De Lesbos a Arguineguín, o cómo la Unión Europea trata a sus otros refugiados

Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, al menos 3,5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar su hogar buscando la protección de los países vecinos, según calcula Acnur. Ante esta crisis migratoria, la Unión Europea no ha tardado en ofrecer una respuesta que permita evitar el colapso del sistema de asilo de los Estados fronterizos, por lo que ha activado por primera vez la Directiva de Protección Temporal.

Esta norma, que existe desde 2001, garantiza el alojamiento y el sustento de los refugiados en situación irregular, además de otorgarles un permiso de residencia y de trabajo durante un máximo de tres años. Tras el acuerdo comunitario, el Ejecutivo español se comprometió a tramitar la protección de los ucranianos en menos de 24 horas.

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Sin embargo, este no es el primer éxodo de refugiados al que se enfrenta la Unión Europea. La guerra de Siria, que comenzó en 2011, acumula a día de hoy 6,6 millones de refugiados en todo el mundo (además de los 6,7 millones de personas desplazadas dentro del país), de los cuales más de un millón han solicitado asilo a la Unión Europea durante los últimos siete años. Preguntados por El Confidencial, desde la Comisión Europea no han indicado aún por qué es posible activar ahora la Directiva de Protección Temporal, específica para los casos de afluencia masiva de refugiados de cualquier país, y no se aplicó en 2015, cuando 800.000 personas huían de otra guerra.

“Se trata de una cuestión de voluntad política”, afirma Blanca Gracés, investigadora del área de migraciones del Cidob, que recuerda cómo durante la crisis de refugiados de 2015 la Unión Europea mostró una clara división en lo referente a cómo debería repartirse la responsabilidad entre los países miembros. Una cuestión que aún no recoge ningún tipo de acuerdo.

Además, la investigadora reconoce un componente discriminatorio en esta decisión debido a la proximidad social y cultural con los ucranianos. “Esto es lo que explica que los países de Visegrado hayan cambiado de posición frente a la llegada de los refugiados”, señala incidiendo en cómo Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, había cerrado las puertas de su país a todos los refugiados y ahora se muestra dispuesto a acoger a aquellos que huyen del conflicto en su país vecino; o, del mismo modo, cómo en otoño Polonia declaraba el estado de emergencia en la frontera con Bielorrusia y calificaba la llegada de sirios y afganos como invasión, y ahora es el primer receptor de esta nueva ola migratoria.

"No se está produciendo lo que habíamos visto en las islas griegas. No hemos visto todavía una situación de hacinamiento tremenda"

A pesar del inmenso volumen de llegadas de los ucranianos, los observadores en el terreno de Médicos Sin Fronteras han podido ver diferencias entre esta crisis y la generada por el éxodo sirio: “En Polonia, hay unos ocho centros de recepción, y mucha gente no se está quedando ahí, sino que continúa su camino hacia otros países o se queda en casas de familiares”, explica Raquel González, responsable de Relaciones Externas de la organización. Es reseñable que, además, desde 2017, no es necesario que los ciudadanos de Ucrania que viajen a territorio comunitario tengan un visado para permanecer allí durante 90 días.

“No se está produciendo lo que habíamos visto en las islas griegas, donde de repente había muchísima gente. No hemos visto todavía una situación de hacinamiento tremenda”, señala González, que insiste en aclarar que “todo esto puede evolucionar muy rápidamente” por la gran cantidad de personas afectadas.

¿Dónde están los refugiados sirios?

La acumulación de personas, que sí se dio en 2015 en los campos de refugiados de Grecia e Italia, recibió una respuesta diferente a la actual. El Consejo Europeo acordó entonces la reubicación de 160.000 personas que se apelotonaban en estos dos países, y para ello cada Estado miembro debía cumplir con una cuota de acogida de manera obligatoria. En estas circunstancias, España se comprometió a dar asilo a más de 17.337 sirios. Algo que no ha cumplido.

Según los últimos datos de Resettlement Data Finder de Acnur, en los últimos siete años, nuestro país solo ha dado esta protección a 3.053 sirios, lo que supone menos de un 18% de lo pactado.

Mientras tanto, miles de personas siguen varadas en las islas griegas a la espera de hacer efectivas sus solicitudes de asilo. En los peores momentos, en 2018, estos campos de refugiados albergaron a más de 20.000 personas en instalaciones preparadas para tan solo 6.000 residentes, una cifra que se ha reducido drásticamente en los últimos años, logrando una ocupación que ahora ronda las 8.000 personas. Sin embargo, este dato sigue doblando las acogidas españolas.

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Fue necesaria una tragedia para lograr una mejora en las condiciones de vida de aquellos que buscan protección en Europa. En septiembre de 2020, un incendió devoró gran parte del mayor campo de refugiados del continente, en Moria (Lesbos), donde vivían hacinados en torno a los 13.000 solicitantes de asilo. Carolien Slooff, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Lesbos, explica que, en el nuevo campo en Mavrovouni, “al haber menos personas, tienen acceso a los aseos y al agua caliente”, algo que estaba muy limitado en Moria.

La visita del papa Francisco el pasado diciembre al nuevo campamento supuso también un avance en la situación de los refugiados, ya que se hizo una puesta a punto de las instalaciones para la recepción del Pontífice, como señala Slooff.

"Viven en unas condiciones horrorosas. En términos de libertad, en términos de no tener un futuro, en términos de salud mental"

No obstante, las condiciones de estas infraestructuras siguen dejando mucho que desear según la coordinadora, que indica que la disposición de las casetas “no permite tener intimidad, y aumenta el riesgo de abusos sexuales”.

