5.500 presos liberados antes de tiempo: ¿qué hay detrás del colapso en prisiones de UK?

La mesura fue lo que marcó la campaña electoral de Keir Starmer y es el gran pilar sobre el que se está edificando ahora su mandato en Downing Street. Pero una de las primeras medidas que ha tomado el nuevo premier laborista ha acaparado todos los titulares. Alrededor de 5.500 delincuentes serán liberados antes de tiempo para septiembre. Es un asunto controvertido, viniendo además del que en su día fuera fiscal general del Estado. Pero el Ejecutivo defiende que es un plan de emergencia para “evitar el desastre”. Y los conservadores —ahora en la oposición— tienen poco que objetar al respecto porque son conscientes que el colapso del sistema penitenciario británico es una “bomba a punto de explotar”.

“Si esa bomba explota, si nuestras prisiones se quedan sin espacio, los tribunales se paralizarían, los sospechosos no podrían ser detenidos y los agentes de policía no podrían realizar arrestos, dejando a los criminales libres para actuar sin consecuencias. En resumen, si no actuamos ahora nos enfrentamos a la perspectiva de un colapso total de la ley y el orden”, matiza la nueva ministra de Justicia, Shabana Mahmood.

La clave es que Reino Unido encarcela a más personas per cápita que cualquier otro país de Europa occidental. Pero para mantener ese sistema hay que construir y mantener más cárceles y pagar a más funcionarios penitenciarios de lo que los conservadores han estado dispuestos en los últimos 14 años que han estado en el poder.

Desde principios de 2023, las prisiones británicas han estado funcionando a más del 99 % de su capacidad, contando con solo un centenar de celdas disponibles para los reclusos varones.

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Si bien la mayoría de los presos que cumplen penas estándar determinadas actualmente salen de la cárcel a mitad de condena, ahora quedarán en libertad habiendo cumplido solo el 40% del castigo. Eso sí, no se aplica a todos. Entre las categorías exentas están las de delitos graves o los relacionados con violencia doméstica.

Los reclusos liberados en el marco de esta iniciativa serán vigilados por el Servicio de Libertad Condicional británico mediante el uso de dispositivos electrónicos y prohibiciones de movilidad en ciertos horarios, entre otras maneras. En caso de que incumplan estas condiciones, correrán el riesgo de regresar a prisión. “Entiendo que algunos puedan sentirse preocupados, pero puedo asegurarles que estamos tomando todas las precauciones posibles”, señala Mahmood.

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Cuando el último ministro conservador de Justicia con el anterior Gobierno, Alex Chalk, asumió el cargo, rápidamente se dio cuenta de que la única manera de evitar que las prisiones en Inglaterra y Gales se llenaran demasiado para funcionar era iniciar un programa de liberaciones anticipadas. Pero sus esfuerzos por reformar el sistema fueron bloqueados por Rishi Sunak, ya entonces, con la popularidad muy debilitada.

Stephen Bush, columnista de Financial Times, analizaba recientemente el gran reto al que se enfrenta ahora el nuevo Ejecutivo de Starmer, asegurando que la política penitenciaria se basa en cuatro teorías. “El punitivo: si has hecho algo malo, deberías ser castigado con el encierro. Disuasión: es menos probable que hagas algo malo si temes que te encierren. Preventivo: si estás encerrado no puedes cometer más delitos. Y rehabilitador: mientras estás encerrado, deberíamos hacer algo para asegurarnos de no tener que volver a encerrarte”, apuntaba.

¿Posible crisis económica?

Pero la legitimidad del sistema de justicia penal, especificaba, depende de tres cosas. “Tranquilidad: es necesario asegurar a las personas que están a salvo. Justicia: la gente necesita pensar que las penas de prisión y la política penitenciaria son, en términos generales, justas. Y el costo: tiene que entregarse a un precio, en términos de tasas impositivas y gasto público, que la gente esté dispuesta a pagar”.

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Y ahí está la gran cuestión. ¿Qué coste está ahora dispuesto a pagar el nuevo inquilino de Downing Street, el mismo que se ha marcado como principal objetivo alcanzar la estabilidad económica cuando la deuda pública ha alcanzado su nivel más alto desde 1962?

Según las últimas cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística, el stock total de deuda pública supone el 99,5% del PIB, superando por primera vez los máximos alcanzados durante la pandemia de coronavirus. Con presiones para destinar más dinero en otros servicios públicos, como la sanidad, y promesas electorales de no aumentar las tasas del impuesto sobre la renta, el de sociedades o el IVA, muchos economistas esperan que aumente el endeudamiento.

Los planes de emergencia del Ejecutivo laborista ante la crisis del sistema penitenciario se revisarán dentro de 18 meses, cuando la situación en las cárceles espera esté “estabilizada”, según apunta la ministra de Justicia, quien se ha comprometido a publicar datos trimestralmente sobre el número de personas liberadas.

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Pero está por ver si se ejecuta la necesaria reforma. O tan solo se ponen tiritas al problema. En las décadas de 1990 y 2000, la política penitenciaria del Reino Unido era un taburete de tres patas, en el que el castigo, la disuasión y la prevención eran los objetivos principales, y la rehabilitación pasaba a segundo plano.

Hay buenas razones políticas para ello: el castigo y la prevención en particular son populares entre el público. La presencia de sentencias duras y largas es a la vez tranquilizadora y parece justa. Y parece haber funcionado: la delincuencia disminuyó drásticamente desde que Michael Howard, el ministro del Interior conservador más influyente desde 1945, declaró en 1993 que “la prisión funciona”.

Pero el enfoque howardiano conlleva un coste que los gobiernos deben estar dispuestos a afrontar. En las dos últimas décadas, la política de justicia penal ha sido objeto de amargas divisiones, en privado y a veces en público. Los ministros de mentalidad liberal aceptaron fuertes recortes en sus presupuestos con la condición de poder enviar a menos personas a prisión. Luego fueron reemplazados por ministros de Interior del ala dura del Partido Conservador.

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Las dos facciones enfrentadas en los gobiernos conservadores acordaron que perseguirían fines draconianos en lo que respecta a las prisiones, pero con un presupuesto ministerial reformista. Y los resultados han sido un desastre.

Plan de urgencia

Tal y como explica Ian Acheson, exgobernador de prisiones, en su libro Screwed, no es que el Reino Unido abuse más de las sentencias cortas que otros países vecinos. La razón por la que encarcela a más personas es que es más probable que encarcele a la misma persona varias veces: porque es más probable que reincida. Como señaló Mahmood en un discurso reciente, cerca del 80% de los delitos en el Reino Unido son segundas infracciones.

Por lo tanto, el desafío ahora es que el plan de urgencia para liberar antes a presos de delitos menores no termine descarrilando un proceso más amplio para pasar a la rehabilitación.

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Lo que socavó el consenso howardiano sobre la política penitenciaria es que, si bien el electorado la encontró justa y equitativa, también eligió un gobierno que no estaba dispuesto a obligarlos a soportar los costos de la misma. Tal y como concluye el columnista de Financial Times, la dificultad para el Partido Laborista, por tanto, ahora es “brindar al público la tranquilidad o el sentido de justicia que ha hecho que las sentencias de cárcel más largas sean tan populares durante tanto tiempo”.