Las 25.000 enfermeras 'fantasma' de Orbán: lecciones del país que rechazó la inmigración

“En mi hospital hay dos o tres salas vacías que deberían estar ocupadas por enfermeras. Pero, aunque así fuera, todavía necesitaríamos más personal”. Tibor* lleva trabajando 15 años en el mismo hospital de Budapest y reconoce que cada vez le cuesta más ver a los empleados.

En el país centroeuropeo faltan unas 25.000 enfermeras, según explica Balogh Zoltán, de la Cámara de Trabajadores del Sector Sanitario Húngaro. “La escasez de trabajadores es enorme”, asegura. Hay necesidad de trabajadores en todos los ámbitos del sector, pero el de las enfermeras es el más urgente. Habla en femenino porque en Hungría el 95% de empleados de esta profesión son mujeres.

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Los trabajadores de la sanidad húngara están obligados a ser miembros de la Cámara, por lo que esta organización está en buena posición de ofrecer luz sobre un fenómeno del que apenas se habla en Hungría: la emigración. Cada año entre 400 y 500 trabajadores del sector sanitario intentan encontrar un empleo en otros países europeos. Los principales destinos son Alemania, Austria y Reino Unido.

“Esto solo es la punta del iceberg. Nosotros tenemos datos del proceso que siguen los húngaros para encontrar trabajo en el extranjero en el mismo sector, pero sabemos que muchos que no tienen un buen conocimiento del idioma también emigran para trabajar en puestos inferiores a los que desempeñaban aquí”.

Un éxodo conveniente

La cifra exacta de trabajadores emigrados durante los últimos años es una incógnita. Las estimaciones más conservadoras que los grupos opositores la sitúan en torno a unas 500.000 personas. El propio Gobierno reconoce que cientos de miles han emigrado. Volúmenes significativos para un país de unos 10 millones de habitantes.

Esta sangría de trabajadores supondría una alarma de catástrofe económica para cualquier nación con intenciones de equipararse a los estándares de Europa occidental. Por supuesto, también lo es para Hungría, aunque hay quien ve en ello un beneficio para el primer ministro Viktor Orbán. “Cientos de miles de personas se están yendo del país -aseguraba el analista político Péter Kréko al medio estadounidense The Atlantic-. Son personas que enviarán dinero de vuelta, pero que no votan aquí. No van a manifestaciones. Al Gobierno le gusta tener una población más pequeña que le es más leal”.

“Cientos de miles de personas se están yendo del país. Envían dinero, pero no votan. Al Gobierno le gusta tener una población más pequeña pero leal"

Mientras, casi no hay profesión que se escape de la escasez de profesionales. “En algunos sectores se está experimentando una falta de mano de obra impresionante. Por ejemplo, es difícil encontrar cocineros, camareros u obreros de construcción”, detalla desde su despacho Gábor Gyulai, director del programa de asilo del Comité Helsinki Húngaro, la única ONG que proporciona asistencia jurídica a solicitantes de asilo en el país. “También cada año dicen que faltan de 10.000 a 20.000 informáticos”.

Un país vacío para 2070

A la emigración se le suma una de las tasas de natalidad más bajas de toda la Unión Europea. Orbán abrió el grifo de forintos, la moneda local, para animar a que los húngaros -no los extranjeros- tuvieran más y más hijos. Desde préstamos en condiciones muy ventajosas a reducciones fiscales; desde servicios gratuitos de cuidados infantiles a subsidios para comprarse un vehículo.

Pero esta batería de ayudas para las familias numerosas no han conseguido reviertir la evolución demográfica negativa del país. Desde 2017, la población se ha contraído un 3% según cifras oficiales. Si la misma dinámica se mantiene, en 2070 el país apenas tendrá 6,0 millones de habitantes.

A corto plazo, Hungría solo tiene la solución de la inmigración. Una inmigración que en el pequeño país centroeuropeo sigue representando una cifra de apenas el 1,5% del total, por debajo de otros países de la región como Austria o la República Checa.

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El Gobierno lo sabe, pero no lo quiere reconocer en público. Fidesz, el todopoderoso partido del primer ministro Orbán, empapeló las calles de Budapest y de todo el país durante la campaña electoral de las pasadas elecciones europeas con lemas como “Mensaje a Bruselas: la inmigración tiene que parar”. Pero la realidad es que la inmigración ha aumentado un 11% en los últimos años.

