La empresa de la mina de uranio de Salamanca inicia un arbitraje contra España y reclama 920 M

Berkeley ha cumplido con sus intenciones y este martes ha informado que ha iniciado un procedimiento de arbitraje contra España. La compañía, a través de su filial Berkeley Exploration Limited, ha presentado una solicitud de arbitraje para sus inversiones en España y, por tanto, ha iniciado el procedimiento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la situación de su mina de uranio en Retortillo (Salamanca)

La compañía ha justificado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dicha decisión, ya que las acciones de España contra Berkeley Minera España y su proyecto de Salamanca han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y, como parte de su solicitud, busca una compensación preliminar de 1.000 millones de dólares (920 millones de euros).

La compañía, en noviembre de 2022, ya presentó un comunicado por escrito de una disputa sobre inversiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), liderado por Teresa Ribera, informándoles de la naturaleza de la disputa y las violaciones del Tratado sobre la Carta de la Energía y propuso iniciar las negociaciones para una solución amistosa.

Desde entonces, el Gobierno no ha entablado ningún tipo de negociación sobre dicha disputa y Berkeley ha presentado su solicitud ante el CIADI para hacer valer sus derechos en el proyecto de Salamanca a través de un arbitraje internacional. La solicitud ha sido presentada conjuntamente por equipos de especialistas de Herbert Smith Freehills Spain LLP y LCS Abogados que representarán a la compañía en el procedimiento de arbitraje.

A pesar de la disputa sobre inversiones, Berkeley sigue comprometida con el proyecto de Salamanca y continúa abierta a un diálogo constructivo con España. Así, está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una solución amistosa a la situación de los permisos y tiene la esperanza de que puedan tener lugar debates en el corto plazo.