Las clínicas abortivas se sientan con el Gobierno y la Fiscalía en busca de apoyo frente a Aguirre

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del Embarazo (ACAI), conformada por 31 centros abortivos, se reunirá hoy con la Delegada del Gobierno de Madrid, Soledad Mestre, y el Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, para pedir protección frente a lo que consideran un “acoso administrativo” por parte de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. El encuentro se produce 24 horas después del inicio de la huelga de clínicas abortivas en toda España, prevista hasta el próximo viernes, y con la que tratan de reclamar mayor seguridad jurídica para los médicos y una revisión de la actual ley del aborto.

Francisca García, vocal de ACAI, insistió en que las clínicas madrileñas están sufriendo un “acoso” en forma de manifestaciones en la calle e “inspecciones abusivas” por parte de la administración. Así, su reacción ha girado en torno a dos estrategias: una huelga para llamar la atención de la sociedad sobre su situación, y el dialogo con la Fiscalía y la delegada del Gobierno para lograr aliados en su enfrentamiento con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las instituciones han preferido no dar mayor proyección pública a estas conversaciones, que fuentes de la Delegación del Gobierno definieron como una “reunión de trabajo normal”.

El paro las clínicas, que, según ACAI ha sido secundada por 40 centros en toda España, se produce en contexto especialmente polémico, tras el encarcelamiento de cinco médicos en Barcelona, entre ellos el doctor Carlos Morín, por la supuesta práctica de abortos ilegales; los titubeos del PSOE a la hora de plantear una reforma de la ley del aborto en su programa electoral, y la creciente movilización de los sectores religiosos antiabortistas. No obstante, Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares, subrayó que el paro no se produce en defensa de los detenidos, sino de las clínicas madrileñas. “Se ha dado una imagen truculenta, de mala práctica médica”, afirmó Barambio, quien apuntó que las clínicas madrileñas pasan 9 ó 10 inspecciones al año.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha rechazado hasta el momento responder a las acusaciones de ACAI, así como reunirse con sus representantes. Ante esta situación, Barambio puso como ejemplo a la consellera de Salud del Gobierno catalán, Marina Geli, que aseguró ayer estar “al lado” de las clínicas autorizadas para practicar abortos.

Otro de los objetivos de la huelga, de acuerdo con Francisca García, es “dejar en evidencia” al sistema público, ya que en 2006 los hospitales de la Seguridad Social apenas registraron el 2,51% de los 101.592 abortos registrados por el Ministerio de Sanidad. Pero esta medida de presión de las clínicas privadas para proteger su imagen tiene también su repercusión en las pacientes, que ven retrasado un momento traumático a causa de los paros. Además, en Barcelona, tras el cierre de las clínicas del grupo Ginemedex, las listas de espera para abortar ya se había incrementado en el resto de centros por los pacientes derivados. La única Comunidad Autónoma donde se han establecido servicios mínimos es Andalucía, dado que las clínicas funcionan en su mayoría concertadas con la sanidad pública.

Reforma de la ley