Los 50 científicos apestados del CSIC: "Nos tratan como a negros en la América de los 50"

La doctora en Ciencias Biológicas Mercedes Arauzo es científica titular en el Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC, donde en los últimos años ha dirigido grupos de investigación y encabezado un par de proyectos para, por ejemplo, delimitar las zonas más vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura. Pese a esto, un día de 2011 se metió en el portal de RRHH de la institución y observó su verdadera catalogación profesional: "Personal de apoyo".

Jefa de equipo de investigación en el Departamento de Contaminación Ambiental a los ojos del mundo, técnica de apoyo a los ojos de su propia institución. ¡Feliz Día de la Mujer en la Ciencia!

TE PUEDE INTERESAR

En España hay "científicos de segunda", dicta el Supremo: obliga a Rajoy a la equiparación

Antonio Villarreal

Así que Arauzo, lógicamente, elevó la protesta a los responsables del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, esperando fuera subsanada. La respuesta, firmada por el secretario general adjunto de Recursos Humanos, Miguel Ángel Zapardiel, fue que todos los funcionarios pertenecientes a su escala (Investigadores titulares de Organismo Público de Investigación) eran personal de apoyo. "Únicamente pertenecen al grupo tipo de personal 'científico' las escalas de profesores de investigación, investigadores científicos y científicos titulares del CSIC".

El problema para Arauzo es que ella pertenece oficialmente al CSIC, sin embargo no está considerada como 'científica' por una kafkiana argucia burocrática y legal que afecta a otros 49 investigadores del mayor organismo público de investigación del país. Sus grandes esperanzas están depositadas en un real decreto que igualaría su situación a la de los otros 3.000 científicos del Consejo, que esperaban como agua de mayo desde el año 2014.

La Audiencia Nacional les dio la razón, el Tribunal Supremo también, el PP demoró la decisión y finalmente les acabó traicionando en los PGE del año pasado para luego perder el poder. Ahora, finalmente, parecía que era el PSOE quien iba a darles esa alegría. Sin embargo, la convocatoria de nuevas elecciones anunciada la semana pasada ha vuelto a aplastar sus esperanzas.

¿Cómo llegaron a esa situación?

Hay muchos tipos de científicos trabajando en instituciones públicas, pero todos aspiraban a obtener las condiciones del CSIC, sin duda el estándar dorado en cuanto a atribuciones y reconocimiento. Por debajo de esta clase estaban los empleados en los otros siete organismos públicos de investigación (OPI), por ejemplo el Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto de Salud Carlos III o el Instituto de Astrofísica de Canarias.

La Ley de la Ciencia aprobada en 2011 perseguía este objetivo, homogeneizar a todos los científicos que trabajaban para el Estado en una única escala científica, suprimiendo todas las anteriores. Pero había un problema: la ley contemplaba un sistema de evaluación del desempeño que no existía porque el Gobierno no lo había desarrollado. Por tanto, se congeló todo hasta el 1 de enero de 2014. A partir de entonces, los que estaban antes de 2011 y los que entraron a partir de 2014 adoptarían el mismo sistema.

Sin embargo, dado que ese real decreto que establecería la evaluación del desempeño (en castellano simple, cómo se recompensa a un científico por la tarea que realiza) nunca llegó, estos 'científicos de segunda' siguen esperando a día de hoy ser equiparados a los que procedían de las escalas propias del CSIC, anteriores a la Ley de la Ciencia. Para rizar el rizo, está el grupo de 50 científicos que ha quedado atrapado entre las ruedas de este engranaje burocrático. Forman parte del CSIC, dirigen grupos, consiguen dinero para proyectos, publican estudios... pero están considerados como cuerpos extraños: no cobran los mismos complementos y esto se traduce en que ingresan al mes menos por hacer el mismo trabajo que un compañero "pata negra", como los denominan.

¿Su pecado? Ser antiguos técnicos que accedieron a puestos científicos del CSIC mediante evaluaciones realizadas 'fuera de la casa', por ejemplo en el Ministerio de Ciencia, o bien por ser científicos trasladados a Serrano 117 desde otros organismos de investigación, pero que conservaban ese estigma original de no haber accedido mediante evaluaciones 'de la casa'.

Imaginen dos científicos con la misma antigüedad y méritos que entran al mismo tiempo en el CSIC, uno con la categoría de 'científico' y otro con la de 'apoyo', para hacer la misma labor investigadora. Al cabo del año, el primero ganaría unos 500 euros brutos más al mes, y después de unos 15 años de carrera, esta diferencia aumentaría hasta los 1.300 euros.

"Nos ganamos la hostilidad"

Este fue el caso de Luis Ventura García Fernández, científico titular en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, que pleiteó y ganó en los tribunales, demostrando que el CSIC lo estaba discriminando de forma arbitraria.

"Llevo aquí 30 años y siempre ha habido cierto desprecio hacia los investigadores de otros OPI porque consideraban que eran fundamentalmente técnicos, y en parte era así", explica a Teknautas. "Si uno accedía por promoción interna, todo bien, porque ya era tocado por la casa".

