¿Está la UE preparada para la 'eurocorrupción' a gran escala de los nuevos fondos europeos?

Recientemente, se ha destapado el primer gran caso de corrupción relacionado con el Fondo de Recuperación, el instrumento de cerca de 800.000 millones de euros que la Unión Europea puso en marcha para reactivar la economía tras la pandemia de coronavirus. La investigación de las autoridades italianas destapó un fraude de cerca de 600 millones de euros y por el que se produjeron detenciones en Italia, Austria, Rumanía y Eslovaquia. La noticia no llegó como una sorpresa para Bruselas. Cuando la Comisión Europea diseñó el Fondo de Recuperación, pensado para canalizar cuanto más dinero en menos tiempo sea posible, con la fecha límite de 2026, sabían que ejecutarlo sería enormemente complejo y que habría, tarde o temprano, casos de corrupción.

Desde el inicio, algunas fuentes comunitarias expresaron la necesidad de que las autoridades nacionales de los Estados miembros más beneficiados por el fondo, especialmente España e Italia, reforzaran los controles para evitar una historia de deslegitimación hacia este nuevo instrumento. ¿La razón? Detrás de la oposición a la idea de este fondo por parte de algunos países fiscalmente conservadores, como Dinamarca o Países Bajos, hay una cuestión supuestamente ética. Muchos políticos de estos Estados miembros creen que los sureños no son lo suficientemente responsables con su dinero. Nadie expresó mejor este estereotipo que el holandés Jeroen Dijsselbloem, que en 2017, cuando era presidente del Eurogrupo, el foro de ministros de Finanzas de la Eurozona, habló de la necesidad de que los países del sur fueran responsables: "No puedo gastarme todo mi dinero en licor y mujeres y a continuación pedir ayuda".

Poco después del caso italiano, el portal de información europea Politico publicó que las autoridades griegas están estudiando un posible caso de fraude relacionado con 2.500 millones de euros del mismo Fondo de Recuperación. De manera que la pregunta que algunos se hacen es: ¿está la Unión Europea preparada para lidiar con un aumento significativo de los casos de corrupción? La Unión Europea mueve miles de millones de euros en distintas partidas en los 27 países, y los casos de uso indebido de estos fondos han existido desde siempre. Una de las funciones de la Comisión Europea es, de hecho, garantizar los intereses financieros de la Unión. La diferencia es que con el Fondo de Recuperación posterior al coronavirus hay más dinero en circulación, y, por lo tanto, más riesgo de corrupción o uso indebido.

La Unión Europea cuenta con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) que monitorea los casos de fraude y que se creó en 1999, precisamente después de que la Comisión Europea dirigida por Jacques Santer tuviera que dimitir entre acusaciones de uso indebido de fondos. En 2017, ante el riesgo de que algunos casos de fraude transfronterizo pudieran quedar impunes, se creó la Fiscalía Europea (EPPO) con base en Luxemburgo en la que participan muchos de los Estados miembros de la Unión, y que es la que está detrás de las investigaciones en Italia y en Grecia. Cuando en España hay algún caso de corrupción o de fraude relacionado con fondos europeos, también es la EPPO la que dirige las investigaciones.

La mayoría de los casos se producen por la presentación de documentación falsa, y afectan a todos los ámbitos que cubren los Fondos

Aunque la mayoría de los casos que investiga la EPPO tienen que ver con fraude del IVA, la institución, dirigida por la rumana Laura Kovesi, también investiga casos de fraude de fondos europeos, y tiene un foco especial en el Fondo de Recuperación, también conocido como NextGenEU. En total, la Fiscalía Europea tenía al cierre de 2023 unas 206 investigaciones activas, con un impacto estimado de más de 1.800 millones de euros. En el informe de actividad del año pasado, la EPPO señala que estos casos representan solamente el 15% de las investigaciones que abrió en 2023, pero que corresponden a casi un 25% de los fondos afectados por sus pesquisas. "Esto demuestra que el Fondo de Recuperación es un objetivo para los defraudadores", señala informe.

¿La razón? "Los grupos de delincuencia organizada consideran que el fraude del IVA y el fraude relacionado con los fondos de la UE es un 'área limpia': grandes beneficios, bajo riesgo y sin víctimas evidentes que denuncien estos delitos", señala Kovesi en la introducción del informe. La mayoría de los casos de fraude se producen por presentación de documentación falsa o insuficiente, y afectan a todos los ámbitos que cubre el Fondo de Recuperación: desde infraestructuras, hasta educación o la transición ecológica.

"En varios casos, los fraudes estaban relacionados con fondos que se habían transferido a los beneficiarios como pago inicial, para hacer frente a los gastos de la fase inicial de un proyecto. Estos beneficiarios resultan ser empresas ficticias u operadores económicos ficticios; los proyectos no se llevan a cabo efectivamente, y los fondos se transfieren inmediatamente a cuentas bancarias en el extranjero, con destino final en países no pertenecientes a la UE. En tales casos, por regla general, la EPPO inició también investigaciones sobre blanqueo de capitales", señala el informe de la fiscalía.

La EPPO tiene abiertos también varios expedientes en España, fundamentalmente relacionados con fraude en el caso del IVA, pero también monitorea otros casos. Recientemente, la institución con sede en Luxemburgo ha puesto el foco sobre el llamado 'caso Koldo' ante la posibilidad de que se hubieran utilizado fondos europeos por parte de los Gobiernos de Canarias y Baleares en la compra de mascarillas defectuosas. Pero en este caso no era dinero del Fondo de Recuperación, que representa el principal reto para la institución.

Desde Luxemburgo admiten que en 2023 se ha empezado a entender el funcionamiento de las redes criminales alrededor de los nuevos fondos europeos, que llevan funcionando desde 2021 y que están empezando a alcanzar la velocidad de crucero antes de que llegue la fecha de cierre del programa, en 2026. Pero este aumento de casos de fraude no sorprende a nadie en Bruselas. En 2021, Ville Itälä, director general de OLAF, ya advirtió de que existía un "alto riesgo" de fraude y criticó que los Estados miembros no hicieran obligatorio el uso de un sistema común para coordinar y monitorear el uso adecuado de los fondos.

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La Eurocámara advierte

El informe que aprobó en diciembre la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, relacionado con el ejercicio de 2022, apunta a la necesidad de lograr que los intereses financieros relacionados con el Fondo de Recuperación "estén sólidamente protegidos", argumentando que ese no es el caso en este momento "debido a fallos en los sistemas de información y control de los Estados miembros, a las características inherentes del modelo de gasto del Fondo de Recuperación, que presenta dificultades a la hora de evaluar la tasa de error, y a las limitaciones de la metodología de suspensión de pagos de la Comisión".

La comisión parlamentaria puso el foco especialmente en tres países: Finlandia, Irlanda y Polonia. Los eurodiputados, que aprobaron el informe por 17 votos a favor y dos abstenciones, pidieron a estos Estados miembros "que adopten estrategias nacionales de lucha contra el fraude para demostrar que se toman en serio la protección de fondos de la Unión Europea". En marzo de este año, Polonia, que cambió de Gobierno en diciembre, de los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS) a la coalición opositora liderada por Donald Tusk, se ha unido a la EPPO.