Los ‘misioneros’ modernos, en el punto de mira

Tan pronto como se ha consumido el alivio provocado por la vuelta a casa de Albert Vilalta y Roque Pascual, la polémica se ha instalado en la sociedad. Muchas voces cuestionan el pragmatismo de acciones como la que emprendieron los cooperantes catalanes secuestrados en Mauritania por el riesgo que conlleva el denominado turismo solidario. La posibilidad de sufrir un ataque terrorista o de ser secuestrados, el alto coste que supone trasladar el material de ayuda hasta su destino, los fondos que las ONGs destinan a su propia burocracia interna o el hecho de que no se utilicen las vías oficiales de ayuda han despertado las críticas hacia este tipo de iniciativas.      

“Antes del secuestro estábamos confiados. Nos sentíamos como en casa”, señala a este diario Josep Ramón Jiménez de Barcelona Acció Solidaria. “De hecho, por esa misma carretera que pasaba el convoy llegó a pasar un secretario de Estado”. Con estas afirmaciones se defienden los organizadores de la caravana que acabó con el secuestro de tres cooperantes españoles.

La opción de la caravana humanitaria es desechada por otras organizaciones dedicadas al turismo solidario. Alain Helies, portavoz de Sodepaz, se muestra contrario a este tipo de iniciativas: “Da la sensación del hombre blanco que va a ayudar a los pobres”, cuenta a El Confidencial, al tiempo que lamenta que el material que lleven sea comprado en países del primer mundo, evitando potenciar la economía local de los países subdesarrollados.

El director general de Cooperación y Ayuda Humanitaria de la Generalitat, David Minoves, también ha realizado un llamamiento en este sentido a través de los medios de comunicación, al pedir a los ayuntamientos catalanes que no financien estas caravanas. Hay que “tratar de fortalecer las capacidades locales y promover la soberanía, no la dependencia”. Desde Barcelona Acció Solidaria afirman que estas aportaciones suponen un tercio del presupuesto de la caravana.

Incluso la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, ha pedido en una entrevista concedida al diario El País que no se organizasen más caravanas en el Sahel. "Si quieren hacer llegar ayuda, que utilicen los cauces de la cooperación española".

Por su parte, Barcelona Acció Solidaria se protege como puede del chaparrón. Además de descartar nuevas aventuras por la zona, Jiménez explica a este diario que su organización está estudiando con representantes gubernamentales el itinerario de su próxima caravana, porque el secuestro de sus compañeros no les desanima. “No hay un medio más seguro para hacer llegar el material que la caravana solidaria”, afirma. El portavoz de la ONG catalana lamenta que el material humanitario pague altos impuestos en las aduanas de los países del tercer mundo, además de sufrir los habituales problemas de robos o de que los contenedores se tiren varios meses olvidados en cualquier punto sin llegar a su destino. Para él, la entrega en mano es la mejor opción.

A pesar de ello, el secuestro de estos dos modernos misioneros laicos ha supuesto un alto precio a la administración, con el pago de ocho millones de euros, según datos facilitados a la Agencia France Presse por fuentes de los negociantes malíes. “Una absoluta casualidad que no puede provocar que se criminalicen las caravanas solidarias”, se defiende la ONG. “Se nos ha acusado también de pijiprogres, aunque se ha olvidado que entre los caravaneros hay bomberos, conductores de autobuses o de camiones de la basura o enfermeras”.