La presidenta de Georgia veta la polémica "ley rusa" tras semanas de protestas sociales

La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili ha vetado la polémica ley de agentes extranjeros, más conocida como "ley rusa", aprobada en tercera lectura esta semana por el parlamento del país del Cáucaso, según ha confirmado en un discurso oficial publicado en la web de la presidencia. La decisión sucede tras las mayores protestas masivas en las calles de Tiflis desde su independencia de la Unión Soviética en 1991.

"Hoy he vetado la 'ley rusa'; una que, en esencia, contradice nuestra Constitución y todas las normas europeas y representa un obstáculo para el camino europeo", ha hecho saber Zurabishvili, que ha añadido que el veto "está legalmente justificado" y será enviado este mismo sábado ante el Parlamento, en una decisión que provoca un nuevo encontronazo entre la presidenta y el partido del Gobierno, Sueño Georgiano, que ha impulsado esta medida y que en principio estaría capacitado para anular el veto presidencial en la cámara al contar con una mayoría suficiente.

La normativa, llamada Ley de Transparencia de Influencia Extranjera, es similar a la legislación rusa de "agentes extranjeros", con la que Moscú marca a los críticos contra el Gobierno. La ley obliga a organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 % de su financiación del exterior a registrarse como "agentes que defienden los intereses de fuerzas extranjeras". En caso de no registrarse serán sujetas a multas cuantiosas, de más de 8.000 euros.

Las autoridades georgianas, que han impulsado esta medida, siguen defendiendo que cumple únicamente el principio de transparencia y que, por ello, mejorará la soberanía y acercará el país a la Unión Europea. Otros, en cambio, creen que significa un espaldarazo a las políticas del Kremlin y Vladímir Putin, y que los alejará de Bruselas.

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Mónica Redondo

Georgia consiguió el estatus de candidato a la UE en diciembre de 2023, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya expresó a comienzos de mayo su preocupación por el futuro del país tras la aprobación de esta ley. "Los ciudadanos de Georgia están manifestando su fuerte compromiso con la democracia, y su gobierno debería escuchar este mensaje claro: los georgianos quieren un futuro europeo para su país", indicó.

El gobierno de Georgia ya intentó poner en marcha un primer proyecto de esta ley en 2023, que acabó siendo frenado en el Parlamento después de grandes movilizaciones sociales en las calles.