadanía para inversores existentes" y a "garantizar controles estrictos" para evitar que nacionales rusos o bielorruso que están sujetos a las sanciones europeos o que apoyan la guerra de agresión puedan beneficiarse de privilegios como la libertad de movimiento por el espacio Schengen.

"Los valores europeos no están a la venta. Consideramos que la venta de la ciudadanía a través de pasaportes dorados es ilegal con arreglo al Derecho de la UE y plantea graves riesgos para nuestra seguridad. Abre la puerta a la corrupción, el blanqueo de capitales y la elusión fiscal. Todos los Estados miembros afectados deben poner fin inmediatamente a sus regímenes de ciudadanía para inversores. Además, deben evaluar si deben revocar los pasaportes de oro ya concedidos a personas sancionadas y a otros que apoyen significativamente la guerra de Putin", espetó por aquel entonces Didier Reynders, comisario de Justicia. Bruselas lleva tiempo mostrando su malestar por estas prácticas, sin embargo, la obtención o pérdida de ciudadanía es una competencia nacional.