"No fue un accidente, el Gobierno les traicionó": el peor escándalo sanitario de la historia de UK

"Este desastre no fue un accidente. La gente puso su fe en los médicos y en el gobierno para mantenerlos a salvo, y su confianza fue traicionada una y otra vez". El juez retirado Brian Langstaff apenas había empezado a hablar este lunes ante el Westminster Central Hall cuando la sala entera irrumpió con un gran aplauso. Las víctimas de las transfusiones con sangre contaminada en las décadas de los 70 y 80 llevaban años pidiendo que saliera a la luz la verdad. Finalmente han logrado su propósito.

La investigación sobre uno de los mayores desastres sanitarios de la historia del país ha publicado finalmente sus conclusiones. “El gobierno sostuvo repetidamente que las personas recibían el mejor tratamiento disponible y que las pruebas de las donaciones de sangre comenzaban tan pronto como la tecnología estaba disponible. Ambas afirmaciones eran falsas”, ha recalcado el magistrado retirado, al frente de una pesquisa iniciada en 2018.

Alrededor de 30.000 personas que requirieron transfusiones de sangre y medicamentos para la hemofilia en la Sanidad pública (NHS) fueron expuestas a sangre contaminada con VIH, hepatitis B, C y enfermedades virales crónicas, resultado de la falta de análisis eficaces que controlasen las donaciones. Más de 3.000 personas —entre ellas, niños utilizados como conejillos de indias— perdieron la vida y la cifra sigue subiendo semana tras semana.

Durante años, los sucesivos gobiernos laboristas y conservadores ocultaron el escándalo, ignorando a las víctimas “de forma reiterada”. Langstaff asegura que el riesgo de infección por transfusiones de sangre se conocía, al menos, desde la década de 1940, pero en el Reino Unido no se hizo nada al respecto, es más, se siguió importando productos sanguíneos del extranjero, entre ellos de Estados Unidos, donde a prisioneros y drogadictos se les pagaba por donar. “Eso estuvo mal”, añade.

El riesgo de infección por transfusiones de sangre se conocía desde la década de 1940, pero en el Reino Unido no se hizo nada al respecto

Al ocultar a los pacientes que estaban infectados se permitió que contagiaran también a sus familiares, llevándoles en muchos casos al ostracismo social por el estigma que existía entonces respecto al sida y otras enfermedades sanguíneas. El paquete de compensaciones superará ahora los 12.000 millones de euros. Pero para las víctimas, lo importante es hacer justicia. “Ahora el país y el mundo entero sabe que hubo un intento deliberado de mentir y ocultar”, afirma el activista Clive Smith. No obstante, nadie irá a la cárcel.

La investigación concluye que los sucesivos gobiernos estaban “más preocupados por el daño a la reputación que por la apertura y la honestidad”. “La respuesta a la pregunta ‘¿hubo un encubrimiento?’ es que lo ha habido. No en el sentido de un puñado de personas tramando una conspiración orquestada para engañar, sino de una manera más sutil, más penetrante y más escalofriante en sus implicaciones. De esta manera, se ha ocultado gran parte de la verdad”, asevera.

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El NHS participó en un “cierre de filas defensivo” en lugar de emprender investigaciones o disculparse ante los miles de infectados. Hubo “fracasos sistémicos, colectivos e individuales para abordar de manera ética, adecuada y rápida el riesgo de transmisión de infecciones por la sangre”. Uno de los capítulos más demoledores es el dedicado a la tragedia que se desarrolló en el Lord Mayor Treloar College, una escuela de Hampshire en una clínica de hemofilia. De los 122 pacientes con hemofilia que asistieron a la escuela entre 1970 y 1987, solo 30 siguen vivos.

