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Andalucía, en pie de guerra por el peaje a Portugal en pleno puente
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ENTRA EN VIGOR ESTE JUEVES: DE 8 A 14 EUROS POR VEHÍCULO

Andalucía, en pie de guerra por el peaje a Portugal en pleno puente

La decisión del Gobierno portugués de establecer un peaje en las autovías que unen España con el país luso ha provocado una fuerte reacción en Andalucía,

Foto: Andalucía, en pie de guerra por el peaje a Portugal en pleno puente
Andalucía, en pie de guerra por el peaje a Portugal en pleno puente

La decisión del Gobierno portugués de establecer un peaje en las autovías que unen España con el país luso ha provocado una fuerte reacción en Andalucía, hasta el punto de que el Gobierno de la Junta ha evacuado consultas a la UE por si la medida puede ser denunciada como ilegal. Griñán asegura que no se pueden establecer tasas de este tipo en vías que han sido financiadas con fondos europeos, y hasta el Defensor del Pueblo, José Chamizo, ha decidido intervenir en un asunto que ha provocado una fuerte polémica sobre todo en el sector empresarial.

El establecimiento de este telepeaje -se hará mediante tarjeta controlada por sensores- empieza este jueves, día 8, es decir, en pleno puente, aunque la primera jornada se espera funcione en clave informativa. El coste será de 8 a 14 euros, según las dos categorías establecidas por tipos de vehículos, y se podrán adquirir bonos temporales. El origen de esta medida está en la crítica situación por la que atraviesa la empresa Estradas de Portugal, que es la que controla las autovías que van a pasar a establecer peajes que afectan a las conexiones españolas con el país luso por el norte, centro y sur de la península.

Un duro golpe a la Eurorregión

La decisión portuguesa originó una primera reacción en el sector empresarial, sobre todo de la provincia onubense que, según el presidente de la Federación Onubenses de Empresarios y del Consejo Andaluz de Cámaras, Antonio Ponce ve así retroceder en dos décadas la configuración de la Eurorregión Andalucía-Algarve-Alentejo, en relación con la que se han establecido múltiples contactos y estrategias comunes en esta parte del Sur de Europa.

Paralelamente, se han llevado a cabo una serie de acciones de colectivos sociales tanto españoles como portugueses, como protestas, encierros y denuncias, tratando de concienciar al gobierno luso de los perjuicios que se van a derivar de este peaje, sobre todo en el sector turístico del Algarve, por una parte, y por otra en los transportes y otros servicios españoles que frecuentan Portugal.

Reacción contundente del Gobierno andaluz

La reacción del Gobierno andaluz en esta crisis vecinal ha sido contundente. Y a pesar de algunos componentes demagógicos del PSOE onubense, que han querido cargar ya en el debe de Rajoy la solución al caso, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán se ha dirigido al gobierno regional del Algarve para advertirle de las graves consecuencias que pueden derivarse de una medida de estas características. La misiva de Griñán, según asegura el propio presidente de la Junta, no ha tenido respuesta.

La Junta tiene previsto en este caso dar su principal batalla en Bruselas. EL Gobierno andaluz, que en la reunión del Consejo celebrada este miércoles ha analizado el caso, se ha dirigido a la UE para solicitar información sobre la posible ilegalidad de un peaje de estas características. Para Griñán, no puede ser aceptable que infraestructuras que se han construido con fondos europeos se tasen con peajes entre dos países de la Unión Europea. Y en el caso de que los informes solicitados apunten a que puede tratarse de una ilegalidad, la Junta iniciaría las acciones correspondientes ante los tribunales europeos.

La decisión del Gobierno portugués de establecer un peaje en las autovías que unen España con el país luso ha provocado una fuerte reacción en Andalucía, hasta el punto de que el Gobierno de la Junta ha evacuado consultas a la UE por si la medida puede ser denunciada como ilegal. Griñán asegura que no se pueden establecer tasas de este tipo en vías que han sido financiadas con fondos europeos, y hasta el Defensor del Pueblo, José Chamizo, ha decidido intervenir en un asunto que ha provocado una fuerte polémica sobre todo en el sector empresarial.

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