Las VTC disparan: querellas penales contra Torra y todo el Govern si aprueban el decreto

El taxi de Barcelona ha desconvocado la huelga esta madrugada y ya quedan solo cinco días para que la Generalitat apruebe el decreto anti-VTC que supondría la expulsión de Uber y Cabify de Cataluña. Un decreto que, según las VTC, supondría la pérdida de 3.500 empleos y la indemnización de unos 1.200 millones de euros solo en Cataluña para los dueños de licencias de coche de alquiler con conductor. El sector de las VTC lleva meses avisando al Govern de que está a punto de hacer algo ilegal. Y que los propios miembros del Ejecutivo lo saben. Ahora, antes de que llegue el martes que viene, ha decidido pasar a la acción enviando cartas al presidente Quim Torra y al resto de su equipo avisando de la presentación de querellas (personales y administrativas) si el documento finalmente se aprueba.

Las cartas, a las que ha tenido acceso Teknautas, las envió ayer la patronal de las VTC Unauto a Quim Torra y a nueve miembros de su equipo: Josep Maria Fortuny, subdirector general de Ordenación de Transporte y Desarrollo Sectorial; Elsa Artadi, 'consellera' de Presidencia y portavoz del Gobierno; Pere Padrosa, director general de Transportes; Lluís Lluncà, director general de Promoción Económica, Competencia y Regulación; Ferran Falcó, secretario general de Territorio y Sostenibilidad; Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad; Albert Castellanos, secretario general del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda; Isidre Gavin, secretario de Infraestructuras y Movilidad, y Pere Aragonés, vicepresidente y titular del departamento de Economía y Hacienda.

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Todas cuentan con el mismo texto, con avisos directos de las medidas legales que emprenderá el sector de las VTC. "La implantación de estas dos medidas regulatorias [la precontratación y la eliminación de la geolocalización de las 'apps'] supone la expulsión, 'de facto', de las plataformas y empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos con conductor en Cataluña. (...) Todo ello con la grave circunstancia añadida de que estas propuestas normativas se están acordando como consecuencia de la presión que está efectuando el sector del taxi".

El texto enviado a los 10 miembros del Govern continúa: "Las medidas que pretenden implantarse constituyen, con toda evidencia, una confiscación de bienes, consistente en privar a los titulares de un determinado derecho de su valor patrimonial (...) que sitúa esta iniciativa legislativa en tiempos predemocráticos y determina que quienes intervengan en tal operación incurrirán en la comisión de un delito contra los derechos individuales tipificado en el articulo 541 del Código Penal".

La carta se cierra con las amenazas de presentar querellas penales a cada uno de los miembros del Govern que han estado involucrados en la elaboración y negociación del decreto. "Si esa Generalitat legisla manifiestamente en contra de la legalidad vigente y de los intereses generales, deberán hacer frente ya no solo a los recursos que con total certeza se formalizarán frente a esas normas o sus actos aplicativos, sino a las responsabilidades penales —personales y administrativas— que se exigirán a aquellos empleados públicos y/o responsables que intervengan en el dictado de normas que sean abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico".

Con el final de la huelga de taxis en Barcelona, la aprobación del decreto es solo cuestión de días. Había casi 14.000 autónomos y asalariados del sector llamados a responder la pregunta "¿Hay que levantar el paro?", y 2.508 de los 4.707 que han participado han decidido volver al trabajo, mientras que 2.177 han optado por mantener la protesta, y se han contabilizado 19 votos en blanco y tres nulos. Se acaba así una huelga de cinco jornadas que ha sembrado el caos en Barcelona. Ahora, el taxi en Madrid se propone exigir lo mismo. De momento no ha conseguido nada de la Comunidad de Madrid.