Los menores fueron utilizados como una oportunidad experimental “única”, suministrándoles “indiscriminadamente” productos sanguíneos que resultaron estar contaminados con VIH y hepatitis C, sin informarles ni a ellos ni a los progenitores. Un pasaje desgarrador detalla cómo se les dijo a los escolares que habían sido infectados con el VIH: “El personal recorrió la sala diciendo 'SÍ, NO, SÍ, NO' para indicar si eran VIH positivo. Luego, los niños fueron enviados de regreso a clase”.

Los médicos trataron a los pacientes con volúmenes cada vez mayores de medicamentos para la coagulación de la sangre a pesar de los riesgos conocidos de infección viral y sin informarles al respecto. Dieron “falsas garantías” a los pacientes y no ajustaron sus regímenes de tratamiento para hacerlos más seguros.

En las décadas de 1980 y 1990 se perdieron o destruyeron tres conjuntos cruciales de documentos que presentaban una mala imagen del gobierno. El informe asegura que se trató de “un intento deliberado de hacer que la verdad sea más difícil de revelar”. Los archivos destruidos incluyen aquellos que detallan cuántas personas podrían haberse salvado de la infección por hepatitis C. Los registros médicos de pacientes individuales también se perdieron o destruyeron, lo que dificultó la tarea de los investigadores a la hora de buscar testimonios o comprender cómo y cuándo se infectaron.

Incluso después de que los médicos supieran que las transfusiones de sangre podían ser mortales, no informaron a los pacientes, a quienes no se les permitió opinar sobre el tratamiento que recibieron. Los médicos también realizaron pruebas de VIH y hepatitis a los pacientes sin su consentimiento, y en ocasiones les ocultaron los resultados durante años. “Esto negó a los pacientes la oportunidad de recibir tratamiento o de evitar que se transmitiera a sus seres queridos”, señala el informe.

Por otra parte, a pesar de conocer los riesgos de la sangre importada, el Reino Unido no logró alcanzar la “autosuficiencia” en tratamientos sanguíneos hasta 1990. Esto significó que a lo largo de la década de 1980, el NHS continuó importando el factor VIII, tratamiento de plasma sanguíneo para la coagulación de la sangre, de Estados Unidos, donde los fabricantes pagaban a donantes de alto riesgo, incluidos reclusos y consumidores de drogas.

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Mientras tanto, los servicios de sangre del Reino Unido continuaron recolectando donaciones de las prisiones británicas hasta 1984, a pesar de que desde principios de la década de 1970 se advirtió al departamento de salud que no era seguro.

Desde mediados de 1982 el gobierno era “muy consciente de la posibilidad de transmisión del sida por la sangre”. A pesar de esto, Ken Clarke, quien fue ministro de salud durante el período clave de marzo de 1982 a septiembre de 1985, se mantuvo firme en la afirmación de que “no había pruebas concluyentes” de que el sida pudiera transmitirse a través de productos sanguíneos. El informe recalca que esta línea, aunque “técnicamente correcta”, era “indefendible, engañosa y daba falsas garantías” sobre el peligro de los productos sanguíneos.

Margaret Thatcher también es criticada por aceptar y repetir informes de que los pacientes habían recibido el “mejor tratamiento disponible” a pesar de que no había “base fáctica” para la afirmación. Se hicieron las mismas afirmaciones en reuniones informativas con su sucesor, John Major cuando este era primer ministro, pero nunca fueron cuestionadas. El encubrimiento continuó con los sucesivos gobiernos laboristas.

El hecho de que a día de hoy el ejecutivo actual de Rishi Sunak no haya establecido sus planes de compensación en los dos años transcurridos desde que se recomendaron por primera vez los pagos se considera un “fracaso grave que reproduce los errores del pasado” y “agrava el daño que ya se ha infligido”, perpetuando la misma falta de apoyo que las víctimas llevan sufriendo “durante casi medio siglo”. Miles de pacientes aún no saben que podrían ser víctimas del escándalo. Esto incluye dos tercios de los que recibieron transfusiones de sangre entre 1965 y 1974, y tres cuartas partes de los niños que recibieron transfusiones de sangre entre 1975 y 1984.