Las autoridades canarias miran hacia otro lado ante la presunta alta mortalidad del hospital de Tenerife

La presunta alta mortalidad en el servicio de cardiocirugía del Hospital Universitario de Canarias (HUC) se esconde ahora tras la ley de protección de datos. En la tarde de ayer, la socialista Ana Lupe Mora preguntó una vez más al director del Servicio Canario de Salud, Guillermo Martinón, por los datos de mortalidad de la auditoría externa desarrollada en el centro hospitalario por dos facultativos independientes de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV).

Los resultados se encuentran en posesión de la Gerencia del HUC, que se ha negado sistemáticamente a publicitarlos apoyándose en un "compromiso con la SECTCV de no utilizar los datos contra nadie", según explicaron en la Dirección Médica a El Confidencial. Martinón tampoco ha facilitado las cosas y, en esta ocasión, ha preferido ampararse en la ley de protección de datos de los pacientes.

Esta respuesta no ha convencido en absoluto a Ana Lupe Mora, la única política de las Islas Canarias preocupada y ocupada en el asunto: "He pedido que conste en acta y la he pedido por escrito porque está mermando mi labor de oposición. Incluso en el Servicio Canario de Salud consideran que no era una respuesta que se ajustara a la ley". Mora explica que "no pedía datos de pacientes, sólo cifras" y entiende que esta actitud sólo muestra la insistencia de la autoridades canarias a "negar la evidencia".

Dicha "evidencia" puede alcanzar una mortalidad en el servicio de cardiocirugía del HUC del 14%. Un porcentaje que dobla a la media del resto de hospitales españoles. Así las cosas, en los quirófanos de este centro existe presuntamente el doble de posibilidades de fallecer en operaciones de corazón. El caso lo destapó uno de los cirujanos del servicio, Ignacio Díaz de Tuesta, con escritos internos y posteriormente a la SECTCV, a la Organización Médica Colegial y al Diputado del Común (Defensor del Pueblo en Canarias). Tuesta fue posteriormente amonestado y despedido. Recientemente, un tribunal declaró esta decisión improcedente.

La SECTCV fue la primera institución que movió ficha organizando al auditoría externa que, según varias fuentes solventes, contiene datos muy comprometidos para el hospital. Por su parte, la Organización Médica Colegial se inhibió en el Colegio de Médicos de Tenerife el cual, con ocho meses de retraso y tras la publicación del caso en El Confidencial, remitió los datos a la Fiscalía de Tenerife. Finalmente, el Ministerio Público abrió diligencias previas para decidir o no la apertura de una investigación judicial.

El Diputado del Común, pasa palabra

El Diputado del Común, Manuel Alcaide Alonso, ha pasado a engrosar la lista de las administraciones canarias que miran para otro lado. Uniéndose, principalmente, a la Consejería de Sanidad, regentada por la popular María Mercedes Roldós, que hace suyas todas las excusas y razonamientos esgrimidos por el Hospital Universitario de Canarias para no ofrecer los datos objetivos de la auditoría de la SECTCV.

Alcaide Alonso, pese a la gravedad de los hechos denunciados por el cirujano Díaz de Tuesta, se ha conformado con la respuesta del Consorcio Sanitario de Tenerife al que pertenece el HUC. El Consorcio señala que las denuncias por alta mortalidad tienen más que ver con el interés particular del doctor Tuesta debido a su situación laboral. Así las cosas, el Diputado del Común ha instado al cirujano rebelde a presentar alegaciones o "entenderemos que no precisa de nuevas actuaciones por nuestra parte y archivaremos su expediente". Tal y como están las cosas, el caso queda en manos de la tozudez de Ana Lupe Mora y la investigación de la Fiscalía.