“En términos de seguridad, han hecho una cárcel”, lamenta por su parte Raquel González. Han aumentado los controles sobre las personas que entran y salen del campamento, y han impuesto toques de queda basados en la incidencia de covid de la isla, pero estas mismas restricciones no se aplican sobre el resto de los habitantes del territorio. Mavrovouni está más aislado de los focos de población de lo que lo estaba Moria, como indican desde Médicos Sin Fronteras, porque así el problema está fuera de su vista.

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Desde la organización, han observado que los que aún están en estos campos se encuentran “en unas condiciones horrorosas. En términos de libertad, en términos de no tener un futuro, en términos de salud mental”, indica González, que ve cómo este último problema es especialmente grave entre los más pequeños: “Hemos estado en países en conflicto con situaciones muy complicadas, pero aquí la incidencia en la salud mental de los menores es muy muy preocupante”.

La nueva gran puerta a Europa

Al otro lado del continente y en lo que va de año, 5.496 personas se han aventurado a cruzar la ruta migratoria atlántica en dirección a las islas Canarias, posiblemente, una de las alternativas más peligrosas para acceder a Europa y, en un contexto de cierre de fronteras, una de las más transitadas en la actualidad.

Fue en otoño de 2020 cuando las imágenes de las llegadas masivas al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, captaron el foco mediático nacional. Durante un tiempo, las condiciones lamentables con que se encontraban los migrantes africanos al llegar y el miedo a la cronificación de estas llevaron a que se dieran comparativas con los campos de Lesbos. Durante ese año, 23.023 personas alcanzaron el archipiélago.

Sin embargo, la situación se ha “oxigenado”, como indica Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias. El Plan Canarias, que abrió la puerta a 7.000 nuevas plazas de acogida en las islas, y los recursos de atención humanitaria integral se consolidaron el pasado abril, cuando se sumaron a estas medidas los traslados “regulares y ágiles” a la península.

Ahora los avances logrados durante el último año penden de un hilo y dependen del funcionamiento pleno del sistema de traslados. “Hay que ver si se van a mantener con la misma intensidad ahora que la crisis humanitaria de Ucrania está en su máximo apogeo”, plantea Lorenzo, que teme que las labores para dar asilo a estos nuevos refugiados dejen a un lado otras realidades necesitadas de atención. “Tenemos que ver cómo evoluciona, porque quizá la tendencia pueda consistir en reducir la frecuencia de estos traslados. Va a ser complicado seguir con la misma dinámica”.

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Si se diera un paso atrás en la gestión de este problema, se podría volver a la “situación de colapso estructural permanente” vivida durante meses. “No solo fue una saturación, sino que, además, trajo una gran vulneración de derechos, porque todos los esfuerzos estaban puestos en resolver la situación de hacinamiento y no en que los afectados pudieran acceder a la tutela judicial efectiva o al derecho de asilo”, recuerda el coordinador.

La externalización del control de fronteras

La espera es la gran compañera de los refugiados que aguardan a que sus permisos de asilo se hagan efectivos, pero muchos de los que siguen en Lesbos, explica Carolien Slooff, se encuentran “en un limbo administrativo”. En marzo de 2016, la Unión Europea firmó con Turquía un acuerdo por el cual 'externalizaba' el control de fronteras y el asilo de aquellos que intentaran acceder al territorio comunitario a través de este país.

Estas políticas están orientadas a "prevenir las llegadas, no solo de migrantes económicos, sino también de refugiados"

Hay personas en Grecia a las que el sistema rechaza porque deberían haber tramitado su solicitud en Turquía, sin embargo, temen que la gestión en ese Estado suponga una perdida de derechos.

Esta externalización del control fronterizo no está limitada al caso turco, sino que se presenta de distintas formas alrededor del territorio europeo. Blanca Gracés explica cómo estas políticas están orientadas a “prevenir las llegadas, no solo de migrantes económicos, sino también de refugiados”, porque para poder solicitar la protección internacional es necesario haber llegado a Europa.

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“El ejemplo paradigmático y primero del control fronterizo fue Marruecos, que empezó a controlar la frontera sur española desde fuera, obviamente, a cambio de muchas otras cosas”, señala la investigadora. Con el caso de Turquía se añadió la externalización de la protección internacional, “es decir, pagar para que este país acoja a los refugiados que Europa no quiere recibir”. También se puede encontrar un ejemplo similar en la delegación del rescate marítimo que se hace sobre las guardias costeras de Libia.

"Con este tipo de afirmaciones se está definiendo a aquellos que no son merecedores de la misma protección y acogida"

En este sentido, tanto Gracés como desde Médicos Sin Fronteras coinciden en que la política migratoria europea, a pesar de las cesiones actuales con aquellos que huyen de la guerra de Ucrania, no va en la dirección de una mayor defensa de la ayuda humanitaria. “Las políticas migratorias han empeorado”, lamenta Raquel González. “Es como que la crueldad de tener a los migrantes encerrados y las políticas que solo se basan en la securitización y en evitar que lleguen aquí están mucho más interiorizadas ahora. Los sistemas de protección son cada vez más débiles”.

Por su parte, la investigadora considera que las medidas actuales son excepcionales y no influirán en cómo recibimos a los otros solicitantes de asilo: "En el momento en que se decide que estos refugiados son distintos, se está levantando una frontera que distingue entre unos y otros. Con este tipo de afirmaciones se está definiendo a aquellos que no son merecedores de la misma protección y acogida", sentencia Gracés.