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El violador de Vall d’Hebron tiene que salir “por muy duro que le resulte al ciudadano”
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El violador de Vall d’Hebron tiene que salir “por muy duro que le resulte al ciudadano”

Dieciséis violaciones, 131 años de condena a prisión y varios informes psicológicos que determinan que no está rehabilitado. Con todo y con eso, el aún convicto

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El violador de Vall d’Hebron tiene que salir “por muy duro que le resulte al ciudadano”

Dieciséis violaciones, 131 años de condena a prisión y varios informes psicológicos que determinan que no está rehabilitado. Con todo y con eso, el aún convicto José Rodríguez Salvador saldrá a la calle el próximo 22 de septiembre después de haber cumplido con la sociedad recluido durante 16 años en la cárcel de Quatre Camins de Barcelona. La polémica no se ha hecho esperar, principalmente porque parte de las agresiones sexuales tuvieron lugar después de haber pasado siete años en prisión. A pesar de que su condición de reincidente está más que probada, “la pena se ha agotado y tiene que salir, por muy duro que sea para el ciudadano escuchar esto”, explica a este diario Gabriela Bravo, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.

La citada fiscal es contundente: “La reclusión se ha extinguido por cumplimiento de la legalidad, la ley penal no prevé nada en estos casos y no se puede hacer otra cosa”. Curiosamente, pese a conocer esta circunstancia, el fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido quitaba hierro al asunto en la tarde de ayer afirmando que “la Fiscalía estará vigilante ante la excarcelación” después de que la Audiencia de Barcelona haya rechazado los recursos presentados para evitar la salida de prisión del denominado ‘violador de la Vall d'Hebron’.

Por su parte, en Instituciones Penitenciarias de Cataluña (la única comunidad que tiene transferida esta competencia) comentaron a El Confidencial que su función empieza y termina cumpliendo el expediente del juzgado en el que se establece que Rodríguez Salvador debe abandonar la prisión el 22 de septiembre.

El único camino es modificar la legislación, “el debate se tiene que trasladar al Parlamento”, continúa Gabriela Bravo, “al ser un violador causa mucha alarma social, pero la pregunta sobre qué hacer con los presos no rehabilitados nos la tenemos que hacer muchas veces y con todo tipo de delitos”. Aun así, “el número de presos en estas circunstancias es menos de lo que la gente se piensa”, reflexiona Bravo con respecto a la repercusión mediática que tienen estos casos.

Falta de medios públicos

El abogado defensor del violador del Vall d'Hebron, José Ángel Plaza Escudero, aseguraba ayer que su cliente “ha cumplido con la sociedad” y culpó a los poderes públicos de la falta de medios puestos a su disposición para conseguir la rehabilitación. Según recoge la agencia Efe, el abogado, preguntado sobre si su defendido está rehabilitado o no, contestó: “La pregunta se debería hacer de otra forma: si las instituciones han puesto a su disposición los mecanismos necesarios para que se rehabilite, y a eso cabe responder absolutamente que no”.

Plaza Escudero explicó que lo que cabe esperar sobre el caso es que el violador del Vall d'Hebron, José Rodríguez Salvador, salga en libertad “después de veinte años en la cárcel sin salir ni un solo día”. El caso “es un problema a nivel social” por tres cuestiones: “Porque nadie le ha dado oportunidades para nada; porque existe una presión social tremenda contra él, cosa que condiciona su posición ante la sociedad y porque, además, no tiene oficio ni beneficio, porque en veinte años nadie se ha preocupado de él”. El tiempo dirá si vuelven a pagar justas por pecadores.

Dieciséis violaciones, 131 años de condena a prisión y varios informes psicológicos que determinan que no está rehabilitado. Con todo y con eso, el aún convicto José Rodríguez Salvador saldrá a la calle el próximo 22 de septiembre después de haber cumplido con la sociedad recluido durante 16 años en la cárcel de Quatre Camins de Barcelona. La polémica no se ha hecho esperar, principalmente porque parte de las agresiones sexuales tuvieron lugar después de haber pasado siete años en prisión. A pesar de que su condición de reincidente está más que probada, “la pena se ha agotado y tiene que salir, por muy duro que sea para el ciudadano escuchar esto”, explica a este diario Gabriela Bravo, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.