La Eurocámara critica la opacidad del Gobierno sobre el uso de Pegasus y pide una investigación "justa y efectiva"

La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el uso del spyware Pegasus en la Unión Europea ha votado este lunes el informe final que señala casos en distintos Estados miembros, incluido en España. La Eurocámara ha incluido numerosas modificaciones sobre el informe inicial que se conoció en noviembre de 2022, pero mantiene una petición de que se investigue el uso de Pegasus y que se permita el acceso a las órdenes judiciales que permitían al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espiar a algunos líderes independentistas involucrados en el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

El texto final, cuyas recomendaciones no son vinculantes, ha sido aprobado por 30 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE), socialdemócratas, liberales de Renew Europe, verdes y la izquierda radical de GUE, y se votará en pleno en junio. "España tiene un sistema judicial independiente con suficientes salvaguardas", señala el texto, que en todo caso apunta a que "todavía hay algunos problemas que podrían resolverse mediante reformas rápidas y profundas y una aplicación efectiva".

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Los focos sobre España han estado muy influidos por el conocido como CatalanGate, impulsado por los eurodiputados independentistas catalanes en la Eurocámara, pero rechazado de forma frontal por los diputados del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, generando cierta tensión durante el proceso de trabajo en el informe final. Originalmente, la comisión de investigación se centraba sobre el uso de esta tecnología en Polonia, Hungría y Grecia, pero finalmente el CatalanGate y el anuncio del Gobierno español de que los teléfonos móviles de varios miembros del Ejecutivo habían sido infectados puso también la atención sobre el caso español.

Pero estas misiones tienen pocos recursos, poco tiempo y pocas capacidades, se apoyan sobre todo en informaciones de la prensa y, en el mejor de los casos, en una visita de los eurodiputados a los distintos países. De hecho, los miembros de la comisión parlamentaria que ha estado trabajando en el informe viajaron a España hace un mes y se quejaron públicamente de la poca transparencia del Gobierno. En enero, Esperanza Casteleiro, directora del CNI, compareció ante la comisión, pero se negó a dar explicaciones acogiéndose a que solamente puede despachar ante la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados.

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Precisamente esa opacidad del Gobierno ha suscitado cierto consenso en la comisión de investigación, permitiendo pactar una de las novedades en el informe final. "El gobierno español ha brindado información limitada hasta el momento sobre su papel en este objetivo, invocando la necesidad de confidencialidad en relación con la seguridad nacional y las obligaciones legales. Sin embargo, con base en una serie de indicadores, algunos de los cuales habían sido admitidos durante la citada comisión de secretos oficiales, se supone que la vigilancia de los objetivos catalanes estuvo a cargo de las autoridades españolas".

La comisión también solicita "llevar a cabo una investigación completa, justa y efectiva, en la que se brinde total claridad sobre todos los presuntos casos de uso de software espía, incluidos los 47 casos en los que no está claro si fueron o no objeto de la CNI con un Juzgado orden o si otra autoridad había recibido o no órdenes judiciales para atacarlos legalmente, así como sobre el uso de spyware contra el presidente del Gobierno y miembros del Gobierno, y presentar los hallazgos de la manera más amplia posible en línea con las leyes aplicables", señala el texto. Además, el documento pide al Gobierno "invitar a Europol a unirse a las investigaciones, lo que podría contribuir con conocimientos técnicos".

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El hecho de que el texto recoja que no está claro que los 47 casos restantes relacionados con el CatalanGate fueran efectivamente espiados es reflejo de ese compromiso entre las distintas fuerzas políticas europeas. Sin embargo, el texto sí solicita que para las 18 personas que sí se ha admitido que fueron vigiladas se les "provea de un acceso adecuado" a la "autorización judicial emitida por el Tribunal Supremo al CNI".