España entra en acción en solitario en la UE y pide intervenir contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia

El Gobierno español ha dado un paso más en su política propalestina, pero esta vez, a diferencia del reconocimiento del Estado palestino, lo ha dado en solitario con la esperanza de arrastrar en las próximas semanas a otros países de la Unión Europea.

España fue el jueves el primer país occidental en anunciar, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su intervención en la causa abierta por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un organismo de Naciones Unidas, después de que Sudáfrica demandase en diciembre a Israel por un presunto delito de genocidio en Gaza.

Hacía décadas que la diplomacia española no asumía un papel tan protagonista en un asunto que no atañe directamente a los intereses de España. El presidente Pedro Sánchez lo está, en realidad, ejerciendo desde que en noviembre efectuó su primera visita a Oriente Medio y anunció allí, en la frontera entre Israel y Gaza, el próximo reconocimiento del Estado de Palestina. Pero cada vez va a más.

En su rueda de prensa convocada con urgencia, Albares dejó caer que otros dos Estados miembros de la UE, Bélgica e Irlanda, secundarían la iniciativa española. Es cierto que el jefe de la diplomacia irlandesa, Micheál Martin, lo anunció solemnemente en marzo, pero aún no lo ha formalizado. Bélgica y otros países, como Noruega, respaldan la actuación de la CIJ, pero, por ahora, no han manifestado su intención de intervenir ante ella. En el polo opuesto, el Reino Unido considera que la actuación de la Corte “no ayuda al objetivo de lograr un alto el fuego duradero”.

La prensa internacional interpreta la decisión del Gobierno español como un espaldarazo a Sudáfrica, que acusa a Israel de genocidio, similar al que le han dado México, Chile, Colombia, Nicaragua, etcétera. El Gobierno de Benjamín Netanyahu siempre ha negado perpetrar un genocidio e invoca el derecho a defenderse después del brutal ataque de Hamás hace ya ocho meses.

El ministro Albares fue prudente y rehusó emplear la palabra “genocidio” a diferencia de otros miembros del Gobierno de la órbita socialista como Margarita Robles o Teresa Ribera. Recalcó que su propósito era “apoyar el papel del tribunal” cuyas órdenes estaban siendo incumplidas por Netanyahu.

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Nawaf Salam, el presidente de la CIJ, ordenó a finales de mayo a Israel “detener inmediatamente su ofensiva militar, y cualquier otra acción (...) en Rafah que pueda infligir a la comunidad palestina de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial”. También exigió la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria.

Además de continuar con su ofensiva en Rafah, en el sur de Gaza, el Ejército israelí bombardeó el jueves de madrugada una escuela gestionada por la UNRWA (agencia de la ONU para los refugiados palestinos) que acogía a personas desplazadas en Nuseirat, en el centro de Gaza. Causó al menos 40 muertos, según las autoridades de la Franja.

“Hoy, desgraciadamente, nos hemos amanecido con un ataque a una escuela en Gaza” cuyas víctimas “se suman a la insoportable cifra de 36.000 muertos gazatíes desde el comienzo del ataque del primer ministro Netanyahu”, afirmó Sánchez el jueves a mediodía. Esgrimió ese bombardeo para justificar la decisión anunciada por su ministro horas antes.

La precipitación con la que fue organizada la rueda de prensa de Albares demuestra que fue esa nueva matanza de civiles la que acabó de decidir al Gobierno a solicitar intervenir ante la CIJ. Dio ese paso tres días antes de que los españoles acudan otra vez a las urnas. Por eso, desde las filas del Partido Popular, Miguel Tellado y Cuca Gamarra, y de Podemos, Ioene Belarra, fue acusado, en términos muy parecidos, de electoralismo. Yolanda Díaz, la vicepresidenta de Sumar, celebró en cambio la decisión.

Haber animado a Irlanda y Eslovenia, y, fuera de las fronteras de la UE, a Noruega, a reconocer al Estado de Palestina no ha tenido coste diplomático alguno para España si se exceptúa la reacción israelí. En algunos países europeos, como Dinamarca o Bélgica, la iniciativa española propició incluso un debate interno.

El Gobierno israelí llamó a consultas, por segunda vez, a su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, que estos días ha vuelto discretamente a la capital para recoger sus pertenencias porque se va a jubilar. Cuando la relación bilateral se sosiegue, será sustituida por otro diplomático, Zvi Vapni.

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Israel Katz, el ministro israelí de Exteriores, prohibió además al consulado de España en Jerusalén Este atender, desde el 1 de junio, a los palestinos de Cisjordania que puedan necesitar sus servicios, pero Albares rechazó esta medida en una nota verbal de protesta. En su rueda de prensa aseguró que el consulado seguía funcionando con normalidad. Katz amenazó, sin embargo, con cerrarlo si se saltaba la orden.

¿Pagará la diplomacia española un precio con sus socios europeos por haber sido la primera potencia occidental que intervendrá ante la CIJ? Probablemente no. El Gobierno suscribió el mismo jueves, junto con otros 16 países, un comunicado inspirado por la Casa Blanca en el que se respalda el plan para Gaza que el presidente Joe Biden desveló el 31 de mayo.

A EEUU no le preocupa la CIJ porque sabe que sus pronunciamientos son de improbable puesta en práctica. Le inquieta la Corte Penal Internacional (CPI), cuya sede también está en La Haya, y cuyo fiscal, el británico Karim Khan, ha solicitado poder presentar cargos y detener a Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y contra la humanidad. En la Cámara de Representantes se ha empezado incluso a tramitar una ley para sancionar al fiscal y a la institución a la que tanto aplaudían desde Washington cuando cargó contra Vladímir Putin.

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Con relación a la CPI el Gobierno ha sido prudente. Acordó en enero hacer una contribución voluntaria de medio millón de euros para que el fiscal dispusiera de más recursos para investigar los crímenes que se pueden haber perpetrado en Gaza. Albares multiplicó esa cifra por 13 en su rueda de prensa del jueves, pero esa elevada cantidad incluye otras aportaciones a otras causas sobre las que indaga Karim Khan.