Italia manda sus migrantes a Albania, ¿y el resto? La nueva UE externaliza sus fronteras

En Nauru, una diminuta isla del Pacífico de apenas 11.000 habitantes y situada a 4.000 kilómetros de Australia, tuvo lugar uno de los momentos más angustiosos de la pandemia. En julio de 2022, el covid-19 se propagó al 40% de la población insular y los 112 refugiados y solicitantes de asilo, que llevan atrapados en la isla desde hace años, empezaron a quedarse sin agua ni medicinas.

Durante más de una década, los distintos gobiernos australianos han abordado la inmigración de una de las formas más extremas del mundo: exiliando a los solicitantes de asilo que llegaban en barco. Entre julio de 2013 y febrero de 2017, el Gobierno australiano envió a 3.127 personas en busca de asilo a Nauru y a la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, según cifra Amnistía Internacional. La aventura le cuesta un ojo de la cara al gobierno australiano, que en 2016 desembolsó unos 300.000 euros por persona recluida en la isla. ¿Entonces, por qué muchos en Europa buscan copiar el modelo australiano?

El 15 de mayo, quince países de la Unión Europea, liderados por Dinamarca, dirigieron una carta a la Comisión Europea exigiendo “nuevas soluciones” para atajar un flujo de inmigración irregular, entre ellas, acuerdos con “terceros países”, como ya ha hecho Italia con Albania. Este tipo de acuerdos es uno de los puntos del Manifiesto para las elecciones europeas de 2024 del Partido Popular Europeo (PPE). En el apartado titulado "Nuestra Europa protege sus fronteras de la inmigración ilegal" expone: “Cualquiera que solicite asilo en la UE también podrían ser trasladados a un tercer país seguro y someterse allí al proceso de asilo”.

Pero el PPE no es el único. El Partido Socialista Europeo (PSE), aunque asegura oponerse a cualquier forma de externalización de fronteras de la UE, también menciona en su manifiesto que promoverán “asociaciones responsables y transparentes con países de origen y tránsito”. La coalición centrista Renovar Europa, en la que se encuentra el partido Renaissance de Macron, no habla directamente de terceros países, aunque propone fomentar “una forma más ambiciosa de reforzar las fronteras exteriores de la UE”. Los dos grupos de ultraderecha, como es de esperar, también proponen "seguir trabajando con terceros países para alcanzar acuerdos de cooperación", como manifiesta el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), y "controles más estrictos de las fronteras externas", según expresa Identidad y Democracia (ID).

El precedente de Albania

El pasado mes de febrero, el Senado de Italia ratificó un acuerdo con Albania, por el que miles de migrantes rescatados de las costas italianas serán trasladados al país balcánico. A finales de marzo, Roma publicó una licitación para la gestión de tres centros en territorio albano, con capacidad para albergar a unas 1.000 personas a la vez, según especifica a El Confidencial Eleonora Testi, oficial jurídica de Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados (ECRE). La apertura de las instalaciones se ha aplazado a noviembre. Amnistía Internacional ha denunciado que el acuerdo provocará que las personas permanezcan en el mar más tiempo del necesario, sean detenidas automáticamente y no puedan abandonar los centros de detención en un periodo de hasta 18 meses.

Testi enfatiza que aunque el objetivo de este acuerdo se asemeja a otros pactos de externalización realizados en la Unión Europea en el pasado, la diferencia radica en que no será un tercer país –Albania— el que asuma las responsabilidades de control fronterizo, sino Italia. Es decir, las autoridades de "tercer país" no examinarán directamente las solicitudes de asilo, sino que los centros albaneses estarán bajo jurisdicción italiana. "Uno de los paralelismos más cercanos parece ser el modelo australiano, mediante el cual Australia externaliza los procesos de asilo a las islas de Papúa Nueva Guinea y Nauru, sobre los que, no obstante, se puede considerar que ejerce un control efectivo”, explica Testi.

