El sueño de la "Dinamarca verde" pasa por un impuesto a los granjeros de 100 € por vaca (y sus gases)

Dinamarca será el primer país del mundo en aplicar un impuesto a los ganaderos por las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) que desprendan sus vacas, cerdos y ovejas. La medida entrará en vigor a partir del año 2030 y, según ha anunciado el Gobierno, tiene por objetivo reducir las emisiones de gases invernaderos en un 70% para conseguir ser un país neutro en emisiones en 2045. El acuerdo, calificado ya como un acuerdo histórico, ha sido alcanzado tras meses de intensas negociaciones entre los partidos políticos, las asociaciones de ganaderos y los grupos ambientales que han signado la propuesta.

Al presentar esta medida, el Gobierno argumentó que la industria de la agricultura y la ganadería representan la mayor fuente de emisiones de gases contaminantes del país. Para frenar estas emisiones, la nueva ley obliga a los ganaderos daneses a pagar un impuesto de 300 coronas (40 euros) por tonelada de dióxido de carbono que emitan en 2030. Este aumentará a 750 coronas (100 euros) en el año 2035.

Sin embargo, la norma también prevé la deducción del 60% del impuesto si los ganaderos aplican una serie de medidas para reducir sus emisiones, por lo que el coste real por tonelada de gases emitidos se prevé que será de 120 coronas (16 euros) y aumentará a 300 coronas en 2035. Según ha explicado el instituto ecologista danés Concito, las vacas emiten una media de 6 toneladas de CO₂ al año. Así, el nuevo impuesto supondrá para los ganaderos un cargo de 720 coronas, unos 96 euros, por vaca en el primer tramo del impuesto. Aunque la industria porcina en el país (2,2 millones de cerdos) es mucho mayor que la ganadería de vacas (340.000 cabezas de ganado), las vacas producen muchas más emisiones que otros animales, por lo que sus productores serán los que se vean más afectados por la medida cuando entre en vigor.

“Acuerdo verde” para transformar Dinamarca

Pero el impuesto sobre las emisiones en la ganadería es tan solo un punto más de un plan del gobierno mucho más ambicioso que pretende restaurar la naturaleza y reducir la contaminación en el medio marino, los fiordos y los bosques en Dinamarca. El denominado “acuerdo verde” también prevé otras medidas que tendrán un impacto aún mayor que la subida de impuestos para los agricultores.

Concretamente, para el año 2045, el gobierno prevé convertir 250.000 hectáreas agrícolas en bosques, lo que representa la substitución del 17% de tierras que hoy están destinadas a la industria agraria. También se prevé que 140.000 hectáreas que hoy son humedales, donde hay campos agrícolas y granjas, se vuelvan a inundar para restituir el medio ambiente. Para ello, el Gobierno creará un fondo de 40.000 millones de coronas danesas (5.300 millones de euros) para indemnizar a los agricultores afectados.

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En un momento en el que en los últimos meses los agricultores en toda Europa se han levantado en protesta contra las medidas ambientales impulsadas desde las instituciones de la Unión Europea, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que esperaba que la medida acordada con la industria agrícola en su país "allanara el camino a nivel regional y global" para iniciativas similares.

Entre el alivio y la preocupación de los ganaderos

Sin embargo, fuera de la capital, en Copenhague, el entusiasmo de la primera ministra choca con la reacción de los ganaderos al saberse los detalles del proyecto de ley, que aún tiene que ser aprobado por el Parlamento en otoño. Entre el sector, hay una sensación de alivio por las deducciones de impuestos que contemplará el texto, pero también se teme a un encarecimiento de los precios y a la pérdida de lugares de trabajo que comportará inevitablemente el cierre de granjas.

“No ha sido un acuerdo tan malo” apunta el ganadero Jens Christian Sørensen. “El impuesto está acordado para que podamos continuar con nuestra producción, así que, como punto de partida, soy positivo con el acuerdo”, asegura Sørensen. Él, como otros ganaderos, confía en que los avances tecnológicos en los próximos años permitirán reducir aún más las emisiones en el futuro. Por ejemplo, “con nuevos piensos para vacas que emitan menos gas metano”, señala.

En contraste, Thomas Jensen, quien tiene una explotación de cerdos en el oeste de Jutlandia, subraya que los agricultores daneses “ya producimos la leche y la carne de cerdo con el nivel de emisiones de CO₂ más bajo en el mundo, por lo que la medida no tiene ninguna justificación” piensa. Jensen cree que, con la aplicación del impuesto, irremediablemente muchos granjeros daneses ya no serán competitivos, por lo que “se trasladará la producción de carne y leche a Polonia y Alemania, donde contaminan más que nosotros” se lamenta.

Temor a la pérdida de lugares de trabajo

Al presentarse el “acuerdo verde”, desde el ministerio de economía se admitió que el impuesto y la reforestación de las zonas agrícolas supondrá la pérdida de 1.550 puestos de trabajo en 2030, que subirán hasta los 2.100 empleos en 2035. Pero en un país con una tasa de desempleo del 2,5%, desde el gobierno se confía en que estas cifras son asumibles, ya que la reconversión del sector agrícola también generará nuevas oportunidades laborales.

Mogens Hjort Jensen, productor de leche con 550 vacas y portavoz del Comité Danés de cría de ganado, no lo ve tan claro. “Llevo 30 años siendo granjero y cada año me he ido adaptando a las nuevas leyes para hacer que mi granja sea menos contaminante, intentamos hacer las cosas mejor y más eficientemente, pero, por supuesto que estoy nervioso con el plan. Aunque podría ser mucho peor” explica. Jensen ejemplifica que un año atrás, la planta de producción y empaquetado de fresas al norte de su granja, con 500 trabajadores, tuvo que cerrar, “y aún hoy, 200 o 300 personas están desempleadas. A lo mejor tenemos que movernos a las ciudades para encontrar trabajo” ironiza Jensen.

A diferencia de en Alemania, Países Bajos, o en Bélgica, los ganaderos daneses no han salido a la calle con sus tractores para manifestarse por las estrecheces de un sector que cada vez tiene un futuro más incierto en toda Europa, también en Escandinavia. “La diferencia es que aquí los ganaderos sí que hemos sido invitados a discutir la nueva ley, por eso hemos podido marcar un poco más el rumbo hacia nuestros intereses” puntualiza el ganadero.

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Otro de los puntos más conflictivos de la medida es el temor del incremento de los costes de producción para los agricultores, un hecho que puede terminar repercutiendo a los consumidores. En este sentido, la economista del banco Sydbank, Ann Lehmann Erichsen, en las páginas del Jyllands-Posten señalaba que “el impuesto supondrá para un hogar medio con 2 personas, un coste adicional de 116 coronas por año (15 euros), es decir un pequeño cambio que nadie puede decir que no se puede permitir”.

Thomas Poulsen es un agricultor de 35 años que hace siete que empezó el negocio en su granja, donde produce 4,8 millones de litros de leche al año para la empresa Arla. Poulsen tiene la esperanza de que la reducción de la huella ecológica en los productos agrícolas daneses “pueda acercar más a la gente del campo y la ciudad”. El granjero también admite que “espero que se comprenda que los agricultores no tratamos simplemente de contaminar, sino que queremos producir buenos alimentos, espero que la gente tenga en cuenta a la hora de comprar nuestros productos si los precios terminan subiendo” concluye.