Francia pone coto a los 'modernos' rurales: si te mudas al campo, no te quejes de las vacas

A primera vista, nadie sospecharía que el lugar amerite una noticia. Situado a unos 15 kilómetros de Beauvais (norte de Francia), el pueblo de Saint-Aubin-en-Bray se caracteriza por su belleza arquitectónica. Las casas de estilo normando —fachadas de madera con decoraciones geométricas— se alternan con las construcciones de ladrillo rojo arquetípicas de la región septentrional de Hauts-de-France. En las calles, pasadas las cuatro de la tarde, cuesta cruzarse con algún peatón. Y, sin embargo, el nombre de esta localidad más que tranquila ha aparecido con frecuencia en los últimos años en la prensa francesa. ¿El motivo de ello? Aquí tuvo lugar uno de los conflictos más mediáticos entre agricultores y vecinos.

El Tribunal de Apelación de Lille condenó en diciembre del año pasado a la familia Verschuere a una multa de más de 100.000 euros. Un severo castigo que llegó tras un pulso judicial de más de una década, con seis vecinos que denunciaron a esos granjeros por los ruidos y olores de sus vacas, encerradas en una granja construida cerca del centro urbano de Saint-Aubain-en-Bray. La FNSEA —principal sindicato agropecuario en Francia—convirtió ese episodio en un ejemplo paradigmático, según ella, del agro-bashing. Es decir, de la hostilidad que sufren los agricultores por parte de aquellas personas que se instalaron recientemente en localidades del campo, también conocidas como los neorrurales.

“El caso Verschuere y su mediatización tocaron la fibra de muchos franceses y están detrás de la nueva ley”, explica a El Confidencial el abogado Timothée Dufour, que representa a la familia Verschuere y suele defender a agricultores en casos de este tipo. Se refiere a una legislación aprobada en abril por el Legislativo francés y que tiene como objetivo proteger a los propietarios agrícolas ante posibles reproches por parte de los vecinos. Esta va en la misma línea de otro texto adoptado en 2021, inspirado por el famoso caso del gallo Maurice y que pretende proteger el “patrimonio sensorial de los ruidos y los olores” del mundo rural.

La nueva ley comportará que un nuevo residente no pueda denunciar los efectos nocivos de una actividad (ruidos, olores…) que ya existía antes de que se instalara en ese lugar. Es una de las principales respuestas dadas por el Gobierno de Emmanuel Macron al malestar del campo, cuyos trabajadores protagonizaron a principios de año movilizaciones con una gran repercusión mediática. Por primera vez desde el inicio de esta crisis europea en el sector primario, el presidente francés recibió el 2 de mayo en el Elíseo a los representantes de las principales organizaciones agropecuarias. Aunque el dirigente liberal reconoció que los motivos del malestar agrícola perdurarán, ese encuentro fue una manera de pasar página de los momentos más convulsos de este pulso social.

“Esta ley ha llegado dos años tarde para mí”

Para calmar la rabia del campo, el Ejecutivo galo ha apostado por medidas diversas, muchas de corte simbólico y destinadas a mimar a los grandes sindicatos agropecuarios. Son ejemplos de ello la mencionada ley sobre los conflictos de vecindario u otra debatida en mayo en la Asamblea para considerar la agricultura como un “interés general superior”, lo que reforzará la posición de los productores en eventuales pleitos por cuestiones medioambientales.

“Por desgracia, esta ley ha llegado dos años tarde para mí (…), pero me parece muy positivo que se tenga en cuenta la evolución normal de la actividad”, explica Vincent Verschuere, de 36 años, quien comparte con su madre las riendas de la granja multada en primera instancia en 2022 y luego en diciembre de 2023. Esta se encuentra a apenas 20 metros de las viviendas de los vecinos que los denunciaron y a un centenar de la iglesia y el Ayuntamiento del pueblo. Según la legislación gala, los establos deben estar a una distancia mínima de unos 50 o 100 metros, en función de su tamaño, de los otros domicilios.

“Soy la cuarta generación de mi familia que trabaja en esta granja. Siempre ha estado en el mismo sitio”, se defiende Vincent tras bajar de su tractor y hacer una pausa en sus labores. A su lado se sitúa un gran establo donde viven sus 260 vacas. Representa el objeto principal de la controversia que hizo que esta familia tenga ahora “una espada de Damocles encima”. Tras haber pagado una multa de 106.000 euros, ahora está a la espera de que la justicia le valide una serie de reformas de las instalaciones. En caso contrario, podría verse obligada a destruir este establo, en el que ha invertido 600.000 euros.

