El Gobierno aceptará una reforma parcial del Código Penal para endurecer las sanciones de tráfico

Organizaciones de afectados y políticos presionan al Gobierno para conseguir que se apruebe una modificación parcial del Código Penal que endurezca las sanciones de tráfico, dado que la reforma global de esta norma corre el riesgo de quedar embarrancada por la ausencia de consenso. El Ejecutivo se ha mostrado favorable a aceptar esta idea en los primeros contactos habidos hasta ahora.

La campaña de presión consiste en el envío de cartas a cuantos tienen capacidad de influencia en esta reforma –desde los presidentes del Congreso y del Gobierno a los ministros del Interior y Justicia- y en una serie de reuniones discretas con el fin de recabar apoyos para la causa.

“No se puede esperar más tiempo”, sostienen en fuentes conocedoras de las negociaciones, en vista de la alta siniestralidad que hay en España. En especial “porque la reforma en esta materia tiene un gran consenso entre todos los partidos y no se pueden echar a perder todos los trabajos porque no haya acuerdo para el resto del Código Penal”. La reforma en materia de seguridad vial cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos, en especial PSOE, PP y CiU.

Si prospera la iniciativa, esta modificación del Código Penal se incluiría como enmienda en la siguiente Ley Orgánica que se vaya a aprobar por el Congreso de los Diputados. Así se eludiría el tener que esperar a que vuelva otra vez a negociarse con un nuevo Gobierno tras las elecciones generales, previstas para 2008.

Las organizaciones que forman parte de la iniciativa son la Asociación Española de la Carretera, AESLEME (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal), Fundación Mapfre, Stop Accidentes y Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT). Se trata de grupos de afectados, en su mayoría, que se han dirigido a los poderes públicos para “aprovechar el trabajo realizado en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso”, que ha dedicado todo 2006 a estudiar las soluciones a la alta siniestralidad en las carreteras españolas, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Su objetivo: acelerar los trámites y que la reforma salga adelante antes de que se disuelvan las Cortes para convocar elecciones.

Visto bueno de Bermejo

Entre las personas contactadas figura el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien ha adelantado a este lobby su disposición a que el Gobierno acepte la reforma parcial del Código Penal si se reúnen los apoyos necesarios en el Congreso para que salga adelante, según fuentes conocedoras de las conversaciones. El grupo cuenta con las simpatías de Jordi Jané (CiU), presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso y no descarta también la colaboración del fiscal general de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, al ser partidario de combinar sanciones rigurosas con medidas de prevención.

La reforma rellena las lagunas que sirven a casos como el del conductor absuelto recientemente a pesar de que circulaba a 260 kilómetros por hora. La causa: no hubo una ocasión clara de peligro.

Los nuevos artículos del Código Penal que se proponen (ver documento íntegro) evitan las subjetividades, vuelve a penalizar el conducir sin permiso –incluida la retirada administrativa de puntos- y da prioridad a las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de a la prisión, que se endurece para los casos más graves.