Los independentistas escoceses sacan la artillería: ley para un nuevo referéndum

Los nacionalistas del Gobierno escocés, en el poder desde 2007, han publicado este lunes un proyecto de ley para la celebración de un nuevo referéndum de independencia, calentando así los motores para los comicios al Parlamento de Edimburgo el próximo 6 de mayo, donde aspiran a ser reelegidos, tal y como auguran todas las encuestas.

La prioridad de la ministra principal Nicola Sturgeon es ahora lidiar con la pandemia. No obstante, si finalmente ganan las elecciones de primavera, el plan es sacar de nuevo las urnas “en la primera mitad de la nueva legislatura”.

La pregunta sería “¿Debe de ser Escocia un país independiente?”, en definitiva, la misma que se realizó en 2014, cuando los escoceses celebraron un histórico plebiscito, consensuado con el Gobierno central, donde ganó finalmente la unión con el 55,3% de los votos frente al 44,7%. La participación récord superó el 84%. Los secesionistas aceptaron entonces que se trató de una consulta “única en una generación”. Sin embargo, consideran ahora que el Brexit cambia por completo las reglas de juego.

En el Reino Unido no hay Constitución escrita. Si se quiere celebrar un referéndum legal, el Gobierno escocés tendría que solicitar a Londres la activación de la denominada Sección 30 del Tratado de Escocia de 1998 para la transferencia de poderes. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en 2014, Downing Street no está ahora por la labor. El primer ministro británico, Boris Johnson, asegura que en el manifiesto con el que ganó la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2019 ya dejaba claro que no habría posibilidades de un nuevo referéndum independentista.

En cualquier caso, en Whitehall, donde se encuentran los ministerios, la maquinaria del funcionariado ya se ha puesto a funcionar para prepararse ante “cualquier eventualidad”. Hay un reconocimiento generalizado de que la victoria del Brexit en 2016 pilló completamente por sorpresa a la administración pública, por lo que ahora no quieren cometer los mismos errores.

Sturgeon siempre se había distanciado de la estrategia catalana, asegurando que lo más importante para una consulta nacionalista es el “reconocimiento internacional”. Sin embargo, en los últimos meses, se ha visto arrinconada por el sector más radical de sus filas. Por lo que, si gana los comicios de mayo, ya no descarta ninguna opción. Si Londres insiste en su negativa, lo más probable es que acuda a los tribunales para que los jueces evalúen hasta qué punto el Parlamento de Edimburgo podría celebrar un plebiscito legal sin el respaldo de Westminster.

La líder del SNP defiende que, si gana por mayoría, tendría potestad para sacar de nuevo las urnas. Las encuestas dar por hecho su reelección, pero el apoyo ha disminuido en los últimos meses y la victoria ya no sería por la arrolladora mayoría absoluta que se vaticinaba en verano. Por su parte, el apoyo a la independencia se mantiene en los sondeos. El último publicado el lunes por el rotativo Herald otorga a la secesión un apoyo del 52% frente al 48% que respalda la unión, una vez se han eliminado a los indecisos.

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De puertas para fuera, las cosas no pueden ir mejor para el SNP. Tienen los sondeos a favor y aparte del Brexit (que fue ampliamente rechazado en Escocia), la pandemia también ha impulsado el sentimiento soberanista.

Con todo, no es oro todo lo que reluce. La formación está inmersa en una auténtica guerra civil. Y no es pólo por la estrategia soberanista, sino por la gran polémica creada en torno al escándalo sobre supuestos abusos sexuales, protagonizado por el que fuera líder del partido, Alex Salmond, considerado en su día como el “Braveheart del Siglo XXI”.

Sturgeon y Salmond eran uña y carne. Sin embargo, este último ha estado dispuesto a punto de terminar con la carrera de su sucesora, acusándola de haber mentido al Parlamento de Edimburgo, sobre cómo y cuando se enteró de las denuncias de las que finalmente quedó absuelto el año pasado. El asunto derivó en una investigación independiente llevada a cabo por el ex fiscal general de Irlanda James Hamilton, que este lunes finalmente concluyó que la ministra principal no infringió el Código Ministerial.

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Esta exoneración supone que Sturgeon no se verá forzada a presentar su dimisión como jefa del Gobierno escocés por violar el código ético que rige para la actuación de los miembros del Ejecutivo. En concreto, Hamilton estudió si la ausencia de una notificación en la agenda del Gobierno de las reuniones y comunicaciones que mantuvo con Salmond desde el 2 de abril hasta el 18 de julio de 2018 constituyeron una ruptura del Código Ministerial.

Dentro del SNP, unos consideran que Salmond está actuando ahora cual kamikaze en la antesala de unos comicios donde está en juego un nuevo referéndum independentista. Pero otros consideran que Sturgeon está detrás de una campaña de difamación contra su predecesor. Sea como fuera, la líder nacionalista, que cogió la riendas del partido en 2014, sabe que no cuenta con mucho tiempo, por lo que, de cara a un nueva consulta, podría terminar haciendo las cosas más rápido o de manera distinta a las que tenía en mente.

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Pese a las conclusiones de la investigación de Hamilton, la comisión que ha investigado el mismo asunto en el Parlamento de Edimburgo ha publicado este martes su propio informe, donde se acusa a Sturgeon de haber “mentido” a la Cámara sobre sus reuniones con Salmond y sobre el momento que conoció las denuncias. Una conclusión política, sin más relevancia para el puesto de la líder secesionista.

Asimismo, está previsto que el miércoles, la oposición conservadora en Edimburgo presente una moción de censura contra Sturgeon. Pero no saldrá adelante, ya que el SNP cuenta con el apoyo de los Verdes. Y el jueves se disuelve ya la cámara para comenzar la campaña electoral de cara a los comicios de mayo.