La calma en medio de la tormenta: ¿Por qué la oposición venezolana está siendo tan cauta?

En el convulso escenario político desatado por las elecciones venezolanas, en las que el Comité Nacional Electoral anunció la victoria de Maduro sin publicar la mayoría de las actas, la oposición liderada por María Corina Machado ha destacado por su cautela. Pese a hablar abiertamente de fraude electoral y asegurar que Edmundo González, el candidato opositor, es el verdadero presidente electo de Venezuela, el antichavismo ha sido muy cuidadoso a la hora de incitar protestas contra lo que considera como un robo en las urnas.

Cuando este lunes la oposición llamó, por primera vez tras la publicación de los resultados, a la movilización popular, no pidió protestas o manifestaciones, sino asambleas ciudadanas. Machado indicó que estas se realizarán de 11:00 a 12:00, hora local, y enfatizó que una vez concluyan los actos, los participantes deben regresar pacíficamente a sus casas. “Queridos venezolanos, mañana nos encontramos; en familia, organizados, demostrando la determinación que tenemos de hacer valer cada voto y de defender la verdad”, publicó la opositora en la red social X. “Hay mucha indignación y eso lo comprendemos, pero debemos mantener la calma. La serenidad para que lleguemos al triunfo sin ningún objeto que lamentar”, afirmó, por su parte, González.

La causa principal detrás de esta cautela es que los precedentes de las protestas populares en Venezuela no resultan especialmente halagadores. En las elecciones para sustituir a Hugo Chávez tras su muerte en 2013, Maduro obtuvo una victoria por la mínima sobre el candidato opositor Henrique Capriles, quien pidió un recuento de votos, alegando irregularidades en la votación. Las manifestaciones que se extendieron a continuación por todo el país se saldaron con 43 muertos a manos de las fuerzas de seguridad y cero logros para la oposición.

Cuatro años más tarde, cuando el régimen chavista maniobró para dejar sin poder a la Asamblea Nacional democráticamente electa y en medio de una crisis económica sin precedentes, las calles volvieron a vivir protestas masivas que resultaron en 165 muertos, más de 15.000 heridos y, una vez más, ninguna concesión por parte del Gobierno de Maduro. En 2019, el líder opositor Juan Guaidó, que había formado un Gobierno interino, contaba con el reconocimiento de más de 50 países, poseía una aprobación popular superior al 77% y había tomado el control de miles de millones de dólares de activos en el exterior, intentó una insurrección popular que fracasó espectacularmente.

Hoy en día, los líderes políticos al frente de protestas pasadas, como Leopoldo López o Guaidó, están exiliados fuera de Venezuela y son, a todas luces, irrelevantes en el devenir del país. La lección aprendida por la oposición de estos fracasos durante más de una década es clara: mientras no cuenten con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la presión en las calles no basta, por sí misma, para hacer caer al régimen. Por el contrario, le otorga al Gobierno una excusa perfecta para reprimir duramente a los manifestantes y encarcelar o forzar el exilio de los cabecillas opositores de turno.

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Por otra parte, estaría por comprobarse la fuerza de la oposición en la calle después de la salida del país de 7,7 millones de personas, entre las que se encuentra una parte importante de la población más combativa a nivel de protestas. El poder de convocatoria podría haber disminuido, como ha disminuido también el del chavismo que, en cambio, sigue contando con el viento favorable gracias al empuje del Estado.

Con la ley en la mano

Parece existir una convicción entre la cúpula opositora actual de que, en este caso y a diferencia de otras convocatorias a las urnas del pasado, el fraude electoral ha sido tan evidente y burdo que pueden combatirlo a base de pruebas.

En la primera jornada tras la elección, la oposición se centró en recabar el mayor número posible de actas electorales provenientes de los centros de votación con los que demostrar el fraude que han denunciado. La cúpula de la coalición de unidad dijo que muchos de sus testigos electorales no pudieron entrar a los centros de votación durante el recuento y quedaron sin acceso inmediato a esos documentos que certifican el resultado de cada mesa en cada colegio electoral. En la noche de la elección habían logrado recabar el 30% de las actas y a mediodía del lunes ya aseguraban contar con la mitad de las mismas, subrayando que según esos datos el candidato opositor se habría impuesto con una diferencia de 40 puntos sobre Maduro.

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En una rueda de prensa conjunta celebrada en la tarde del lunes, Machado y González anunciaron que ya contaban con el 73.2% de las actas y que éstas demostraban que el verdadero presidente electo del país es el candidato opositor. "Mientras estamos hablando aquí, las pruebas de la victoria de Venezuela ya están siendo comprobada por los líderes del mundo", afirmó la líder antichavista, que alabó las "expresiones voluntarias y legítimas" de desencanto en las múltiples manifestaciones.

Con la mayoría de las actas en la mano, los opositores siguen buscando las formas legales de impugnar el recuento mientras reclaman la publicación de todas esas actas, algo que el mismo CNE prometió este lunes.

En busca del apoyo internacional

Con una arquitectura de poder nacional controlada en su práctica totalidad por el chavismo, la principal esperanza de la oposición reside, una vez más, en el respaldo internacional a su causa. Estados Unidos ya ha pedido que todas las actas sean publicadas y está por ver cuál es su reacción cuando el CNE lo haga, porque parece difícil que la autoridad electoral vaya a echarse atrás después de haber publicitado su difusión.

Mientras algunos están muy atentos a lo que tenga que decir Washington, otros creen que la posición va a ser tibia por la cercanía a la fecha electoral en el país norteamericano. Por eso, la mayoría de los ojos están posados sobre Brasil y Colombia, los dos países, junto a Guyana, que comparten frontera terrestre con Venezuela y que están gobernados por políticos de izquierda que mantienen una interlocución con el Gobierno de Maduro.

Ambos Gobiernos han mantenido posiciones calculadamente críticas con el proceso en las últimas semanas. Este lunes, Colombia solicitó un recuento total de los votos y una "verificación independiente" de las actas que permita despejar cualquier duda sobre el proceso. “Luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el CNE, consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores”, manifestó el ministro de Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo.

El gobierno de Brasil, por su parte, no emitió ningún comunicado respecto a las elecciones venezolanas, pero el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya había criticado públicamente al presidente venezolano la semana pasada. ¿El motivo? Durante un mitin, Maduro había advertido ante sus seguidores que se producirían “baños de sangre” e incluso “una guerra civil” si perdía las elecciones del domingo. “Ya le dije a Maduro dos veces, y Maduro lo sabe, que la única manera de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo”, aseveró Lula ante varios medios el pasado 22 de julio.

La oposición espera que su acumulación de pruebas sobre el fraude electoral acaben por convencer Brasil y Colombia de que es necesario mover ficha contra el Ejecutivo venezolano. Dado que durante los últimos años ambos países se han convertido en los principales garantes del retorno de Maduro a la arena diplomática regional, una condena abierta de estos gobiernos contra él podría ser el empuje que haga tambalear al chavismo. O al menos, esa es la esperanza de una oposición que sabe que el tiempo juega en su contra.