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Celia Maza. Londres

El gobierno de Meloni ha llevado a cabo otros acuerdos de colaboración. Durante la cumbre Italia-África, el pasado mes de enero, la primera ministra presentó el Plan Mattei, que lleva el nombre del fundador del gigante energético italiano Eni, Enrico Mattei, y que pretende, según el gobierno italiano, erradicar las causas mismas de la migración. Esto, estimulando el crecimiento económico a través de proyectos energéticos en el cinturón subsahariano y el África mediterránea. El pacto forma parte, también, de la estrategia geopolítica de Italia, que aspira a convertirse en el enlace de gas y nitrógeno verde entre África y la UE.

Meloni, a su vez, orquestó y coordinó el Memorando de Entendimiento entre la UE y Túnez, firmado en 2023, un acuerdo valorado en más de 1.000 millones de euros con un país acusado por el Parlamento Europeo de reprimir a la sociedad civil. Y en marzo de 2024, Italia y la Comisión Europea firmaron un acuerdo similar con Egipto, un país considerado como el frente más insidioso de una crisis migratoria que combina los flujos internos, la presión del sur con el conflicto en Sudán y la del este, con la incógnita de un posible éxodo masivo desde la Franja de Gaza.

El ministro del Interior italiano, Matteo Pinantedosi, afirmó en un discurso ante el Senado que la llegada de 18.550 inmigrantes frente a los 45.507 del año pasado a las costas italianas suponían un descenso del 60% respecto al mismo período de 2023. Sin embargo, sigue suponiendo un aumento en comparación con los 15.004 en el mismo período de 2022.

Un largo recorrido

El tipo de acuerdo entre Italia y Albania es nuevo en Europa, pero la externalización de fronteras viene de lejos. La Fundación PorCausa, en su informe ‘Externalización’, considera a España como un “laboratorio de pruebas” que, desde 2005, ha liderado las medidas de expansión de las fronteras fuera de su territorio al reforzar los vínculos con Marruecos para evitar las entradas por Ceuta y Melilla. El llamado Proceso de Rabat, entre 2006 y 2015, es uno de los principales acuerdos de externalización entre España, Marruecos y la UE. España también firmó acuerdos bilaterales con Mauritania y Senegal en 2006.

Una década más tarde, en mayo de 2016, la UE firmó un acuerdo con Turquía que establece que las personas que lleguen irregularmente a las islas del Egeo, incluidas las solicitantes de asilo, sean devueltas a territorio turco. Lo hizo después de que, en 2015, cerca de un millón de refugiados llegaran a Europa, la mayoría (75%) huyendo de conflictos en Siria, Afganistán e Irak. A cambio, la UE desembolsó 6.000 millones de euros para que Ankara mantuviera a los refugiados que acoge. Una reciente auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo ha concluido que no sabe si se están empleando los fondos en su cometido.

La UE también comenzó a ofrecer apoyo a la Guardia Costera Libia en 2016 y en 2017. Una cooperación que se incrementó con la adopción de un memorándum de entendimiento entre Italia y Libia, por el que la labor de patrullar el Mediterráneo central la lleva a cabo la Guardia Costera Libia con las lanchas motoras, centro de coordinación de salvamento marítimo, y formación que proporciona la UE. Bajo dichos acuerdos, unas 82.000 personas fueron interceptadas en el mar y devueltas a Libia en cinco años.

Pero al mismo tiempo, el número de muertos en aguas europeas no ha parado de crecer. 2023 fue el año más mortífero para la inmigración en el mundo, con al menos 8.543 muertos o desaparecidos en las distintas rutas, según el proyecto Migrantes Desaparecidos (IOM) de Naciones Unidas. Solo en el Mediterráneo, se calcula que murieron al menos 3.105 personas. “Lo que dicen los estudios de opinión es que la sociedad española quiere orden y están alarmados por el caos de las fronteras”, afirma Gonzalo Fanjul, director de Investigaciones de la Fundación PorCausa, “pero el orden no te lo da la mano dura”, concluye.