La Europa a la que no dejan votar: cómo se ha negado el derecho de 400.000 europeos

La cifra puede que se pierda entre los resultados electorales: 400.000. Es el número estimado de adultos europeos con síndrome de Down u otro tipo de discapacidad psicosocial bajo tutela a los que se impidió votar este 9-J, a las elecciones al Parlamento Europeo. Aún hay siete países de la Unión Europea en los que las personas con esta condición tienen prohibido votar. La ecléctica lista incluye desde a la vecina Portugal; dos países de los Balcanes, Bulgaria y Rumanía; otro en Europa Central, Polonia; la digitalizada Estonia y las isleñas Chipre y Malta.

Pese a todo, el dato es una buena noticia para las organizaciones que llevan décadas luchando por la inclusividad de las personas con discapacidad. Al menos si se compara con las pasadas elecciones europeas, en 2019, cuando 800.000 ciudadanos fueron excluidos de su derecho al voto por su discapacidad, entre ellas, el síndrome de Down, que es la principal causa de discapacidad intelectual.

“Si bien se han producido avances desde las últimas elecciones al Parlamento Europeo”, afirma por email a El Confidencial, Nicole Romain, portavoz de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA), “aún queda trabajo por hacer para garantizar que las voces de las personas con discapacidad sean escuchadas en las elecciones”, agrega. Romain celebra que, desde las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, se han logrado algunos avances en los Estados miembros. Es el caso de Francia, Luxemburgo, Irlanda y Eslovenia, que han levantado las restricciones al derecho de voto basado en la capacidad jurídica, en concreto, para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.

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En España, hasta 2018, las personas con discapacidad psicosocial debían ser evaluadas para determinar si podían votar. Desde las elecciones generales de abril de 2019, todas tienen el derecho al voto garantizado.

El Parlamento Europeo detecta tres niveles de las barreras que se pueden encontrar las personas con discapacidad a la hora de votar: legales y administrativas, de accesibilidad e institucionales. La institución considera que solo hay 13 países de la UE que garantizan la plena participación de las personas con discapacidad en el proceso electoral, entre los que se encuentra España, junto a Austria, Croacia, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia. Romain es prudente en la celebración, puesto que, "en la práctica, puede resultar difícil para las personas con discapacidad ejercer este derecho", puntualiza.

En 2023, el hermano de una joven con síndrome de Down, consultaba a Down España si debía llevar algún documento que acreditara que era el tutor legal de su hermana o ella podía votar libremente. La asociación aclaraba que en España, las personas con discapacidad intelectual “pueden ejercer su derecho al sufragio activo (votar) y pasivo (ser votados) sin ninguna limitación” y, por tanto, su hermana solo debía llevar el DNI, “como cualquier otro ciudadano”.

Existen dos momentos claves para este logro. El primero es 2018, cuando la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fue aprobada, la cual modifica la de 1985, eliminando las restricciones que impedían votar a unas 100.000 personas. La otra fecha es 2021, cuando la Ley 8/2021, que entró en vigencia en septiembre de ese año, estableció que la discapacidad no anula la capacidad jurídica de las personas. Esta reforma se basa en lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que había sido firmada en 2006.

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"También tenemos derecho a elegir quién nos representa"

En 2010, el húngaro Sándor Harmati, un conocido activista con síndrome de Down y miembro de la Asociación Húngara de Personas con Discapacidad Intelectual (ÉFOÉSZ) llevó su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo después de que se le negara el derecho a voto. En Hungría, aunque la ley no prohíbe automáticamente a las personas bajo tutela votar, un juez puede quitarles ese derecho, determinando que no son aptas.

“También tenemos derecho a elegir quién nos representa. Queremos elegir a personas que creemos que mejorarán nuestras vidas”, exclamó el también húngaro László Bercse, exvicepresidente de Inclusion Europe, durante la conferencia Europa en Acción, en 2022."¡Votad, porque los diputados al Parlamento Europeo también trabajan para vosotros!", enfatizó.