“Los neorrurales quieren vivir en un lugar tranquilo”

El abogado Bruno Paviot, representante de los vecinos que denunciaron y ganaron el mediático caso, considera que la responsabilidad no se debe a unos habitantes demasiado quisquillosos, sino a la administración. Los Verschuere, según él, “son víctimas del Estado y hubieran podido obtener una indemnización, ya que primero les dieron un permiso de obras para construir el establo y luego se lo retiraron en 2013”. “Mis clientes sufrieron durante años el ruido y los olores de los animales, además de tener sus casas llenas de moscas”, añade.

"La gente ya no soporta tener que esperarse mientras mis vacas cruzan por la carretera"

Hace falta caminar unos pocos minutos por un camino de tierra, pasar una esquina en que la familia de agricultores colgó dos galardones que les dieron la pasada década y fácilmente uno llega donde vivía hasta hace poco uno de los denunciantes. “Me dijo que todas las mañanas los despertaba el mugido de las vacas (…), pero me parece un ruido normal. Es posible que la gente de la ciudad no esté acostumbrada a ello”, explica Thibault Sipreter, de 27 años, que trabaja en la agroindustria y se mudó recientemente a esa casa. “Cada vez hay más parisinos por aquí y estos siempre quieren tener razón”, agrega.

“Antes la gente que se iba a vivir al campo intentaba adaptarse, pero ahora los neorrurales quieren vivir en un lugar tranquilo, sin olores. Desde hace cinco años, no para de crecer el agro-bashing”, asegura Pol Devillers, responsable de asuntos internacionales de los Jóvenes Agricultores, el segundo sindicato agropecuario con un mayor número de afiliados. Este sindicalista tiene una granja en la que produce leche y lamenta que sus vecinos resultan cada vez más quisquillosos: “La gente ya no soporta tener que esperarse mientras mis vacas cruzan por la carretera o se quejan porque dejan tierra sobre el asfalto. Cada vez más personas que viven en los pueblos se muestran reacias con las actividades agrícolas”.

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Hace cinco años el caso del gallo Maurice en la isla del Oléron (oeste del territorio galo) hizo correr ríos de tinta y generó más de una carcajada. Unos veraneantes que vivían enfrente de la propietaria del famoso gallo no solo se quejaron de que este cantaba demasiado pronto por la mañana, sino que denunciaron esa situación. Finalmente, los jueces permitieron al ave que siguiera haciendo quiquiriquí cuando le placiera. Más adelante, hubo otro caso de ciudadanos que se quejaron del ruido de las cigarras en un pueblo en el sur de Francia; otros querían impedir que las abejas defecaran y esparcieran el polen sobre la ropa tendida y una turista pidió que retrasaran la hora en que sonaban las campanas en Bondons(centro) para dormir más.

¿Un problema real, o solo aparente?

“Solo hace falta leer la prensa local y ver que los casos de este estilo se producen con regularidad. Hay una nueva generación que no soporta los olores ni los ruidos del campo”, sostiene Dufour. Sin embargo, este abogado, afín a la FNSEA, reconoce la falta de cifras para determinar este fenómeno: “Un informe parlamentario de 2020 menciona 490 casos de conflictos entre vecinos por el medioambiente, pero se desconoce cuántos de ellos tuvieron lugar en el campo”.

Esta aparente mayor conflictividad entre agricultores y vecinos se ha relacionado con la llegada de nuevos habitantes al campo durante la crisis del covid-19. Pese a las múltiples especulaciones hace cuatro años sobre el “mundo de mañana”, en el caso de Francia, informes recientes cuestionan que haya habido un “éxodo al campo” (Le mythe de l’exode urbain - La Grande Conversation). La instalación de urbanitas en zonas rurales ha seguido, de hecho, una tendencia parecida a los años previos a la pandemia.

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Durante el debate parlamentario sobre la nueva ley, sus detractores advirtieron sobre el riesgo de legislar guiándose por “el fantasma” de los nuevos habitantes en el campo. “La imagen a menudo fantasmeada de los neorrurales no debe hacernos olvidar que son aquellas categorías rurales que viven en el campo desde hace generaciones las que se quejan de que pongan en peligro sus condiciones de vida”, dijo en el hemiciclo la diputada ecologista Sandrine Rousseau. Así sucedió con el mediático caso de los Verschuere, cuyos denunciantes “eran oriundos de esa región y vivían en ese pueblo desde hacía años”, defiende Paviot.

Detrás de muchos conflictos entre agricultores y vecinos, hay historias más complejas y menos caricaturescas que la del gallo Maurice. Difícilmente una ley pondrá coto a estas situaciones, más allá de satisfacer a los grandes sindicatos agropecuarios (FNSEA y Jóvenes Agricultores). Ellos han sido los grandes vencedores del pulso en el campo de los últimos meses. Macron se ha decantado por ellos. Y ha decidido mimarlos.