Si uno accedía por promoción interna, todo bien, porque ya era tocado por la casa

El comienzo de su calvario se remonta a la época de Aznar, cuando se diseñó para investigadores de los OPI una escala científica más similar a la que disfrutaban en el CSIC. En otros organismos esto fue algo positivo, pero quienes ya formaban parte del CSIC y decidieron ser considerados científicos acogiéndose a una escala que no era la tradicional fueron catalogados de indisciplinados. "En el CSIC éramos una serie de 200 o 300 técnicos, casi todos éramos doctores o hacíamos investigación", dice García Fernández, "nos ganamos automáticamente la hostilidad de la institución: allí fue cuando se firmó nuestra sentencia".

La gota que colmó el vaso para este investigador fue comprobar cómo aquellos científicos que ingresaron en el CSIC después de 2014, unos 300, lo hicieron con todas las garantías, mientras que jefes de grupo e investigadores con más experiencia seguían sin ver su esfuerzo reconocido.

"O sea, a uno que entra en 2018 se le aplica la normativa anterior a la Ley de la Ciencia, y a mí, que soy investigador aquí desde el año 2006, me dicen que no me corresponde", explica. "A mí en 2014 me evaluaron positivamente todos los sexenios que presenté y llevo cinco años esperando que me los paguen, mientras que otros, que entraron unos meses antes de solicitar los sexenios conmigo, llevan cinco años cobrándolos".

La gran esperanza para Luis Ventura y sus otros 49 compañeros en situación irregular estaba en el real decreto que regula las retribuciones del personal investigador, pero la convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez ha visto alejarse de nuevo este objetivo, ansiado desde hace ocho años. "Se siente uno como un náufrago en mitad del océano", reflexiona una científica en uno de estos OPI que prefiere no ser identificada. "Con el PP, el viento te llevaba a un lado, y ahora con el PSOE a otro, pero al final la orilla nunca llega".

Fuentes conocedoras de la situación explican a Teknautas que desde el gabinete que dirige Pedro Duque están trabajando para tratar de sacar el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) en alguno de los dos últimos consejos de ministros antes de las elecciones, pero se desconoce si además de esto se incluirá el ansiado real decreto.

¿Por qué no se ha resuelto aún?

Es difícil conceptualizar por qué no se ha puesto en marcha algo que no restaría privilegios ni salarios a nadie, sino que ampliaría estos derechos. Las razones, más que económicas, parecen ser sociales o culturales. Máxime cuando los afectados son solo 50 científicos de toda España.

"Es un afán de hacer daño porque, teniendo en cuenta los que somos, ya se podría haber buscado una forma de compensarnos", dice el investigador del IRNAS.

"Por ejemplo, el Instituto Astrofísico de Canarias ha creado, con el fondo de productividad que tiene, unos pseudosexenios y unos pseudoquinquenios para compensar a sus investigadores", añade. "Son más pequeños, pero por lo menos hacen algo, en el CSIC no han hecho nada".

Nos obligan a ir en el furgón de cola y nadie siente culpabilidad, ni dice 'qué barbaridad' ni se va a partir la cara por ti

Tampoco los sindicatos han dado un apoyo excesivo a estos 50 científicos. "Es como si fuéramos negros en la América de los años cincuenta, nos obligan a ir en el furgón de cola y nadie siente culpabilidad, ni dice 'qué barbaridad' ni se va a partir la cara por ti".

Aunque lo cierto es que muchos otros científicos, del CSIC y fuera de él, se pusieron de su lado. En concreto, unos 1.300 firmaron una carta de apoyo remitida a la Secretaría de Estado de Investigación.

Resultados absurdos

Según pudo descubrir en el trascurso de unas actuaciones judiciales promovidas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuando accedió a un listado de todos los científicos del CSIC que estaban recibiendo los complementos correspondientes, su compañera Lorena Gómez, jefa de grupo en el Departamento de Biogeoquímica, Ecología Vegetal y Microbiana, estaba en la misma situación. Pese a tener a 11 personas a su cargo, su situación le privó de recibir una bolsa inicial de 30.000 euros dado que accedió a otro centro, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, por oposición y en 2010 fue trasladada al CSIC.

Nunca vio un euro por sus tres sexenios, pese a tenerlos reconocidos, ni recibió el complemento de excelencia asociado que reportó a los 'científicos' del CSIC unos 7.500 euros brutos más al año. Desde su primera solicitud denegada, en 2014, 300 investigadores recién ingresados en su misma escala (científico titular de OPI) han visto reconocidos y abonados sus méritos.

En ciencia, decimos que cuando una cosa conduce a un resultado absurdo es que está mal

En el grupo tienen a un joven investigador pendiente de presentarse a una plaza. Por supuesto, desean que la consiga, pero saben que cuando lo haga tendrá derechos laborales que ellos aún no han logrado obtener después de todos estos años.

"En ciencia, decimos que cuando una cosa conduce a un resultado absurdo es que está mal", sentencia García Fernández.