En opinión de Gyulai: “Es un fenómeno que demuestra que la campaña de odio del Gobierno es absolutamente absurda. Está negando un fenómeno natural que está aconteciendo en el país. Y está fomentando el odio, de una manera profunda, en toda la sociedad húngara”.

Soluciones sobre el papel

“Para el Gobierno la situación de los hospitales no es una prioridad. Quizá, como mucho, ocupa la quinta posición en la lista de sus preocupaciones”, asegura, frustrado, Tibor, el médico de Budapest.

“En los pacientes, esto se traduce en más tiempos de espera, sobre todo cuando son personas que no pueden acudir al hospital y tienen que ser atendidas en sus hogares. Cuesta mucho tiempo organizar las ambulancias y el personal necesario para tratarlos adecuadamente”, añade Tibor sentado en una terraza del centro de Budapest. ¿Y por qué el Gobierno no lo soluciona? “Eso habría que preguntárselo al Gobierno. Lo que está claro es que la solución es muy fácil: más dinero. Tan sencillo como eso. Si no lo hacen es porque no quieren”.

Las preguntas al Ministerio de Capacidades Humanas, el organismo húngaro encargado de la cartera de Sanidad, quedan sin respuesta. No obstante, desde la Cámara de Trabajadores del Sector Sanitario Húngaro defienden la gestión gubernamental.

“Desde 2004, la tendencia es mucho mejor”, señala Balogh Zoltán antes de enumerar diversos convenios aprobados por el Gobierno para aumentar el salario de los trabajadores del sector. “Por ejemplo, en el período entre los años 2016 y 2019 los sueldos se han aumentado un 62%”.

Preguntado por esos datos, Tibor muestra su escepticismo. “La verdad es que no sé de dónde sacan esas cifras, porque en el hospital apenas hemos notado mejoras en estos años”.

'Ley esclavista'

En un intento de maquillar la falta de mano de obra, el Gobierno aprobó recientemente la llamada “ley esclavista” - un polémico texto legal que permite trabajar hasta 400 horas extras al año-. Pero en el sector salud, donde realizan turnos de hasta 12 horas y, en ocasiones, complementan las labores en los hospitales con otros trabajos, apenas tiene impacto.

A Orbán no le quedan muchas cartas más para frenar la fuga de trabajadores en los hospitales.

“Las enfermeras siempre se van. Se van a otros empleos en los que cobran más o se van del país. Se quejan de la gran carga de trabajo que tienen y de que no les pagan lo suficiente”. Lilla (nombre ficticio*), neuróloga en su tercer año de residencia, trabaja en otra parte del país, en Szeged, la cosmopolita localidad cercana a la frontera con Serbia. Pero aquí las condiciones laborales de los centros sanitarios son similares. Aunque siempre pueden empeorar: “En algunos hospitales pequeños, los pacientes a veces se tienen que llevar su propio papel higiénico porque allí no hay".

Opinión

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Lilla y otra neuróloga de su hospital tratan de desconectar en un bar de Szeged tras otra extenuante jornada laboral. “Tenemos que hacer muchas tareas que en realidad no nos corresponden. Por la falta de personal pasamos mucho tiempo con labores administrativas. Estamos el día entero tecleando”, se queja la joven doctora. “Lo más grave es que nuestros pacientes son personas en un estado muy grave y necesitan cuidados intensivos. Eso sí, todos los doctores y trabajadores del hospital hacen un gran trabajo a pesar de las malas condiciones.”

Muchos doctores, cuenta la médico, se marchan al extranjero una vez terminados los cinco años de residencia. El Gobierno, en otro intento de frenar el éxodo de los médicos, en este caso, ofrece a los jóvenes profesionales una beca durante su interinidad para aumentar sus ingresos, con la condición de que se comprometan a quedarse cinco años una vez terminada su residencia.

Lilla, a diferencia de otros compañeros, decidió firmar y aceptar la beca. No obstante, no descarta marcharse del país antes de ese plazo, aunque deba devolver el dinero al Gobierno. Otra opción sería trabajar en el sector privado. “Pero de lo que estoy segura es de que no me quedaré en esta clínica tan deprimente”.

*Los doctores pidieron no ser identificados por no estar autorizados a declarar a la prensa sin un permiso oficial.