Podemos invita al líder "radical" del taxi a una visita contra las VTC en la Eurocámara

Alberto ‘Tito’ Álvarez, el líder "radical" de las protestas del taxis, según le definen muchos de sus propios compañeros del sector y también del bando opuesto, las VTC, ha llegado hoy al Parlamento Europeo invitado por Podemos para mantener un encuentro con otros eurodiputados y anunciar que van a presentar una serie de demandas. Sopesan denunciar también a la Comisión Europea, a la que acusan de inacción.

Al encuentro estaban invitados, según han explicado, todos los eurodiputados españoles, pero solo han acudido miembros del grupo de Los Verdes, un representante de Javier Nart (Ciudadanos) y miembros del grupo de Podemos e Izquierda Unida. En el primer borrador de agenda de la visita, el líder de las protestas estaba pendiente de que la Comisión Europea aceptara una reunión entre él y la dirección general de Mercado Interior. Según fuentes comunitarias ese encuentro finalmente no fue aceptado.

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La visita ha estado coordinada por Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, que es el que ha gestionado una estrategia para intentar poner el tema encima de la mesa: un grupo de eurodiputados presentarán preguntas escritas a la Comisión Europea y planean una denuncia al Ejecutivo comunitario.

La denuncia sería porque, según ha explicado Elpidio Silva, que fue condenado por prevaricación y ahora actúa como abogado del sector del taxi, la Comisión Europea no está velando por el cumplimiento de la directiva de liberalización de servicios, en cuyo párrafo 21 de las consideraciones previas, se señala que el sector del taxi y de los transportes urbanos no puede liberalizarse.

Sin embargo la Comisión Europea se remite a una respuesta escrita dada en septiembre de 2018 por Violeta Bulc, comisaria de Transporte: no existe una legislación europea para el transporte por coche, y eso significa que es competencia nacional o local su regulación. “Esto lo que quiere decir es que se está ignorando el sentido de la directiva, y hay una corresponsabilidad de la UE”, ha señalado el abogado.

Silva acusa a la Comisión Europea de querer mandar “balones fuera” y no entrometerse en lo que ha considerado uno de los mayores fraudes en la historia reciente de España. El abogado también ha asegurado que las VTC están destruyendo las “bases de los territorios de la constitución”.

Por su parte, Álvarez ha defendido también las protestas cuando ha sido preguntado si está de acuerdo con que la huelga continúe en Madrid. “Nos han secuestrado, y ahora estamos rompiendo las cadenas”, ha señalado.

Carrusel de demandas

Silva ha anunciado una serie de demandas que se presentarán durante los próximos meses. Mañana una demanda civil por competencia desleal será presentada por unos 700 taxistas contra 5 entidades, entre las que se encuentran Uber y Cabify. A finales de febrero o principios de marzo vendrá la siguiente oleada: una “macroquerella criminal” contra una trama de personas físicas y jurídicas que será presentada en la Audiencia Nacional por blanqueo y fraude de ley. Según han explicado, esta demanda podría tener detrás a unos 10.000 taxistas.

Por último, entre abril y mayo llegará otra denuncia de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Fomento al que consideran responsable de haber permitido durante estos años los servicios de VTC. “Vamos a denunciar al Estado por daños patrimoniales al sector del taxi”, ha asegurado el abogado ante los medios.

Bruselas vigila

Durante la visita Álvarez y Silva han destacado el decreto de la Generalitat de Cataluña como un paso en la buena dirección, si bien no están del todo satisfechos con ello. Consideran un progreso que las VTC vayan a requerir una precontratación de 15 minutos y piden que esta regulación se amplíe al resto del país.

Sin embargo la Comisión Europea sigue con lupa la situación. En la respuesta escrita de Bulc, la comisaria señala que si bien las normas deben establecerse a nivel nacional, “estas deben, en cualquier caso, estar en línea con los principios de los tratados, tales como proporcionalidad y no discriminación, así como la libertad de establecimiento”.

Es decir: son los estados miembros a un nivel nacional o local los que deben establecer una regulación a estos servicios ante la ausencia de una legislación europea, pero estos deben cumplir con los límites establecidos en los tratados.

En este caso, deben cumplir con las líneas rojas que las normas europeas marcan en lo que se refiere a las restricciones a la libertad de establecimiento de servicios. Estas limitaciones deben estar justificadas por razones imperiosas relacionadas con el interés general y apropiadas para asegurar que se logre el objetivo perseguido. Además, estas medidas no podrán ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, siguiendo así el principio de proporcionalidad mencionado por Bulc.