El Parlamento de Georgia anula el veto presidencial y aprueba la polémica Ley Rusa

Georgia no sale de su atolladero político. Después de un complicado trámite legislativo, el Parlamento del país ha dado luz verde a la polémica Ley Rusa. El proyecto de ley fue aprobado en su tercera y última lectura la semana pasada, pero fue vetado por la presidenta del país, Salomé Zurabishvili. Este martes, el partido gobernante, Georgian Dream, utilizó su mayoría en el Parlamento para anular el veto y sacar adelante la medida de forma definitiva.

La Ley Rusa ha provocado protestas desde hace semanas, especialmente en Tbilisi, por su parecido con la normativa aprobada por el Kremlin en 2012 y considerada como un mecanismo para perseguir a la disidencia. Según esta medida, los medios de comunicación y las ONG deberán registrarse como "defensores de los intereses de una potencia extranjera" si reciben más del 20% de sus fondos del exterior. Según las autoridades, el 80% del dinero que financia medios y ONG en Georgia es poco transparente y puede ser destinado a acciones de desestabilización de cara a las elecciones parlamentarias de octubre de este año.

En total, 84 diputados de los 104 que estaban presentes en el Pleno votaron a favor del proyecto de ley. La votación ha puesto de relieve la división política en el país, especialmente entre Georgian Dream, cercano a Rusia, y la presidente, a favor de la integración de Georgia a la UE y de un distanciamiento de las políticas del Kremlin. En las calles, miles de personas se han manifestado en contra del Gobierno y han salido a las calles con banderas de la UE. Frente al Parlamento, los georgianos han mostrado su descontento con pancartas con lemas como "No a la Ley Rusa" y "Traidores", en referencia a los miembros del Ejecutivo. Además, han vaticinado una "estrepitosa derrota" del partido oficialista en los comicios si la ley sigue adelante.

Josep Borrell, el alto comisario de Asuntos Exteriores de la UE, ha emitido un comunicado después de la decisión del Parlamento, y ha lamentado que los diputados hayan hecho "caso omiso" los detallados argumentos jurídicos de la Comisión de Venecia que llevaron a una clara recomendación de derogar esta ley. "La UE ha subrayado repetidamente que la ley adoptada por el Parlamento de Georgia va en contra de los principios y valores fundamentales de la UE. Su promulgación provoca un retroceso en al menos tres de los nueve pasos establecidos en la recomendación de la Comisión para el estatus de candidato respaldada por los líderes de la UE y tendrá un impacto negativo en la situación de Georgia y en su camino hacia la UE", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que las autoridades georgianas todavía están a tiempo de revertir esta tendencia, "pero se necesita un fuerte compromiso por parte de las autoridades gobernantes". Por su parte, el diputado del partido oficialista Irakli Kadagishvili, ha advertido que "hablar con Georgia con un lenguaje de chantaje y sanciones es contraproducente". Según el parlamentario, "la medida no amenaza a la asociación estratégica con Estados Unidos ni a las relaciones con la UE".

Georgian Dream ya había intentado aprobar la ley el año pasado, pero finalmente tuvo que dar marcha atrás tras una enorme oleada de manifestaciones. Finalmente, volvieron a intentarlo en marzo de 2024, con el argumento de que esta legislación resultaba necesaria para lograr mayor transparencia y frenar la supuesta influencia extranjera y los intentos de desestabilización de la política georgiana.

Las protestas contra la Ley Rusa, tanto las de este año como las de 2023, han puesto de relieve el temor de los georgianos a acercarse a Rusia y alejarse de la UE. "El Gobierno no pensaba que la sociedad se consolidaría y se fortalecería tanto contra el proyecto de ley. Tampoco esperaban que perderían el poder en las calles y por eso están acosando a los manifestantes con gases lacrimógenos y cañones de agua. Es duro de ver, pero también refleja la inhabilidad para parar las protestas", explicó Giorgi Pachuashvili, activista cofundador del movimiento Question Mark a favor de la integración del país en la UE, en una entrevista anterior con El Confidencial.

A pesar de la presión en las calles, Georgian Dream ha seguido adelante con su proyecto. Si después de la votación y en un plazo de cinco días la presidenta se niega a firmar la ley, podrá hacerlo el jefe del Parlamento, según la normativa vigente.