Yihadismo y extrema derecha, los caballos de Troya en las filas de la policía francesa

“Un gran fracaso del Estado”, “los servicios de inteligencia en el banquillo”, “jaque mate al Estado”, así calificaba la prensa francesa el atentado cometido por Mickaël Harpon, funcionario en el seno de los servicios de inteligencia encargados de detectar a individuos radicalizados, en el interior de la Prefectura de Policía de París. El pasado jueves 3 de octubre, Harpon, informático de 45 años reclutado por la Dirección de Inteligencia (DRPP), asesinó a puñaladas a cuatro de sus compañeros de profesión antes de ser abatido.

Golpeando a las fuerzas de seguridad desde su interior, el caso de Mickaël Harpon pone de manifiesto la porosidad de las fuerzas del orden francesas, víctimas de un funesto caballo de Troya. Así, detrás de la tragedia, emergen preguntas ineludibles: ¿cómo pudieron los servicios de inteligencia encargados de detectar posibles yihadistas pasar por alto la radicalización de uno de sus agentes? ¿Es una evidencia de la ineptitud del Estado en la lucha antiterrorista?

Opinión

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“[Mickaël Harpon] Jamás presentó signos de dificultades en su comportamiento […] Ni la menor señal de alerta”, aseguró apresuradamente el ministro del Interior, Christophe Castaner, tras el suceso. Una desafortunada declaración que no tardó en ser desmentida por Jean-François Ricard, fiscal de la República y máximo responsable de la Fiscalía Antiterrorista (PNAT): Harpon habría aprobado “ciertos abusos cometidos en nombre de esta religión”, expresado “su deseo de no tener ciertos contactos con mujeres” e, incluso, habría justificado “ante un compañero de trabajo los atentados cometidos en los locales del semanario Charlie Hebdo en 2015”.

Por aquel entonces, según un informe interno redactado el 5 de octubre por Françoise Bilancine, directora de los servicios de inteligencia de la prefectura de la capital francesa, dos policías habrían comunicado verbalmente su inquietud a su superior, un comandante. Sin embargo, este último habría asegurado al siguiente responsable en la jerarquía “que no había nada contra Harpon” y que “lo gestionaría a su nivel”, para terminar dando carpetazo al asunto: la información no fue trasmitida a las altas esferas de la prefectura, ni incluida en el dosier administrativo del funcionario.

Acceso a datos muy comprometedores

En el centro de todas las críticas, el pasado lunes 7 de octubre, Christophe Castaner admitió un "disfuncionamiento del Estado" durante una entrevista concedida a la radio France Inter, al mismo tiempo que negaba un hipotético “escándalo de Estado” protagonizado por el trágico y garrafal fallo de los servicios de inteligencia. “No hubo una alerta en el correcto nivel y en el buen momento […] Las señales de alarma habrían sido suficientes para iniciar una investigación en profundidad”, terminaba reconociendo el ministro del Interior. “Si hubo fallos, habrá que corregirlos. Si hubo errores, habrá que sancionarlos”, zanjaba.

Más allá de la tragedia ocurrida en el seno de la prefectura parisina, las consecuencias de estos fallos y errores aún se desconocen. Mickaël Harpon, empleado desde 2003 al servicio de la dirección de inteligencia, tenía acceso al secreto de defensa y, por lo tanto, a la base de datos que recopila información sobre sospechosos de radicalización en todo el territorio galo. La investigación, actualmente en manos de la Fiscalía Antiterrorista, deberá arrojar algo de luz sobre este aspecto, especialmente sensible para la seguridad del Estado y la lucha contra el terrorismo.

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En este contexto, el discreto mea culpa del ministro no consiguió disipar las críticas de la oposición, especialmente formuladas por la extrema derecha francesa: “En este terrible 'affaire' de la matanza en la Prefectura de Policía de París, nos enfrentamos a la negación del Estado, a la mentira del Estado. Frente al peligro mortal del islamismo, el Estado está ausente, dramáticamente ausente, criminalmente ausente”, lanzó Marine Le Pen, líder del Rassemblement National (RN), durante su intervención en el debate sobre la inmigración de la Asamblea Nacional. Antes de exigir la dimisión de Castaner: “el indigente y embarazoso ministro […] debería sacar conclusiones de este drama del que es políticamente responsable”.

