La Guardia Civil reconoce que la exigencia de poner un mínimo de multas de tráfico es práctica habitual

No es que lo sospechen los conductores, la propia Dirección General de la Guardia Civil ha reconocido que exigir un número mínimo de multas a los agentes es práctica habitual en todos los sectores de Tráfico. Así lo han admitido en respuesta a una pregunta del Partido Popular emitida el pasado 2 de enero en el Congreso de los Diputados.

Concretamente, los populares exigieron explicaciones al Ministerio del Interior por los “hechos protagonizados por el teniente coronel de la Guardia Civil en el sector de Tráfico de Castilla-La Mancha José Luis Romero, recogidos en una grabación en la que éste recriminaba a los guardias por no poner sanciones y les advertía de lo que podía suceder”, esto es, dejar de percibir las pagas por productividad. Hecho del que ya se hizo eco este diario el 21 de diciembre de 2006 (ver texto).

La respuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, a cuyo cargo está Joan Mesquida, con fecha de 22 de febrero, establece que el citado teniente coronel “no cometió ningún tipo de infracción con ocasión de su intervención en la reunión mantenida el día 22 de noviembre de 2006 con varios componentes del Destacamento de Tráfico de la localidad toledana de Talavera de la Reina, por lo que no se ha adoptado ninguna medida contra el mismo”. Así las cosas, la exigencia bajo amenazas de poner multas debe ser práctica habitual.

En la citada conversación subida de tono, el teniente coronel Romero instaba a sus subordinados a que trajeran multas o de lo contrario “procedería contra el que no cumpliera unos requisitos mínimos”. Según fuentes del destacamento de Talavera, este hecho provocó una situación de gran tensión y miedo por las posibles represalias.

Otros frentes abiertos

Mientras tanto, las aguas parecen calmarse entre los agentes de la Benemérita con la nueva ley de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles, que regula por primera vez el derecho de asociación en el instituto armado y suprime los arrestos y la aplicación del Código Penal Militar cuando cumplan funciones policiales, existen otros frentes que permanecen abiertos.

Uno de ellos, la ya habitual mala previsión presupuestaria en la Dirección General de la Guardia Civil. Un error de dos millones de euros por el que por segundo año consecutivo algunos agentes se pueden quedar sin cobrar los complementos de destino, base para calcular la paga de productividad.

Por otra parte, el escándalo por la existencia de certificados falsos para operadores de radar, publicada en primicia en El Confidencial (ver texto), no ha dejado indiferente a las autoridades del instituto armado. De hecho, el subdelegado del Gobierno de Toledo, Javier Corrochano, anunció días después que se había abierto una investigación interna al respecto.