La UE usa una artimaña legal para destinar 1.400 millones a Ucrania sin contar con Orbán

Los ministros de Asuntos Exteriores han discutido este lunes una posibilidad para poder enviar un nuevo tramo de 1.400 millones de euros para el Fondo Europeo para la Paz (EPF, por sus siglas en inglés), el instrumento que la Unión Europea está utilizando para financiar el envío de armamento a Ucrania. Esta medida requería una especial y delicada discusión porque cuenta con la oposición de Hungría y requiere de unanimidad para salir adelante. Sin embargo, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que dirige el catalán Josep Borrell, ha buscado una manera de sortear el veto húngaro.

Hungría decidió adoptar la llamada “abstención constructiva” cuando la Unión Europea acordó utilizar los activos rusos congelados como parte de las sanciones contra Moscú para financiar el envío de armamento a Ucrania. Los ministros acordaron, con la abstención de Hungría, pero también la de Eslovaquia y la de los países neutrales de la Unión (Irlanda, Austria, Chipre y Malta), que aplicarían impuestos especiales a los beneficios obtenidos por los activos congelados al Kremlin. Estos representan cerca de 300.000 millones de euros, la mayoría en territorio comunitario, para canalizarlos al EPF.

Ahora, cuando toca aprobar ese primer tramo de 1.400 millones de euros, el SEAE ha hecho la siguiente interpretación: Budapest no ha participado en la decisión sobre el uso de activos congelados rusos, y, por lo tanto, no tiene derecho a vetar esta otra decisión. “Puesto que Hungría no participó en esta, no es necesario que pueda participar en su aplicación”, ha explicado Borrell. La política exterior es un campo que requiere de unanimidad, por lo que no todos los ministros se sienten especialmente cómodos con la interpretación flexible que se ha hecho este lunes.

“A pesar de la oposición de Hungría, la decisión se tomó sin su consentimiento”, ha señalado el portavoz del Gobierno húngaro, que ha comenzado a irritar notablemente al resto de Estados miembros, en las últimas semanas, al redoblar su obstrucción a los acuerdos que permiten canalizar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Así como a las medidas para establecer nuevas sanciones contra Rusia por la invasión a gran escala del territorio ucraniano lanzada en febrero de 2022. De hecho, Budapest tiene bloqueados ahora mismo miles de millones de euros del EPF que se deberían haber destinado ya a los Estados miembros para reembolsarles el coste del envío de armamento a Ucrania.

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Una fuente comunitaria explica que la solución creativa legal se ha buscado porque es necesario “superar su bloqueo para que podamos proceder rápidamente a utilizar el dinero”. La decisión de sortear a Hungría, que se ha tomado durante una reunión celebrada en Luxemburgo, es relevante porque hay otro acuerdo a nivel internacional que se podía enfrentar al bloqueo húngaro: el de utilizar los beneficios de esos activos congelados para pagar los intereses de la deuda de un crédito de 50.000 millones de euros que los socios del G7 acordaron solicitar para canalizar rápidamente ese dinero a Ucrania.

Borrell ha subrayado que se ha ofrecido a Budapest un pacto similar al que ya le puso sobre la mesa Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, a Viktor Orbán, primer ministro húngaro: que el dinero del país no se destine a Ucrania. "Hemos ofrecido a Hungría que su dinero no se utilice para apoyar a Ucrania en ningún medio. Coged vuestro dinero. Sacad vuestro dinero de la caja. No quiero usar vuestro dinero”, ha explicado Borrell al Financial Times, aunque ha añadido que la respuesta del Gobierno húngaro ha sido negativa.

Amenaza de tribunales

La experiencia indica que Hungría no tiene ninguna intención de deshacerse de un instrumento que le permite plantear un veto de manera periódica. La inmensa mayoría de las fuentes, tanto aliadas como europeas, subrayan que Budapest utiliza de manera continua su posibilidad de bloquear decisiones referentes a Ucrania como palanca para intentar obtener concesiones en otros ámbitos. Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores húngaro, ha mostrado públicamente su oposición al movimiento, aunque varias fuentes coinciden en que, dentro de la habitación, no ha presentado especial resistencia a la fórmula.

Sin embargo, en redes sociales sí que lo ha criticado de manera dura. “Esta es una clara línea roja, no había antes un ejemplo de incumplimiento tan descarado de las normas comunes europeas”, ha asegurado Szijjártó, que ha subrayado que “examinarán” las maneras de “buscar justicia para Hungría”, lo que parece una amenaza de llevar la decisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los servicios jurídicos del Consejo confían en la fórmula escogida, pero tanto en el SEAE como en el Consejo saben que Budapest está ya en este momento estudiando con lupa el procedimiento para ver si existe el espacio legal para tumbarlo.