Un hospital de Tarragona prepara un querella por prevaricación contra el ‘número dos’ de la sanidad catalana

Continúa la batalla que mantiene el Hospital Universitario de Tarragona contra la mala gestión de la Generalitat de Cataluña a través de la empresa pública ‘Gestió i Prestació de Serveis de Salud (GiPSS). El comité de empresa del citado centro presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 27 de marzo, admitida a trámite el 13 de abril, contra su gerente Lluis Bachs Cases, designado por GiPSS, por presunto delito de prevaricación. Ahora, de los testimonios obtenidos en la instrucción del caso, fuentes sindicales indicaron a este diario que hay motivos suficientes para ampliar la querella a Josep Maria Sabaté i Guasch, actual ‘número dos’ de la consejera de Sanidad catalana Marina Geli y director general del Servei Catalá de la Salut.

Dicho requerimiento se sustenta, según las mismas fuentes, en que Sabaté i Guasch fue el delegado de la Sanidad catalana en Tarragona y vicepresidente del Consejo de Administración de GiPSS, durante la gerencia del hospital de Bachs Cases, y, por tanto, estaba al tanto de lo que acontecía en el hospital. Es más, según una de las declaraciones de Bachs Cases: “Él era un mandado que recibía órdenes de arriba”.

El ya ex gerente del Hospital Universitario de Tarragona –se tomó un año sabático, según la versión oficial, tras la publicación del escándalo de la querella en la prensa- está imputado por un presunto delito de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores, derecho de libertad sindical, amenazas y coacciones.

Este diario pudo comprobar en el Boletín Oficial del Parlamento catalán que el Govern fue interpelado en enero acerca de estas numerosas irregularidades, tales como nombramiento ‘a dedo’ de trabajadores y dejación en las normas de higiene y seguridad laboral. Pese a que la consellera Geli quitaba hierro al asunto, lo cierto es que GiPSS tiene varias sanciones de Inspección de Trabajo en su haber.

El primero de ellos, fechado en 24 de febrero de 2005 y al que tuvo acceso El Confidencial, sancionó a esta empresa por “no facilitar a los representantes legales de los trabajadores la copia básica de trece contratos de trabajo”. En dichos documentos, “no aparece la firma de los representantes legales de los trabajadores”, una falta “de carácter muy grave”.

Segunda ampliación de la querella

En realidad, la ampliación de la querella hacia Sabaté i Guacsh será la segunda que se produce en la instrucción del caso. El pasado verano, y a raíz de los testimonios de catorce personas, fueron imputados la directora de Enfermería María José Iborra y el director médico Jordi Pi. Ambos ya han prestado declaración.

Con la posible imputación de Sabaté i Guasch, el caso pone de manifiesto la implicación política en las irregularidades cometidas en el Hospital Universitario de Tarragona y, dada la condición de director del Servei Catalá de la Salut, salpicaría directamente a la Consejería de Sanidad del Tripartito.