La yakuza ahora roba cartas de Pokémon. El nuevo pez gordo del crimen en Japón es este

La época dorada de la yakuza empieza a ser un recuerdo idealizado, lejano, lleno de mitos y plasmado en muchas de las películas de Takeshi Kitano. Las glamurosas y prósperas bandas de los años 70 y 80 se han convertido en viejos mafiosos obligados a esconderse y debilitados por una serie de legislaciones antiyakuza y unos policías que ya no los necesitaban para enriquecerse. Estos heraldos del crimen organizado no solo ya no tienen el monopolio de las actividades criminales en Japón, sino que han quedado reducidos a la casi nada, tratando de sobrevivir como delincuentes comunes.

Para muestra, un botón. A finales de abril, la Policía Metropolitana de Tokio arrestó a Keita Saito, un kanbu o ejecutivo de la pandilla Takinogawa, una rama del Sumiyoshi-kai, el segundo sindicato del crimen organizado más poderoso de Japón. Saito fue acusado de robar bienes por valor de 252.000 yenes (1.500 euros), incluyendo 25 cartas de Pokémon, populares cartas coleccionables basadas en la saga de videojuegos lanzada por Nintendo en 1996. Tradicionalmente, los miembros de la yakuza desarrollaban actividades como el chantaje, la prostitución, el tráfico de drogas, la usura, la explotación de jornaleros y los delitos de cuello blanco. Estas organizaciones criminales también controlaban hoteles, restaurantes, bares, empresas de transporte e incluso agencias de empleo El arresto de Saito llamó la atención por la situación inusual de ver a un miembro de pleno derecho de la yakuza, y mucho menos a un ejecutivo, arrestado por hurto menor.

Paralelamente, en Japón está surgiendo una nueva forma de organización criminal: el tokuryū. No se trata de un grupo organizado, sino más bien un consorcio. La Agencia Nacional de Policía japonesa acuñó el término combinando la palabra "tokumei", que significa "anónimo", y "ryūdo", "fluido". Este concepto describe a individuos que se dedican a actividades delictivas a tiempo parcial, una suerte de semi-gánsteres, que operan sin conocerse entre sí, fuera de cualquier estructura jerárquica y sin los códigos de conducta típicos de los yakuza, funcionando como si fuera una especie de "Uber del crimen". Estos delincuentes, conocidos por su capacidad de dispersarse tan rápido como se agrupan, realizan misiones ocasionales denominadas "yami-baito", que se traduce como "trabajo deshonesto temporal".

Asesinatos, atracos, robos, tráfico de drogas, estafas, fraude, corrupción... La variedad de crímenes es abrumadora, y sus ejecutores van desde ciudadanos comunes hasta individuos con vínculos con los sindicatos del crimen tradicionales. Estos últimos han encontrado en esta táctica una manera de esquivar las leyes que, desde 2010, criminalizan la pertenencia a grupos organizados. “La extensión geográfica de sus actividades es notable, llegando incluso al extranjero”, destaca The Japan Times.

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Un claro ejemplo de esta compleja dinámica es la infame red criminal conocida como "Luffy", cuyas operaciones se extendían desde las islas de Filipinas hasta las profundidades de los mercados clandestinos. Más de 30 miembros de este grupo han sido extraditados a Japón, entre ellos se incluyen antiguos miembros de la yakuza. Otros grupos de tokuryū han forjado alianzas con pandillas tradicionales y se sospecha que comparten ganancias con ellos. Estos grupos también han sido detectados operando en países como Camboya, Tailandia y Vietnam, conocidos por haber sido lugares de actividad histórica de la mafia japonesa.

Más recientemente, el misterioso asesinato de una pareja cuyos cuerpos fueron descubiertos en Nasu, en la prefectura japonesa de Tochigi, ha desconcertado a las autoridades. Los esfuerzos por identificar al autor principal se han visto obstaculizados por la falta de conexiones evidentes entre los sospechosos, quienes parecen haber sido contratados sin ningún vínculo aparente con la figura anónima que se presume orquestó el crimen.

Desde principios de abril de 2024, la policía japonesa ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra el tokuryū, creando una unidad especial de 500 investigadores distribuidos en siete prefecturas. “El verdadero reto es abordar la criminalidad interregional, lo que implica romper las barreras entre las fuerzas policiales prefecturales”, afirmó Yasuhiro Tsuyuki, comisario general de la Agencia de Policía, en una conferencia de prensa en diciembre pasado. Según informes policiales, muchos de estos criminales a destajo se han visto envueltos en actividades ilegales al postularse para yami-baitos a través de la presión de amigos, personas mayores o contactos en redes sociales.

El investigador de criminología Noboru Hirosue, profesor de la Universidad Ryukoku y exfuncionario del Ministerio de Justicia, explicó a The Japan Times que la proliferación de los tokuryū se debe a las estrictas ordenanzas contra el crimen organizado, que penalizan la afiliación a grupos delictivos. Tradicionalmente, los yakuza coexistían con las comunidades locales, ofreciendo servicios como “protección” a negocios. Sin embargo, las nuevas regulaciones prohíben a los residentes hacer negocios con ellos, exponiendo a las empresas vinculadas a los yakuza en sitios web gubernamentales y enfrentándolas a posibles repercusiones financieras como la pérdida de clientes y mayores obstáculos para obtener créditos bancarios, explica Hirosue.

A sus miembros se les prohíbe abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito, suscribir pólizas de seguros e incluso firmar contratos para teléfonos móviles. Estas medidas han forzado a los yakuza a operar en la clandestinidad y en los bajos fondos, permitiendo que esta nueva generación de delincuentes, jóvenes y adeptos a la tecnología, asuma un papel prominente al no estar sujetos a las mismas leyes restrictivas. Tras continuas operaciones contra la yakuza, su membresía disminuyó a 20,400 personas el año pasado, después de llegar a un pico de más de 180.000 en la década de los 60, por la dificultad de encontrar nuevos reclutas.

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No solo las medidas represivas han funcionado para la erradicación de la yakuza y evitar que las nuevas generaciones se interesen en su membresía. El envejecimiento de la organización y de sus miembros, que refleja el del país, añade a la pérdida de atractivo para los jóvenes que querían obtener dinero rápido y fácil. Todo lo contrario que el tokuryū, que funciona como si fuera una aplicación más de las decenas de miles que podemos encontrar en nuestros móviles y que ofrece todo tipo de trabajos amparados por el anonimato. Un fenómeno nuevo, más atractivo, más flexible y mucho más inquietante para la policía japonesa. Por eso, ha hecho sonar la señal de alarma en los altos estamentos políticos de Tokio.