¿Espías por inmigrantes? Bélgica cede con el Moroccogate y deja la investigación a Rabat

La Justicia belga ha decidido retirarse de la investigación sobre la implicación marroquí en el mayor escándalo de corrupción en el seno del Parlamento Europeo, el conocido como Qatargate, dejando que sea Rabat quien avance —o no— en las pesquisas criminales de los marroquíes implicados en la trama de sobornos a eurodiputados. Ante esta decisión, la investigación de la trama marroquí puede quedar en nada, según reveló el pasado fin de semana el diario bruselense Le Soir. Las autoridades belgas han claudicado ante Rabat a cambio, aparentemente, de concesiones marroquíes en materia de inmigración irregular.

El llamado Qatargate arrancó a finales de 2022 con la detención de ocho eurodiputados, exdiputados y asistentes parlamentarios en Bélgica e Italia, el registro policial de casi una veintena de domicilios particulares y en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, así como la incautación de cerca de dos millones de euros en efectivo. Más tarde, la investigación acabó apuntando a que la verdadera génesis de la red de sobornos habría sido no en Qatar, sino en Marruecos.

Los presuntos instigadores de la trama eran dos marroquíes, Abderrahim Atmoun, actual embajador de Marruecos en Polonia, y Mohamed Belharache, conocido como el agente M118 de la Dirección General de Estudios y Documentación (servicio secreto exterior marroquí). A principios de la década pasada trabajó en Mataró (Barcelona), para después desarrollar operaciones en el aeropuerto de Orly (París), reclutando a un agente francés que le dio acceso a numerosas fichas policiales de sospechosos de radicalización. En los últimos años, había centrado su actividad en Bruselas.

Para interrogarles, jueces y policías belgas viajaron a Rabat, pero no se les permitió verles. Atmoun tampoco puede ser interrogado en Varsovia, porque goza de inmunidad diplomática. En cuanto a Belharache, no puede ser extraditado a Bélgica porque Rabat no autoriza la extradición de sus ciudadanos.

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El presunto cabecilla del Moroccogate era Pier Antonio Panzeri, exeurodiputado socialista italiano. Durante los interrogatorios policiales reconoció que se reunió tres veces en Rabat con Belharache en presencia de Yassin Mansouri, director de la DGED, según revelan en su libro Qatargate (editorial Haper Collins) los periodistas de Le Soir Louis Colart y Joël Matriche. Francesco Giorgi, un asistente parlamentario reclutado por Panzeri, admitió formar parte de una trama al servicio de Qatar y Marruecos.

Su objetivo era promocionar la imagen de Marruecos y promover sus intereses en las instituciones europeas, empezando por el Parlamento. En un principio era exclusivamente marroquí, pero más tarde la existencia de la red fue aprovechada por Qatar y hasta por Mauritania, aunque con medios más modestos.

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El pasado 12 de abril, la Sala del Consejo de Bruselas retiró al magistrado instructor la investigación sobre la vertiente marroquí de este escándalo de corrupción. Esta recae ahora sobre la Justicia de Marruecos, que debería seguir adelante y averiguar si son ciertas las sospechas de corrupción, blanqueo de dinero y participación en organización criminal. Si son imputados, Atmoun y Belharache deberían ser juzgados en Rabat.

La Sala del Consejo es un tribunal penal de primera instancia que examina y decide, casi siempre a petición de la Fiscalía, si un caso debe ser sobreseído o remitido a otra jurisdicción que puede ser extranjera. La decisión de la Sala, que deja en manos de Marruecos la investigación de sus propios implicados, solo ha sido conocida dos meses después de que fuese tomada gracias a una revelación periodística.

“¿Cómo puede alguien pensar razonablemente que en un país cuyo carácter democrático es, cuanto menos, cuestionable, se juzgará a personas afines a los gobernantes por delitos que habrían sido ordenados desde la cúpula del Estado?”, se pregunta la periodista Pauline Hoffman en una columna de opinión en Le Soir.

