Aislamiento diplomático y sanciones: consecuencias a las que se enfrenta Israel por el caso de la CIJ

España ya forma parte de la lista de países que han solicitado integrarse en la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Con esta decisión, anunciada el jueves por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, España se une a países como México, Colombia o Nicaragua. Por el momento, España es el único país europeo que ha decidido unirse a la causa sudafricana por “indicios de genocidio” en la invasión israelí de Gaza.

Que Albares haya anunciado la unión de España a la denuncia no implica que la guerra en Gaza vaya a terminar. Más que algo efectivo, la acción supone un importante gesto simbólico. Sin embargo, tras esta decisión, el Gobierno tiene que facilitar información a la Corte con el fin de que la orden se pueda cumplir y vigilar a Israel para comprobar si el país está actuando acorde con lo dictado en el fallo.

La denuncia, presentada por Sudáfrica en solitario en diciembre del año 2023 ante el Tribunal de Naciones Unidas, recibió unas primeras medidas cautelares que instaban al Gobierno de Benjamín Netanyahu a actuar de “forma inmediata” y “efectiva” para proteger a la población del enclave, además de asegurar el acceso de ayuda humanitaria. Cuatro meses después, el 24 de mayo, la Corte emitió una resolución que insta a Israel a frenar su ofensiva en Rafah y permitir la entrada de personal para investigar “indicios de genocidio”. Israel ha criticado duramente todo el proceso, acusándolo de “antisemita”.

Apenas un día después de emitirse la resolución, Israel atacó un campamento de refugiados en Rafah, dejando al menos 50 muertos y desatando una oleada internacional de críticas, algunas, en un tono más fuerte que el cursado hasta el momento. Por ejemplo, el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, acusó al Gobierno israelí de haber “aumentado” las ofensivas, incluyendo los ataques de colonos en los territorios ocupados de Cisjordania y los bombardeos contra los campamentos de refugiados. El último, hasta este momento, ha sido el bombardeo a una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en un campamento de refugiados en el centro de la Franja de Gaza, que ha provocado la muerte de 35 personas.

Jurisdicción limitada

A diferencia de la Corte Penal Internacional, de la que Israel no forma parte, las órdenes emitidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) serían, técnicamente, de obligado cumplimiento. Pero, dado que la CIJ carece de cualquier instrumento para hacer cumplir la sentencia, depende en gran medida de la buena voluntad de los Estados, lo que limita su efectividad. Si los estados decidieran en esa línea, si Israel continúa desobedeciendo el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, el país podría enfrentarse a consecuencias como la aprobación de sanciones económicas y territoriales contra el país.

La Corte Internacional de Justicia, al ser un tribunal que depende de las Naciones Unidas, implica que todos los Estados que formen parte de la Organización deben comprometerse a cumplir con las resoluciones de la Corte. En el caso de no hacerlo, cualquier Estado que forme parte de las Naciones Unidas y que considere que Israel no está acatando la resolución, puede presentar el caso ante el Consejo de Seguridad. Este tiene la capacidad de hacer recomendaciones o emitir una resolución para que la sentencia tenga efecto.

Sin embargo, el poder del Consejo también es limitado, ya que, para aprobar una resolución, los miembros permanentes deben de estar de acuerdo de forma unánime. En el caso de Israel, si algún país miembro de la ONU decide presentar el caso ante el Consejo de Seguridad, es probable que países que son miembros permanentes, como Estados Unidos, no estén de acuerdo. Algo que ya se ha evidenciado después de que, en el momento en el que la CIJ dictaminó la orden, el Gobierno de Joe Biden afirmó que las acusaciones de genocidio son "infundadas".

De hecho, esta situación ya ha ocurrido con Rusia. En octubre del año 2022, el Tribunal Internacional ordenó a Moscú detener la invasión sobre Ucrania, algo que el país ruso no ha cumplido. Al inicio de la guerra, el Consejo de Seguridad se reunió tres veces en tan solo cinco días con el fin de emitir una resolución que pusiera fin al conflicto. Sin embargo, Rusia, al igual que Estados Unidos, también es miembro permanente del Consejo, por lo que no dudó en frustrar cualquier intento de resolución.

En el caso de la guerra en Gaza, otro elemento clave es que la CIJ no ha decretado un alto el fuego. Al no hacerlo, Israel puede seguir atacando la Franja bajo el paraguas de la "legítima defensa", por lo que no se espera que Israel termine la ofensiva militar en la Franja. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento, la invasión de Gaza ha provocado la muerte de más de 35.000 palestinos y el desplazamiento del 80% de la población gazatí.

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Ignacio Cembrero

Así que, realmente, las consecuencias más graves solo podrían venir de otro caso y en otro tribunal: lLa Corte Penal Internacional. María Sánchez Gil-Cepeda, abogada especializada en derecho Internacional Humanitario, explica en una entrevista para El Confidencial que las consecuencias del incumplimiento de la orden de la CIJ "dependerá de los hallazgos de la Corte Penal Internacional (CPI)", de la que Israel no forma parte. A diferencia de la CIJ, la Corte Penal Internacional juzga a individuos por casos de genocidio y de lesa humanidad.

Afirma que "el no cumplimiento de la investigación de la CPI podría llevar, desde el punto de vista legal, a mandatos de arresto, procesamiento de funcionarios, aislamiento diplomático y más tensión en las relaciones con aliados para Israel". Según recuerda Sánchez, "la Corte Penal Internacional está considerando emitir mandatos de arresto contra altos funcionarios israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe del ejército Herzi Halevi. Si se emiten, estos mandatos limitarían significativamente su libertad de movimiento, ya que los 124 estados miembros de la Corte están obligados a arrestar a individuos con mandatos de arresto".

"Si el Organismo encuentra suficiente evidencia de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, podría proceder con el procesamiento de los funcionarios israelíes acusados. Aunque la CPI no tiene su propia fuerza policial para hacer cumplir los arrestos, la corte se basa en los Estados miembros para apresar y transferir a los sospechosos a La Haya para el juicio", añade.