¿Por qué una empresa de plátanos tiene que pagar 38 M por el asesinato de civiles en Colombia?

Este lunes ha vuelto a los titulares de los medios de todo el globo Chiquita Brands, la controvertida multinacional platanera estadounidense conocida como United Fruit Company en la primera mitad del siglo XX, cuando marcaba los pasos del poder en América Latina y se veía involucrada en intrigas palaciegas, intervencionismo político y masacres. El Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, halló culpable a la compañía estadounidense por haber financiado al paramilitarismo en Colombia con dinero que fue utilizado, según el fallo, para cometer crímenes de guerra.

Chiquita había admitido haber pagado 1,7 millones de dólares, entre 1997 y 2004, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que ejercían control territorial y una lucha sin cuartel contra las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en aquella época, también en las regiones bananeras, donde se produjeron decenas de masacres que dejaron centenares de muertos. La compañía argumentó que esos pagos fueron extorsiones y realizadas bajo presión en el contexto del conflicto armado colombiano, pero el juez estadounidense no consideró probada esa versión, que fue refutada, además, por varios exlíderes paramilitares.

“Chiquita Brands le entregó dinero a las Autodefensas. No fue con un fusil en la cabeza. Ellos venían de entregarle recursos a la guerrilla cuando nos reunimos con ellos el comandante Carlos Castaño y otros comandantes. Aportaban tres centavos de dólar por caja de banano exportada, ya lo he dicho e incluso fui testigo en ese juicio”, señaló este mismo miércoles, a la cadena radial La W, Salvatore Mancuso, antiguo jefe máximo de las AUC, heredero de Castaño.

Extrabajadores de la Chiquita declararon sobre listas redactadas por la compañía con los nombres de personas que no querían vender sus tierras para que fueran asesinadas por las AUC, aunque ese extremo tampoco ha resultado probado. Ahora, la empresa deberá indemnizar con 38,3 millones de dólares a las ocho familias denunciantes en un proceso que inició hace 17 años.

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“Un siglo de crímenes perpetrados en Colombia por la multinacional del banano y sus filiales”, señaló, este martes, el senador progresista Iván Cepeda. “A esa empresa se le debía prohibir continuar haciendo negocios en el país”, añadió. Muchos han vuelto a rememorar, estos días, la polémica trayectoria de esa compañía a lo largo del siglo XX, relatada por historiadores como Dan Koeppel, Marcelo Bucheli y Peter Chapman.

La United Fruit nació en 1899 como fusión de dos compañías pioneras en el transporte masivo de plátanos, una fruta de élite apenas veinte años antes, cuando en EEUU dominaba la manzana. La recién creada empresa era ya muy poderosa y fue una de las primeras compañías estadounidenses en irrumpir en Cuba tras la independencia de España, que supuso un control estadounidense.

Para 1910, United Fruit ya tenía plantaciones en América Latina, especialmente en Centroamérica y Colombia, mayores a las de varios Estados de EEUU en una época en la que las bananeras fueron consideradas como un “elemento de conquista” por un representante del Papa Benedicto XV que hizo un viaje por Centroamérica. Ya entonces los intereses estadounidenses iban unidos, en ocasiones, a los de las compañías de plátanos. En 1912, los marines invadieron Honduras y se garantizó a la United Fruit el derecho a plantar y a construir ferrocarriles.

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En esa época afloraron las primeras críticas a la compañía por ofrecer salarios de hambre, jornadas extenuantes y abusos. United Fruit se defendía mostrando que construía escuelas y hospitales para sus trabajadores, y también estaba desarrollando poderosas vías de ferrocarril en la región, pero el descontento seguía creciendo. En 1918, EEUU participó en la disolución de huelgas en Panamá, Colombia y Guatemala, mientras en otros lugares se servía de la policía y Ejército de Gobiernos afines.

Fue entonces cuando se acuñó el término de "repúblicas bananeras", porque las legislaciones cambiaban para favorecer a las compañías. Guatemala fue uno de los ejemplos más claros, ya que, durante décadas, la plantación y distribución de plátanos supuso alrededor de la mitad de su PIB. Para 1920, la United Fruit controlaba 650.000 hectáreas y tenía 67.000 empleados en 32 países, pero entonces la presión social se incrementó. Al calor de la Revolución Rusa, surgieron numerosos movimientos de trabajadores y más agitación en el campo latinoamericano.