Una de cada cuatro personas en la UE tiene alguna discapacidad, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). En 2022, el 19,8 % de la población de la UE mayor de 16 años declaró tener alguna limitación por problemas de salud y el 7,2 % una limitación grave, según Eurostat. Además, el 39,6 % de la población de la UE experimenta limitaciones físicas o sensoriales, indica la Encuesta Europea de Salud por Entrevista. El reciente informe “Participación política de las personas con discapacidad en la UE” de la FRA dibuja las limitaciones para ellos en las elecciones.

Accesibilidad variable

Este derecho no solo se aplica a votar, sino a ser votados. El informe de la FRA advierte del bajo nivel de participación política de las personas con discapacidad en Francia, Luxemburgo, Malta, España y Suecia. Además, destaca especialmente el bajo nivel de participación de las mujeres con discapacidad en Alemania, Hungría, Letonia y Eslovenia. En 2023, Mar Galcerán, de 46 años, una política del PP, se convirtió en la primera mujer con síndrome de Down española elegida para un parlamento regional de España.

Sin embargo, la ley no es suficiente sin acceso. Y siguen existiendo miles de adultos europeos que no pueden ejercer de manera independiente el voto sin asistencia, porque, por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, las papeletas en varios países no están adaptadas.

Oriol Gómez Sentís es un programador español, especialista en accesibilidad digital, de 32 años. Es, además, uno de los miles de europeos ciegos que votaron el pasado 9 de junio. Gracias al Real Decreto 1612/2007, desde hace algo menos de 20 años, en España, las personas invidentes o con un grado de incapacidad visual de al menos el 33% pueden solicitar por adelantado un kit de votación en braille, que incluye papeletas e información electoral que recogerán en la mesa el día de la votación.

Oriol cree que en España, el sistema de votación actual "está bien adaptado" porque "hay voto en braille", al cual lleva recurriendo desde hace años. "Aunque hay ciegos que son mayores a quienes el voto en braille se les hace complicado", explica. Considera que el sistema español “está bien”, pero que aun así "nunca está todo adaptado a todas las capacidades".

En la UE, Bélgica –varios distritos–, Hungría, Irlanda, Malta, Polonia, Portugal –excepto a nivel local– y España ofrecen tarjetas electorales en Braille. Lituania lo probó por primera vez, en 2019. Y Estonia ofrece voto electrónico.

Otra posibilidad son las urnas electorales móviles para que las personas con discapacidad no tengan que desplazarse, como proporcionan Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Finlandia, Alemania, Letonia, Rumania, Eslovenia y Suecia. Todas las medidas tienen sus limitaciones, como ocurrió en Bulgaria, donde los electores con discapacidad visual o sensorial pueden votar con un acompañante o llevar la urna a casa del elector. Sin embargo, en noviembre de 2021, estalló un escándalo en el municipio de Razgrad, cuando se presentaron 2.500 solicitudes móviles –casi el 10% de la población del municipio– diseñadas para personas que se vieron inmovilizadas antes de la votación. Lo que generó sospechas de fraude.

"Creo que es superimportante participar en la política, siempre que se pueda, para dar tu opinión", continúa Oriol. Para él, supone "poner un granito de arena en intentar tener un mundo más acorde a lo que pensamos, por supuesto, con las ideas claras y no votando aleatoriamente o por influencias".

Estrategias de inclusión

Entre 2014 y 2024, el número de estrategias nacionales sobre discapacidad que abordan específicamente la participación política en la UE aumentó de 8 a 17 países. Por ejemplo, el Libro Blanco del gobierno italiano sobre estrategias para fomentar la participación política incluye medidas como un pase electoral digital, transporte público gratuito hasta el colegio electoral y votación desde casa.

En noviembre de 2023, jóvenes con discapacidad intelectual del municipio francés de Cholet, en el departamento de Maine y Loira, simularon una votación en el ayuntamiento, en la que utilizaron pictogramas educativos, con el objetivo de prepararlos para votar. Y en los Países Bajos, se anima a los municipios a comprobar la accesibilidad de los colegios y simular un día electoral con expertos. También en Zagreb, la capital de Croacia, una reciente estrategia de discapacidad incluye medidas para monitorear la accesibilidad de los colegios electorales, entre ellas, la formación del personal electoral sobre procesos inclusivos.

“El principal desafío es que las personas con discapacidad todavía no son reconocidas como iguales ante la ley, lo que luego conduce a su exclusión del proceso de votación”, concluye Romain.