Grupos contrarios a la ampliación del aborto se manifestarán hoy en Madrid

Los colectivos que han convocado una marcha festiva bajo el lema "Cada vida importa" esperan reunir hoy en Madrid a un millón de personas contra la ampliación de la Ley del Aborto y a favor de que se apoye a las madres para que no tengan que interrumpir su embarazo. Más de cuarenta asociaciones, que han logrado unas trescientas adhesiones, recorrerán las calles de la ciudad para protestar contra la nueva Ley que, como reza un manifiesto conjunto de estas plataformas, servirá para "despenalizar totalmente su práctica y reconocerlo como un derecho".

La protesta partirá a las 17.00 horas de la Puerta de Alcalá y recorrerá el trayecto hasta la Puerta del Sol tras dos pancartas principales con el lema "Cada vida importa" y "Mujeres contra el aborto".

Serán seiscientos los autobuses que llegarán a la capital y numerosas las personas que se desplazarán en otros medios de transporte para expresar públicamente "su compromiso con el derecho a la vida humana y con la mujer embarazada", según los convocantes.

Los encargados de leer los manifiestos serán Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, y una portavoz de la asociación Mujeres contra el Aborto, integrada, entre otras, por las periodistas Isabel San Sebastián, Cristina López Schlichting e Isabel Durán, junto con personalidades como María Vallejo Najera, Regina Otaola, Teresa Rabal o María Ostiz.

El actor y productor mexicano Eduardo Verástegui actuará como portavoz de los hombres y del "papel principal" que estos deben asumir ante el aborto. Los organizadores han impreso 100.000 carteles anunciadores, 800.000 dípticos explicativos, 20.000 camisetas con el lema y el logotipo, y 5.000 banderas para repartir en la manifestación.

Para el acto, que tendrá un carácter lúdico y que concluirá con un concierto, se han acreditado mas de ochenta medios de comunicación, cerca de trescientos periodistas y 1.500 personas que actuarán como voluntarios.

"El PP permitió abortar a menores de 16 y 17 sin permiso paterno"

La Federación de Mujeres Progresistas ha asegurado que durante el mandato del PP se practicaron medio millón de abortos en España y, hasta la aprobación de la Ley de Autonomía del Paciente, en 2002, las menores de 16 y 17 años podían interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno. En una entrevista a Efe-TV, la presidenta de esta organización, Yolanda Besteiro, ha denunciado la actitud hipócrita del PP, que durante siete años permitió que estas adolescentes abortaran en los supuestos legales sin contar con el permiso de sus padres y tampoco hubo "ni una sola manifestación ni ninguna acción" del Gobierno de José María Aznar para reducir el número de abortos.

Besteiro cree que con la manifestación de esta tarde en Madrid en contra de la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo, que ha sido convocada por varias organizaciones sociales, como el Foro Español de la Familia, el PP intenta "hacer oposición" e "intoxicar" a la opinión pública con el fin de no avanzar "en la consecución de derechos de las mujeres". Ha negado que el PP o la Iglesia defiendan la vida con este tipo de iniciativas porque "no les hemos visto manifestarse contra la guerra ni contra los millones de niños que mueren de hambre en el mundo" o contra los actos de pedofilia.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ha añadido la responsable de la federación, está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa, que, según ha explicado, recomienda la aplicación de una ley de plazos para proteger los derechos de las mujeres, una normativa que, ha afirmado, tienen casi todos los países que integran este organismo. Precisamente, ha añadido, casos como el de la clínica Isadora de Madrid, en el que presuntamente la Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación irregular, ponen de relieve la necesidad de "zanjar" de una vez por todas la cuestión del aborto.

Ha pedido al Ministerio del Interior que llegue "al fondo" de este asunto y depure las responsabilidades que se deriven de estas actuaciones, después de que el titular del Juzgado número 6 de Madrid archivara el caso contra la clínica al no haber el "más mínimo indicio" de que practicara abortos ilegales. En el auto, el magistrado acusa a los agentes de la Guardia Civil del Seprona que participaron en el procedimiento de articular una investigación inquisitorial y manipular la realidad.