En octubre de 1928 comenzaba en el norte de Colombia lo que, en esos momentos, era la mayor huelga de la historia de Sudamérica. Más de 32.000 trabajadores de la United Fruit se rebelaron contra las condiciones laborales de la bananera, en especial contra los vales canjeables por comida y algunos servicios con los que la compañía les pagaba, reclamando dinero en efectivo. Dos meses después, el 6 de diciembre de 1928, se produjo la Masacre de las Bananeras en la plaza de la localidad de Ciénaga, en la que se involucra a la empresa.

El Gobierno de EEUU había enviado militares a Colombia por el carácter “subversivo” de la huelga contra la United Fruit y sus redes diplomáticas habían convencido al gobierno conservador colombiano de la época de abolir el derecho de libre reunión y expresión. “Preparad vuestra mente para enfrentar las hordas de rebeldes, y matad antes de que las tropas extranjeras caminen sobre nuestra tierra”, dijo el general Cortés-Vargas a sus tropas del Ejército Nacional, según documentos obtenidos por el historiador Koeppel.

Miles de trabajadores con sus familias se concentraban en la plaza de Ciénaga para escuchar el discurso del Gobernador e ir a misa. El general les dio cinco minutos de advertencia. Después comenzó a disparar. Algunos medios reportaron una cuarentena de muertos. Otros, más de un millar. “Tengo el honor de informarle de que el representante de la United Fruit me dijo ayer que el número total de los huelguistas muertos por las fuerzas colombianas superan los 1.000”, confió el embajador estadounidense al Departamento de Estado, vía telegrama, según los documentos recopilados por Koeppel. El número exacto no se conoce, pero la tragedia marcó la historia de Colombia y fue, incluso, recreada por Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad.

En Guatemala, muchos guardan también un recuerdo oscuro de la United Fruit, que suponía, a mediados del Siglo XX, el mayor ‘Estado dentro de un Estado’ que ha existido en América Latina. En 1944, Jacobo Arbenz y Francisco Arana derrocaron al dictador Jorge Ubico, conocido por las prácticas de explotación laboral que toleraba o directamente espoleaba. Arbenz llegó al poder en 1951, sustituyendo al reformista Juan José Arévalo, padre del actual presidente, Bernardo Arévalo, y poco después se enfrentó a un emisario de la United Fruit que le pidió extender los contratos sin impuestos.

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Ese fue el inicio de una extensa campaña de ‘lobbying’ de la compañía en Washington para representar a Arbenz como un “comunista”. El líder guatemalteco respondió expropiando tierras pagando el valor de los terrenos declarado por la United Fruit, que era menor al real para evitar impuestos. Fue entonces cuando ya no la compañía, sino el Departamento de Estado de EEUU, reclamó el precio completo. Casualidad, o no, John Foster Dulles, el secretario de Estado, había sido socio del bufete de abogados de la United Fruit en Nueva York.

Washington financió un ejército contra Arbenz en Honduras. El presidente respondió comprando armas a Checoslovaquia, pero no logró movilizar a los suyos y acabó dimitiendo, suceso que contribuyó a detonar tres décadas de cruenta guerra. Ese episodio dejó tocada a la compañía, en crisis y muy afectada por las críticas —especialmente de sus competidores— hasta que entró en bancarrota y se reorganizó como Chiquita Brands a principios de los 70.

La compañía entonces intentó cambiar su cara, llegando a admitir, mediante un memorando, su “compleja historia”, recordando su papel en la política latinoamericana, pero alabando, al mismo tiempo, los avances tecnológicos que llevó a la región y la educación dada a los trabajadores. La nueva condena, sin embargo, devuelve a la empresa, que llegó a tener 1,3 millones de hectáreas de tierra en Colombia, su protagonismo por su pasado oscuro.

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“Este fallo histórico tiene implicaciones profundas y de gran alcance para la rendición de cuentas corporativa y de los derechos humanos en todo el mundo”, señaló tras el fallo Tatiana Devia, abogada de EarthRights. “La decisión del jurado de responsabilizar a Chiquita por financiar a las AUC establece un precedente crucial, y es que las empresas no pueden eludir la responsabilidad por su participación en violaciones graves a los derechos humanos. Incluso cuando esto es en el contexto de conflicto armado”, añadió.

El fallo en EEUU podría reactivar, además, los numerosos procesos legales que Chiquita tiene pendientes en Colombia, un país donde la empresa nunca ha sido sujeta a condena alguna.