285M de euros tirados a la basura: la nota que los 'tories' no se han atrevido a dejar a Starmer

Desde los tiempos de Churchill, hay una tradición por la que el ministro del Tesoro saliente deja una nota al nuevo inquilino de Downing Street explicando el estado de las arcas públicas. Y no suelen ser precisamente buenas noticias. El traspaso de Reginald Maudling a Jim Callaghan en 1964 se saldó con un: "Lamento dejarlo así". Por su parte, el ya célebre mensaje que Liam Byrne dejó en 2010 a los de David Cameron rezaba: "Me temo que no hay dinero. Saludos… y buena suerte".

En esta ocasión, sin embargo, el fin de era para los tories tras catorce años en el poder ha terminado sin documento. El nuevo secretario de Estado de Economía, el laborista Darren Jones, dice que no ha encontrado nada en su cajón. Y con tono de sorna añade: "tal vez no podían permitirse el papel para escribir una carta… ¿Quién sabe?". Pero lo cierto es que la herencia dejada por los conservadores incluye una factura de 240 millones de libras (alrededor de 285 millones de euros) por un servicio que jamás se ha llegado a utilizar.

El ya ex premier Rishi Sunak hizo del controvertido Plan Ruanda, para deportar a los solicitantes de asilo llegados por rutas irregulares, el pilar de su mandato. Las batallas legales hicieron imposible, sin embargo, el despegue de cualquier avión. A Keir Starmer le ha faltado tiempo para cancelar la polémica normativa. "Está muerta y enterrada", dijo nada más llegar al Número 10. En su lugar, quiere redirigir el presupuesto a un nuevo Comando de Seguridad Fronteriza para abordar los cruces de pateras en el canal de la Mancha.

El problema es que Kigali, la capital ruandesa, no está dispuesto a devolver ni un centavo. "Esta asociación fue iniciada por el gobierno de Reino Unido para abordar la crisis de migración irregular que afecta a Reino Unido, es decir, es un problema del Reino Unido, no de Ruanda", matiza el gobierno del país africano. "Ruanda ha cumplido plenamente su parte del acuerdo, incluso en lo que respecta a las finanzas, y sigue comprometida a encontrar soluciones a la crisis migratoria global, incluida la provisión de seguridad, dignidad y oportunidades a los refugiados y migrantes que llegan a nuestro país", añade.

TE PUEDE INTERESAR

El gran elefante en la habitación del nuevo Gobierno laborista en Reino Unido

Celia Maza. Londres

El controvertido programa migratorio fue inicialmente anunciado en abril de 2020 por el entonces premier Boris Johnson. Mientras el político de melena albina tiraba de discurso populista prometiendo que así acabaría con la inmigración ilegal tras el Brexit (nada más lejos de la realidad, ya que se han alcanzado cifras récord), Sunak, que en ese momento era titular de Economía, no creía que esa fuera la forma más efectiva para detener a las pateras que cruzan el canal de la Mancha. Tampoco la veía como la más barata. Las cifras oficiales publicadas anteriormente sugerían que trasladar a cada individuo a un tercer país costaría 63.000 libras más que mantenerlos en Reino Unido.

Con todo, el Plan Ruanda acabó convirtiéndose en el eje central de su mandato, debido a la presión del núcleo duro de sus filas, y, a finales del año 2023, el Gobierno británico acabó pagando 240 millones de libras a Kigali. El acuerdo estipulaba que el pago total sería de, al menos, 370 millones de libras para los próximos cinco años. Si se enviaban a más de 300 inmigrantes, Reino Unido pagaría al país africano una suma única de 120 millones de libras para ayudar a impulsar la economía, con pagos adicionales de 20.000 libras por persona reubicada. Los pagos pendientes ahora ya no se ejecutarán. Pero las transferencias realizadas tampoco van a recuperarse.

TE PUEDE INTERESAR

"Debería darnos vergüenza": UK zanja la batalla legal y deportará inmigrantes a Ruanda

Celia Maza. Londres

En enero, después de 21 meses de estancamiento del plan por varias disputas legales, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, sugirió que se podría devolver parte del dinero si no se enviaba ningún solicitante de asilo al país. Pero el Gobierno de Kigali no está por la labor. "Que quede claro: devolver el dinero nunca fue parte del acuerdo", matiza un portavoz. "No se estipulaba que el dinero debía ser reembolsado. Fue Reino Unido quien se acercó a Ruanda solicitando una asociación. Todo fue discutido extensamente", añade.

En Kigali, la decisión del nuevo inquilino de Downing Street ha generado preocupación entre los trabajadores contratados hace meses para construir viviendas para solicitantes de asilo. Aseguran que los cambios de planes podrían "afectar gravemente" a sus vidas. Según la BBC, los empleados de la obra ganan entre 1,80 y 6 libras por día, "salarios relativamente buenos para el sector de la construcción en Ruanda".

Un trato "inhumano"

Una de las vecinas, Mariya Nyirahabimana, explicó que el valor de las casas en su zona había aumentado significativamente, pero temía que "la pobreza pudiera regresar" a Gahanga una vez el programa se ha cancelado.

Dinamarca había estado considerando un acuerdo similar con Ruanda, pero suspendió también las discusiones en enero del año pasado, asegurando que quería un enfoque más unificado dentro de Europa para abordar la inmigración ilegal.

No se estipulaba que el dinero debía ser reembolsado. Fue Reino Unido quien se acercó solicitando una asociación

El propio Gobierno británico conservador criticó en 2021 a Ruanda por "ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y torturas". Pero luego creía que era sitio "más idóneo" para mandar a los solicitantes de asilo llegados por vías irregulares, algo que las ONG siempre consideraron como "algo inhumano".

A finales del año pasado, el Tribunal Supremo de Reino Unido siguió los pasos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos oponiéndose a la medida al considerarla ilegal. El fallo advertía que los refugiados correrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen, donde podrían sufrir daños, asegurando que esto viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos del que el Reino Unido es signatario. Asimismo, también recordó las propias preocupaciones del Gobierno británico en el pasado sobre el pobre historial de derechos humanos de Ruanda.

TE PUEDE INTERESAR

Legal, pero inmoral: la justicia da luz verde a que Reino Unido envíe a sus inmigrantes a Ruanda

Celia Maza. Londres

Tras la sentencia, Sunak tuvo que cerrar un nuevo pacto con Kigali con modificaciones para asegurar que "las personas desplazadas al país africano no correrían el riesgo de ser devueltas a un país donde su vida o su libertad se vean amenazadas". Aunque el nuevo plan también ordenaba a los tribunales hacer caso omiso, entre otros, a la Ley de Derechos Humanos.

Consciente del gran escándalo que provocarían los vuelos, el Ejecutivo de Sunak llegó a alquilar a principios de año un hangar para aviones, utilizado normalmente por las productoras como estudio cinematográfico, para que los funcionarios de seguridad puedan ser entrenados para obligar a los inmigrantes a meterse en el avión con destino al país africano.

El sistema de asilo de Reino Unido cuesta casi 4.000 millones de libras al año, incluidos unos 8 millones de libras al día en alojamiento en hoteles. Para abaratar costes, en lugar de hoteles, el Gobierno mandó el año pasado a los solicitantes de asilo a la denominada "prisión flotante", un buque de tres pisos con 222 camarotes amarrado en el puerto de Portland (Dorset, Inglaterra). Muchos de los propios parlamentarios conservadores lo llamaron "el barco de la vergüenza".