Más de treinta policías yihadistas

A pesar de la presión y las críticas, el Ejecutivo de Emmanuel Macron descartaba cualquier dimisión entre sus filas. En pleno seísmo político y mediático, el ministro del Interior prometió “reforzar el tamiz” para que cualquier indicio de radicalización en el seno de las fuerzas del orden se convierta en objeto de una “notificación automática” de alarma. En este mismo sentido, el primer ministro, Édouard Philippe, anunció el 6 de octubre, en el semanario Journal du dimanche (JDD), el lanzamiento de dos misiones confiadas a la inspección de los servicios de inteligencia. Una de ellas estaría destinada a revisar todos los casos de funcionarios sobre los que exista cualquier sospecha de radicalización para evitar una nueva masacre; y la otra, contemplaría revisar los “controles internos” de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura de París, para aclarar si las alertas en torno a Harpon fueron desatendidas.

Tales iniciativas parecen indispensables ante las cifras facilitadas por Éric Diard, coautor del informe parlamentario sobre la radicalización en el seno de los servicios públicos franceses. “Tenemos cerca de 150.000 policías, y entre ellos una treintena es susceptible de haberse radicalizado […] de los 43.000 agentes de la Prefectura de Policía, 15 están bajo vigilancia por radicalización”, aseguró el diputado de la formación conservadora Los Republicanos (LR) al diario 'Le Figaro'.

La conversión al fundamentalismo musulmán no es la única preocupación que gana terreno entre las fuerzas del orden. Según el diario digital Mediapart, la Dirección General de Seguridad Interior (DGIS) alertó en 2018 de un preocupante aumento de la proporción de personal militar y policial que se habría unido a las filas de pequeños crepúsculos de ultraderecha. “Medio centenar de policías, gendarmes y soldados”, estarían actualmente bajo la lupa de los servicios de inteligencia franceses por sus vínculos con la “extrema derecha violenta”.

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Ante este panorama, la puesta en marcha de las “notificaciones automáticas” propuestas por el ministro del Interior parece delicada: “Va a ser necesario que definamos qué es la radicalización. No podemos cribar a todo el mundo, todas las mañanas. ¡Tampoco podemos tener a la mitad de los efectivos de policía investigando a la otra mitad!”, explicaba un alto responsable de la policía citado por el diario 'Le Monde'. “La desconfianza es un veneno lento que Mickaël Harpon ha inoculado a todo el sistema policial”, resumía el periódico.

“[El atentando cometido en la Prefectura de París] ha sido una deflagración. Hay estupefacción, tristeza, estupor también. Este es el peor escenario que podríamos imaginar. Todos nos preguntamos si una pequeña alerta no fue tratada como debería haber sido, pero estoy convencido de que ningún servicio de policía puede afirmar que es absolutamente inmune. Por lo tanto, es un fracaso para todo el mundo. Habrá un antes y un después”, así resumía Eric Morvan, director general de la Policía Nacional francesa, el cataclismo provocado por un auténtico caballo de Troya que, quizás, podría haber sido evitado.

Este es el peor escenario que podríamos imaginar. Es un fracaso para todo el mundo. Habrá un antes y un después

Mientras la responsabilidad del Estado y su capacidad para proteger a sus ciudadanos son cuestionadas, Emmanuel Macron apuesta ahora por endurecer su discurso y fundar una “sociedad de vigilancia”: “las instituciones por sí solas no bastarán para acabar con la hidra islamista […] toda la Nación debe unirse, movilizarse, actuar […] Solo ganaremos si nuestro país se levanta para luchar contra este islamismo clandestino que corrompe a los niños de Francia”, dijo el presidente de la República durante el homenaje rendido a los cuatro funcionarios asesinados. Un discurso que no ha tardado en levantar polémica, tanto por su falta de autocrítica como por la discriminación y desconfianza social que tal perorata puede suponer para los musulmanes en Francia.