Julian Assange, en libertad bajo fianza tras un acuerdo con el Gobierno de EEUU

"Lo llaman palidez de prisión". Así fue cómo Julian Assange describía a principios de este año un síndrome que dejará de sufrir. El fundador de Wikileaks ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable de difusión de documentos secretos a cambio de una sentencia de 62 meses de prisión, que equivale al tiempo que ha pasado encarcelado en Reino Unido. "Julian Assange está libre. Dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días", informó Wikileaks en X.

"Después de más de cinco años en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que solo han conocido a su padre tras las rejas", afirma el portal. "La libertad de Julian es nuestra libertad", concluyó. WikiLeaks también publicó un vídeo en el que se ve a Assange, con el pelo blanco peinado hacia atrás, revisando unos papeles y luego subiendo a pie la escalerilla de un avión.

"Independientemente de las opiniones que la gente tenga sobre Julian Assange y sus actividades, el caso se ha prolongado durante demasiado tiempo, no se gana nada con su encarcelamiento continuo y queremos que lo traigan a casa en Australia", dijo Anthony Albanese, primer ministro australiano. Según el acuerdo, que debe ser aprobado por un juez, es probable que a Assange se le acrediten los cinco años que ya ha cumplido y no se enfrente a una nueva pena de cárcel.

El acuerdo de culpabilidad se produce meses después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que estaba considerando una solicitud de Australia para abandonar el intento de Estados Unidos de procesar a Assange.

Si no hay nuevos escollos legales de último momento, Assange quedaría en libertad y se pondría fin a una batalla que empezó cuando el fundador de Wikileaks reveló secretos de Estado en la década de 2010. Entre ellos se incluía material sobre la actividad militar estadounidense en Irak y Afganistán, así como cables confidenciales compartidos entre diplomáticos. Durante la campaña presidencial de 2016, la organización publicó miles de correos electrónicos robados del Comité Nacional Demócrata, lo que generó revelaciones que avergonzaron al partido y a la campaña de Hillary Clinton.

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Assange fue acusado durante la administración del expresidente Donald Trump por la divulgación de documentos filtrados por Chelsea Manning, exanalista de inteligencia militar estadounidense que también fue procesada bajo la Ley de Espionaje. Manning fue sentenciado a 35 años de prisión tras ser declarado culpable de violar la Ley de Espionaje y otros delitos por filtrar documentos gubernamentales y militares clasificados a WikiLeaks.

Después de que el acuerdo saliera a la luz, Mike Pence, exvicepresidente de Estados Unidos, lo describió como un "error judicial". "No debería haber acuerdos de declaración de culpabilidad para evitar la prisión para cualquiera que ponga en peligro la seguridad de nuestro ejército o la seguridad nacional de los Estados Unidos", escribió en su cuenta de la red social X.

La crítica de Pence se contrapone a la opinión de varios periodistas y organizaciones centradas en la libertad de expresión. "Estados Unidos ha obtenido ahora, por primera vez en los más de 100 años de historia de la Ley de Espionaje, una condena en virtud de la Ley de Espionaje por actos periodísticos básicos. Estos cargos nunca deberían haberse presentado", dijo David Greene, director de Electronic Frontier Foundation Civil Liberties.

Assange fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, después de abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció refugiado durante casi siete años. Desde entonces, se encuentra en una prisión de máxima seguridad, en virtud de una orden de arresto emitida desde Estados Unidos.

A finales de mayo, el Tribunal Superior de Londres falló en favor del fundador de Wikileaks, para permitirle apelar contra su orden de extradición a EEUU, donde se temía que se enfrentase a una batería de cargos que pueden implicar hasta 175 años de cárcel.

El periodista ha defendido en todo momento que las informaciones reveladas en 2010 sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.