De la Vega zanja ‘la polémica de los atracadores’ con una bronca a Conde-Pumpido

El escándalo por la puesta en libertad de cinco atracadores que habían sido sorprendidos in fraganti parece tocar a su fin. Por un lado, los dos ladrones que aún quedaban en libertad se entregaron ayer en Vigo y Madrid. Por otro, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, decidió el pasado viernes tomar cartas en el asunto y acabar con el cruce de declaraciones entre la Policía y la Fiscalía General del Estado sobre cuál de las dos instituciones era la culpable de la prematura salida a la calle de los delincuentes. Según las fuentes consultadas por El Confidencial, la número dos del Ejecutivo se puso en contacto ese mismo día con Cándido Conde-Pumpido, al que echó una dura reprimenda y acusó de ser el principal responsable de la polémica por sus “salidas de tono”.

No obstante, fuentes cercanas a todo el rifirrafe han asegurado a este diario que el Cuerpo policial también ha recibido una “seria” advertencia para que el enfrentamiento no siga siendo “carne” de los medios de comunicación. “Suponemos que el toque proviene de La Moncloa”, aseguran las fuentes, ya que el Gobierno es la única institución por encima de los Ministerios de Justicia e Interior. Sin embargo, altos cargos de la Policía consultados por El Confidencial insistían ayer no tener constancia de dicha advertencia: “A nosotros no nos ha llamado nadie”.

La imagen de los fiscales y los policías -que en teoría deben trabajar codo con codo- acusándose de realizar mal su trabajo no ha gustado en las altas instancias. El problema de inseguridad ciudadana al que se enfrenta la sociedad española podría estar dañando la imagen del Gobierno, que no quiere que los medios de comunicación se conviertan en un ring donde peleen las instituciones que deben defender a los ciudadanos.

De brillante operación a escándalo

El escándalo se empezó a fraguar el pasado 8 de junio, cuando la Policía, en una brillante operación en la que intervinieron los GEO, detenía a cinco atracadores escondidos en los túneles de ventilación de una sucursal bancaria dispuestos a dar un nuevo golpe. Sin embargo, al poner a los delincuentes -todos ellos con un gran número de antecedentes penales- a disposición judicial, el juez de guardia decidió dejarlos en libertad.

El revuelo social y mediático fueron notables después de que la noticia apareciera en El Confidencial . Al día siguiente, este mismo diario descubría que los atracadores trabajaban en nuevos golpes en el mismo momento de ser puestos en libertad. Ante la trascendencia que alcanzó la noticia, la fiscalía pidió la detención de los ladrones.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho desde el momento en el que Cándido Conde-Pumpido culpó a la Policía de la libertad de los atracadores. El fiscal general del Estado, acusó a los agentes de elaborar un atestado con “serias deficiencias” y de no haber informado “debidamente a la Fiscalía”.

La Dirección General de la Policía no tardó en responder con un comunicado oficial y acusó a Conde-Pumpido de generar un riesgo de fuga de los atracadores. En dicha nota, aseguraba también que no iba a entablar públicamente “discusión alguna con instituciones con las que, en beneficio de la seguridad de los ciudadanos, tiene obligación de mantener estrechos lazos de colaboración. De la misma forma, no va a atribuir supuestas negligencias en la actuación de esas instituciones, pero justo es también reclamar un comportamiento recíproco por parte de las mismas”.