Marruecos tendió una "trampa mortal" a inmigrantes contra la valla de Melilla, según investigación

Dos años después de la masacre de Melilla, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, Border Forensics y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) han publicado una nueva investigación titulada “La trampa de la frontera entre Nador y Melilla”, a través de la cual desmontan los cuatro argumentos oficiales presentados por Marruecos y España tras la tragedia migratoria.

El 24 de junio de 2022, alrededor de 2.000 personas migrantes de origen subsahariano intentaron cruzar desde Marruecos hacia España. A ambos lados, las fuerzas policiales y de seguridad reprimieron y golpearon a los migrantes. Entonces, las autoridades marroquíes admitieron la muerte de 23 personas, mientras que la AMDH defendía que, al menos, la cifra ascendía hasta las 27 personas, así como otros 70 desaparecidos.

La investigación internacional, que está acompañada de imágenes satelitales en los días previos y posteriores al salto masivo de migrantes, asegura que el Gobierno de Marruecos orquestó el episodio. Así lo demuestran con una serie de fotografías en las que se avistan camiones militares, autobuses y otros equipamientos, junto al paso fronterizo del Barrio Chino que une Nador con Melilla, horas antes del salto masivo. El informe asegura que la tragedia se produjo como consecuencia de una “trampa” tendida por las autoridades marroquíes a los migrantes.

Los datos recabados por los autores del informe apuntan a un “cierto grado de preparación, e incluso premeditación, de la represión ejercida contra las personas migrantes por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes antes del 24 de junio”. El trabajo de las tres organizaciones es el resultado de una investigación desde el terreno y con fuentes abiertas durante un año y medio. Además, ha contado con el asesoramiento del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR).

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La acusación que realiza el informe sobre la “trampa” marroquí no solo se ciñe al día de la avalancha, sino también, a los días previos. La investigación relata que, en la antesala de la tragedia, las fuerzas marroquíes asediaron el monte de Seluan, desplazando progresivamente a los migrantes hasta el monte Gurugú.

Una vez allí, algunos de los supervivientes que han aportado sus testimonios a la investigación relatan que las fuerzas marroquíes dejaron que 1.600 personas salieran del campamento del Gurugú, hasta avanzar más de seis kilómetros hasta el paso fronterizo. Además, estos también resaltan la presencia de “topos” o informadores, que se encontraban entre ellos en los campamentos. Al parecer, como sugiere el informe, habían sido reclutados de antemano por las autoridades marroquíes con el objetivo de desvelar la organización interna de los migrantes, concretamente, de la población sudanesa.

Falta de intervención de España

Además de la acusación sobre Marruecos, el informe también señala que las autoridades españolas, concretamente la Guardia Civil, no evitaron las agresiones. La investigación indica que la falta de intervención jugó un papel indirecto en las muertes de los migrantes. Concretamente, señalan que “si bien las fuerzas españolas participaron en la violencia directa, hiriendo ellas mismas a las personas y tratándolas de forma inhumana y degradante, también contribuyeron a la violencia de las fuerzas marroquíes que hacían retroceder indiscriminadamente a los migrantes”.

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“Hubo tres causas principales de muerte: el gas, los empujones y los golpes. Los golpes causaron más daño que los empujones”, asegura uno de los supervivientes participantes en la investigación. El documento señala que ambas fuerzas emplearon piedras, botes de gas lacrimógeno y balas de goma, “mientras que estaban retenidos en un espacio cerrado, en flagrante contradicción con las normas internacionales que rigen el uso de material antidisturbios”, añade. El informe concluye que la agresión de las fuerzas de ambos países, sumado al rechazo a todo precio desde el paso fronterizo en España, implica que la responsabilidad recae en ambas partes.

Desde España, la Fiscalía archivó la investigación sobre los hechos en diciembre de 2022, solo seis meses después de los acontecimientos. Entonces, el ministerio público determinó que no apreció indicios de delitos en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas. Además, también sostuvo que los agentes no presenciaron la avalancha y avaló las devoluciones en caliente de migrantes y refugiados. Así, y a pesar de las normas del derecho internacional, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó que las fuerzas de seguridad españolas no tenían jurisdicción en la franja de terreno donde se produjo la avalancha.

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En el último informe de Amnistía Internacional sobre 'La situación de los derechos humanos en el mundo', denunció que continúa “la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras” y que siguen sin respuesta “las muertes, torturas y expulsiones ilegales de Melilla a Marruecos” de junio de 2022.
Desde entonces, en Marruecos tampoco se ha abierto ninguna investigación judicial respecto al operativo policial.

Por su parte, el Consejo Nacional de Derechos Humanos del país alauí, institución oficial del Estado, publicó un informe en el que responsabilizaba exclusivamente a las autoridades españolas de las muertes. Marruecos justificó que España era responsable por su “renuncia o vacilación en prestar auxilio pese a la aglomeración en las puertas del puesto fronterizo, que se quedaron herméticamente cerradas”.