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La decisión de la Sala del Consejo allanó el camino para la visita a Rabat del entonces primer ministro belga, Alexander de Croo, apenas dos días después. A De Croo lo acompañaban tres ministros y la secretaria de Estado de Asilo e Inmigración, Nicole de Moor, quien celebró el “compromiso muy claro” de Marruecos y la apertura de una oficina de la Seguridad del Estado belga en la capital marroquí.

El “compromiso” consiste, según anunció la agencia de noticias Belga, en que cualquier persona de nacionalidad marroquí que esté en Bélgica sin permiso de residencia será repatriada a Marruecos, empezando por los delincuentes que hayan cumplido su condena. El portavoz del Ministerio de Justicia belga aseguró a Le Soir que no había relación alguna entre el acuerdo alcanzado y la decisión de la Sala del Consejo. Recordó que en Bélgica “se aplica la separación de poderes”.

Quizás este acuerdo belgo-marroquí sea diferente, pero Rabat ha incumplido con frecuencia sus acuerdos migratorios con España y Francia, sobre todo en lo concerniente a los menores de edad, incluso cuando el propio rey Mohamed VI dio su palabra, como en junio de 2021, tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Hoy en día las repatriaciones de adultos marroquíes desde España se efectúan con cuentagotas y las de menores son inexistentes.

La prensa marroquí no tardó en celebrar que la Justicia belga se desentienda de este asunto. “Esta decisión supone una confirmación tardía de la postura de Marruecos, que había negado cualquier implicación desde el principio”, escribió el diario Rue 20. “No solo representa un revés para la justicia belga, sino también un reconocimiento implícito de las posiciones defendidas por Marruecos desde el inicio de este caso”, añade.

Una difícil investigación

La investigación sobre el Moroccogate ha estado salpicada de escollos. Michel Claise, reconocido juez instructor belga que la inició, se vio obligado a renunciar después de que trascendiera que un hijo suyo tenía un negocio con el colaborador de uno de los sospechosos. En junio de 2023 tomó el relevo Aurélie Dejaiffe, pero fue suspendida en marzo tras ser recusada, sin que haya trascendido la razón. La reemplaza provisionalmente otro magistrado, hasta que la sala decida sobre su situación. El primer fiscal encargado del caso, Raphaël Malagnini, también dimitió para ser ascendido por el Consejo Superior de la Justicia belga.

Tres de los agentes involucrados en la investigación del Moroccogate, entre ellos el inspector principal de la Oficina Central de Represión de la Corrupción de la Policía Federal, fueron además drogados con anfetaminas en un bar de Bruselas el 18 de enero, según revelaron los análisis de sangre que se les practicaron. Uno de ellos tuvo que ser operado en urgencias de una hemorragia interna. La Fiscalía de Bruselas abrió una investigación por “intento de asesinato”.

“¿Quién podría estar interesado en poner trabas?”, se preguntó entonces el diario Sudinfo. Y se contestaba que “la investigación se orienta hacia un envenenamiento de los servicios secretos marroquíes”. “La intención habría sido obstaculizar la investigación del Qatargate y dañar la reputación de la policía judicial de nuestro país”, recalcaba el periódico 7Sur7.

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Con la renuncia a seguir investigando la trama marroquí, “¿qué mensaje se envía a los Estados que intenten interferir en los asuntos de las instituciones europeas y belga?”, se pregunta Pauline Hofmann en su columna. “¿Que todo está permitido?”, concluye.

Probablemente, sí. Un buen número de eurodiputados recibieron, a finales de febrero, correos de los embajadores de Marruecos en varias las capitales de la UE. Sin recurrir esta vez a intermediarios, les pedían que votasen en contra de una enmienda del grupo de La Izquierda que mencionaba al Sáhara Occidental. Con los socialistas españoles a la cabeza, el pleno de la Eurocámara rechazó incorporar esa enmienda al informe anual sobre derechos humanos en el mundo.